Dura condena a Llaitul: el rol clave de Izkia Siches para desactivar aprensión ideológica del gobierno e invocar la Ley de Seguridad del Estado contra el líder mapuche

“Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

De esta manera, el 12 de mayo del 2022 el Presidente Gabriel Boric fijaba su postura sobre cómo manejar las constantes declaraciones del exlider de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, llamando a “la resistencia armada” por la decisión del Ejecutivo de decretar el estado de excepción acotado en la Macrozona Sur, hasta ahí “Wallmapu” para La Moneda.

Con esta declaración el Presidente descartaba, por entonces, presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra el líder histórico de la CAM. Sin embargo, esta decisión se mantuvo solo dos meses: el 28 de julio, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, anunciaba desde Palacio que se invocaría esta norma por las constantes incitaciones a la violencia del líder mapuche.

A casi dos años de este zigzagueante inicio de la administración del Presidente Boric, hoy el caso está en su etapa final: el martes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Llaitul a 23 años de cárcel por delitos enmarcados en la Ley de Seguridad del Estado, hurto y atentado contra la autoridad.

Para lograr esa condena, el rol del gobierno con la ampliación de la querella fue fundamental, tanto desde lo político como desde lo procesal. Y ahí Izkia Siches tuvo un papel central.

El 15 de marzo del 2022 la exministra Siches -quien estuvo a cargo de Interior hasta septiembre del 2022- protagonizó un frustrado intento del gobierno por acercarse a lo que en ese entonces llamaban “Wallmapu”.

Ese día, la extitular de Interior intentó ingresar a la comunidad Temucuicui, ubicada en La Araucanía, en una visita que no contó con los resguardos policiales necesarios, a solicitud directa de Siches. Carabineros advirtió de los riesgos, pero se omitieron por parte de la médico.

Un grupo de comuneros cortó la ruta y realizó disparos al aire, lo que obligó a la rápida retirada del lugar, donde Siches iba dentro de un vehículo, escoltada por su equipo de seguridad y efectivos de civil de Carabineros. En las cercanías, además, efectivos del GOPE ayudaron en el escape.

El golpe de realidad sobre lo que significaba el tránsito por la zona sirvió para reacomodar ideas. Y así, en mayo, el Ejecutivo decretaba el estado de excepción “acotado” en las rutas de La Araucanía y el Biobío.

Allí apareció Llaitul, llamando a la resistencia y a combatir las decisiones del Estado. A eso, además, se sumaban nuevos y periódicos atentados incendiarios.

Si bien el gobierno ya había decidido no invocar la Ley de Seguridad del Estado por razones ideológicas, Siches pujó por cambiar ese escenario. Quienes participaron de ese proceso explican que prácticamente todo el comité político del Ejecutivo se resistía al cambio de postura; sin embargo, Siches estaba por invocar la normativa cuyo origen se remonta al régimen militar. De ahí, dicen fuentes de la época, las aprensiones del gabinete.

Pero en esta historia el rol de la primera ministra del Interior fue clave. El 15 de julio decidió hacer cambios en su equipo jurídico, fichando a la abogada del CDE Luppy Aguirre. La penalista comenzó una revisión de las querellas presentadas hasta allí, detectando que en 2020 el gobierno de Piñera ya tenía una acción contra Llaitul por declaraciones que incitaban a actos de violencia.

Con esta información Siches fue donde los ministros del comité político, integrado en ese entonces, entre otros, por la vocera Camila Vallejo y Giorgio Jackson (en esa época ministro de Segpres). Los exlíderes estudiantiles mantenían su postura de evitar la querella, pues en el gobierno existía la convicción de que era muy pronto para despojarse de sus ideas.

Sin embargo, las declaraciones de Llaitul continuaban y, además, el Ministerio Público metía presión: “La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad el Estado, una denuncia o una querella por parte del gobierno”, decía el 27 de julio el exfiscal nacional Jorge Abbott.

La Moneda ya no podía esperar más y, por lo mismo, al día siguiente Siches da cuenta de haber ganado el “gallito ideológico” a sus pares ante el Presidente y concretó el anuncio. “Aquí hay una adjudicación de lo que han sido hechos constitutivos de delitos en las últimas dos semanas y en ese mismo tenor creemos necesario que el Ministerio Público investigue y esclarezca la responsabilidad de los últimos atentados incendiarios y es por eso que se piden distintas diligencias de lo que ha sido todo el transcurso de 2022″, dijo.

Son 23 los años de cárcel a los que fue condenado Héctor Llaitul, de esos, 15 los deberá cumplir por los hechos invocados por Ley de Seguridad del Estado, los cuales fueron presentados en la querella inicial del caso: en 2020, el Ministerio del Interior acusó a Llaitul de fomentar la violencia en la zona, por las declaraciones que emitió el 8 de enero de ese año, tras el juicio del comunero Daniel Canio.

Esa vez Llaitul señaló que “nosotros hacemos un llamamiento a las comunidades, a nuestro pueblo nación, a estar activo en relación a lo que es la confrontación, principalmente, en contra de las empresas forestales que estuvieron detrás de este juicio”. La condena también apuntó a los dichos que expresó el 24 de junio y el 20 de julio de 2020.

Sin embargo, en el Ministerio Público advierten que de igual forma la ampliación de la acción judicial de la administración Boric fue fundamental para tener una investigación con respaldo y fuerza pública. Esto, pues las declaraciones iniciales del Mandatario (las de “no perseguimos ideas”) entorpecían un eventual juicio, dado que la defensa del exlíder de la CAM utilizaría ese miso argumento para debilitar la posición del ente persecutor.

Además, valoraron el rol activo del querellante en este caso, pues se solicitaron diligencias y se amplió el rango investigativo, pudiendo relacionar las declaraciones de Llaitul de 2020 con otros hechos ilícitos cometidos en 2021. Es a partir de eso que nace el argumento de que lo expresado por el líder mapuche originó, al menos, la comisión de 54 atentados en la zona.

La caída de Llaitul, cuentan fuentes investigativas en la zona, pone como ejemplo que cuando se asumen causas con una mirada de Estado, donde se toman decisiones más allá de lo ideológico, existen condenas que pueden ayudar a dar señales de que en La Araucanía no puede existir impunidad.