Duro golpe para la PDI: Fiscalía pide 20 años de cárcel para exdirector por malversar más de $ 100 millones de gastos reservados

Fue un caso que mancó la salida de Héctor Espinosa de la dirección general de la PDI, en junio del 2021, pues por esos días el fiscal Eugenio Campos y el OS-7 de Carabineros ya investigaban al alto oficial por el presunto delito de malversación y lavado de activos, a través del desvío de las platas que recibía la institución por el concepto de gastos reservados.

El caso se había iniciado a fines del 2020 en completa reserva, pero un año después era insostenible que se mantuviera en secreto. Más tarde, ya con Espinosa en retiro, se le formalizó e incluso estuvo en prisión preventiva, pero hoy su situación pega aún más fuerte en el corazón de la PDI: la Fiscalía pidió que cumpliera una pena de 10 años de cárcel por malversación, cinco por el delito de lavado de activos y cinco más por falsificación de instrumento público. En total, 20 años tras las rejas.

En 1.472 páginas, el fiscal Campos relata cómo -a juicio de la Fiscalía- el exdirector de la PDI habría malversado $ 146 millones. “Entre los años 2015 a 2017, en dependencias del edificio institucional, ubicado en calle General Mackenna N° 1370 de la comuna de Santiago, el referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional, provenientes de los recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución”, parte relatando el fiscal.

El modus operandi -de acuerdo a lo expuesto por el persecutor- parecía simple. Nada muy sofisticado.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) depositaba los fondos de los gastos reservados en la cuenta corriente institucional de la PDI. Espinosa se comunicaba con la Jefatura de Finanzas para solicitar el retiro del dinero y luego el departamento de Tesorería confeccionaba un boletín de egreso, en el que se consignaba el monto requerido.

Posteriormente, se emitía un cheque que era entregado al acusado, quien le encargaba a su ayudante de la época -el subcomisario Eduardo Villablanca- el cobro mensual del cheque correspondiente a esos caudales, previa coordinación del retiro de esas sumas por parte de la jefatura de Finanzas. De esta manera, el detective y mano derecha de Espinosa concurría a retirar esas sumas a la casa matriz del Banco Estado, donde lo llevaban a la bóveda y le entregaban el dinero en efectivo.

Con el dinero en mano, Villanueva volvía al edifico de la PDI y le entregaba estas sumas de dinero a su superior, quien, según la indagatoria de la Fiscalía, distribuía una parte de las platas entre las unidades especializadas y luego “sustraía” el resto.

¿Qué se hacía con las remesas en efectivo? El fiscal Campos lo explica al tribunal: “El acusado ex director de la PDI hizo depositar una parte de éstas, en dinero en efectivo, en sus cuentas corrientes personales, tanto de Banco Estado (...), como del Banco de Chile; así como en la cuenta corriente del Banco de Chile perteneciente a su cónyuge, la acusada María Magdalena Neira Cabrera”.

Para el Ministerio Público “las sumas sustraídas (...) provienen de los caudales públicos destinados a los gastos reservados” y, por lo mismo, sobre la esposa de Espinosa también se presentaron cargos y se le solicitó al tribunal sentenciarla a una pena de 5 años y un día, solo por el delito de lavado de activos.

El 19 de junio del 2015, Héctor Espinosa asumió como director general de la PDI y seis días después hacía el primer movimiento financiero respecto de los gastos reservados.

Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, “a pocos días de haber asumido el cargo de director general de la PDI”, se giraron $ 30 millones en gastos reservados, desde la cuenta institucional de la PDI, y la mitad fue a parar “en las cuentas bancarias de él y su cónyuge, entre el 30 de junio y el 06 de julio de 2015″. El 30 de julio de ese mismo año, caerían otros $ 5 millones.

El retiro “parcelado” de estos fondos se habría repetido hasta el 2017. “De esta forma, el acusado Héctor Espinosa -a través de la cooperación en la ejecución del hecho por parte de Eduardo Villablanca- sustrajo entre 2015 y 2017 fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a Policía de Investigaciones, con el objeto de introducirlos a su patrimonio individual y de su familia, cometiendo en definitiva el delito de malversación de caudales públicos de manera reiterada en el tiempo”, expuso el fiscal Campos al tribunal.

La ruta del dinero malversado, a juicio de la Fiscalía, tenía como destino aumentar el patrimonio de Espinosa y su familia. Por lo mismo, se indagaron sus propiedades y su bienes, donde el ente persecutor advierte que con “parte del dinero proveniente de la sustracción de los fondos públicos se adquirieron los inmuebles” ubicados en calle Rosario Sur N° 505, departamento 32-A, comuna de Las Condes; y calle Hontaneda N° 735 Departamento 2102, Bodega 438, Estacionamiento 149, en Valparaíso. Campos agrega al tribunal: “Dichos inmuebles fueron adquiridos en un precio de venta de alrededor de $ 483.616.244, aproximadamente”.

El Ministerio Público también consideró como elemento de prueba la compra de un auto para su hijo, en parte, con dineros provenientes de los fondos supuestamente sustraídos.

Todos los movimientos financieros de Espinosa fueron analizados por el ente persecutor y, por lo mismo, ahora buscarán no solo acusarlo, sino que también condenarlo. Pero, antes de llegar a una sentencia condenatoria, deberán -en tribunales, a partir del 19 de enero en la preparación de juicio oral- demostrar cómo el director que creó la Unidad Anticorrupción defraudó a la institución.