“Dotación legal incompleta”: crisis en juzgados de garantía tras redestinación de jueces ordenada por la Corte

En agosto del 2019 comenzó el juicio de uno de los casos de corrupción en municipalidades más emblemáticos del último tiempo: el caso Basuras. Se trata de una investigación que surgió en 2015, donde se indagaron los contratos entre distintos municipios de Santiago y la empresa recolectora de basura KDM.

La causa sumó distintas aristas, una de ellas, la que involucraba a Cerro Navia. Esta hebra, sin embargo, ha costado llevarla a una instancia final, pues el juicio que se reanudó este año tiene previsto terminar en noviembre de este año, lo que no sólo ha sido tedioso para intervinientes e imputados, sino que también para los jueces.

Es por eso -y también por audiencias de otros casos- que el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal solicitó reforzar su dotación, pero a través del sistema de traslados, solicitando a la Corte más jueces de otro tribunal. “Atendida la dotación legal actualmente incompleta y el incremento de su carga laboral”, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Santiago, “la designación de seis jueces destinados por un periodo de ocho meses para la mencionada magistratura, con el objeto de propender a reducir de forma significativa el número de causas a la espera de juicio y mantener plazos razonables de programación de juicios en el orden de los 60 días”.

La Corte recabó los antecedentes expuesto y así también llegó la opinión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la cual consideró que no había una sobrecarga laboral y no debía atenderse completamente este requerimiento. Sin embargo, propusieron destinar tres jueces, “en su formato ordinario, es decir, sin fondos para reemplazar los cargos en el juzgado de origen; las destinaciones debiesen ser desde los juzgados de garantía para que la dotación neta en funciones durante julio en los tribunales de juicio oral en lo penal de Santiago sea positiva, de lo contrario, solo sería una redistribución de la misma capacidad”.

Con los datos sobre la mesa, el tribunal de alzada de Santiago, finalmente, tomó una decisión. El 12 de julio resolvió acoger la solicitud del Primer Tribunal Oral en lo Penal, aunque de manera parcial.

“De los antecedentes expuestos por la referida magistratura aparece que actualmente un tercio de los juicios pendientes presentan una duración estimada de 3 o más días, con un total de 203 audiencias programadas los próximos 6 meses, las que deberán ser atendidas por una dotación disminuida en 4 jueces que se encuentran abocados al conocimiento del ‘caso basura –arista municipalidad de Cerro Navia’-, cuyo desarrollo se prevé hasta aproximadamente el mes de noviembre del presente año, razones que resultan suficientes en criterio de esta Corte para requerir al máximo tribunal la destinación de jueces planteada”, partió señalando.

Enseguida, la Corte ordenó el traslado de tres jueces al tribunal solicitante, por seis meses. ¿Quiénes son los magistrados? Dos del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, y uno, del Séptimo.

La medida no convence al gremio de los magistrados. Algunos, en privado comentan que se trata de una resolución que se resume en una figura: “Desvestir un santo para vestir a otro”.

Es más, ya el 9 de junio, otra resolución de la Corte apuntó en esa dirección, pero para atender un requerimiento por “sobrecarga” del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Aunque no se accedió del todo a la petición, sí se ordenó el traslado a ese tribunal laboral, desde el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y del Séptimo.

Lo que ocurre con el Séptimo Juzgado de Garantía es algo que llama la atención entre los jueces, dado que se trata de un tribunal que tiene una importante demanda de causas.

La presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, advierte que “nos hemos opuesto constantemente a la figura de la destinación. Los tribunales hoy día están viviendo situaciones sumamente complejas. Lo vemos diariamente en lo que está pasando en los tribunales de familia y laborales, donde la dotación no es suficiente para poder absorber toda la carga laboral. También ocurre en los tribunales orales con una duración prolongada de los juicios orales”.

Sin embargo, agrega que el traslado o la destinación no es camino para hacerse cargo de ese problema. “Creemos que no es la solución, teniendo en consideración que, por ejemplo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago es el de mayor ingreso en la región. Hay tribunales en Santiago que llevan más de nueve años con jueces destinados. Acá lo que se tiene que hacer es aumentar la dotación o la creación, en el caso laboral, de un tercer tribunal”, dice.