Duro revés al nuevo criterio de Dorothy Pérez: en la antesala de cambios de equipos municipales y ceses de contrata, la Corte “manda mensaje” a contralora

Un juez de la República resume así lo que pasó con la más reciente resolución que emitió la Corte de Apelaciones de Santiago y que afecta directamente el trabajo de Contraloría: “Los tribunales de justicia le han dicho a la contralora Dorothy Pérez ‘a ver, a ver, a ver... usted haga su pega; no nos mande la suya”.

Y es que la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino acogió la Orden de No Innovar (ONI) presentada en el marco de un recurso de protección en contra del “famoso y polémico” dictamen E561358 del 6 de noviembre de 2024, emitido por Pérez a sólo 48 horas de haber sido ratificado por el Senado su nombramiento como contralora general de la República.

Quienes conocen la interna del organismo apuntan a que con este acto la abogada intentó entregar un “nuevo criterio” al que tuvo su antecesor, el abogado Jorge Bermúdez y con quien no mantuvo buena relación los últimos años de su periodo. “Algunos lo interpretamos como una venganza”, dice un abogado del organismo.

El dictamen, en simple, sostenía que la “confianza legítima” de los trabajadores del sector debe quedar en manos de los tribunales de justicia, y que la Contraloría debe abstenerse de pronunciarse al respecto.

La anterior administración, es decir en la era Bermúdez, se asentó que si existían prórrogas indefinidas en contratas de funcionarios públicos, que duran un año, entonces se entendía que tenían “confianza legítima” y entonces la desvinculación quedaba sin efecto. Esto, incluso antes de que el trabajador fuera a tribunales. Pero el nuevo criterio de Pérez dejaba todo en manos de los tribunales de justicia con el propósito de sacar dicho trámite del organismo.

Con todo, no han sido días fáciles para el ente fiscalizador emplazado en calle Teatinos, a un costado del Palacio de La Moneda. Y es que a la manifestaciones que han persistido en las afueras de Contraloría que incluyó un paro levantado por dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ahora se sumó “este mensaje” que llegó desde el propio Palacio de Tribunales, ubicado a sólo unas cuadras del edificio donde trabaja la contralora Pérez.

Al interior del Poder Judicial, sostiene algunas fuentes que estaban enteradas de la resolución de la Novena Sala, el que se haya acogido la ONI y ordenado al ente fiscalizador a seguir respondiendo los reclamos de funcionarios públicos -hasta que se revise el fondo del recurso de protección-, es considerado un golpe y llamado de atención para la “era Pérez”.

“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, se lee en la resolución del tribunal de alzada.

Todo comenzó cuando la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una protección por dos funcionarios del municipio de la comuna de La Cruz.

“Vengo en interponer recurso de protección según lo permite el artículo 20 de la Constitución Política de la República en virtud del actuar ilegal y arbitrario de la Contraloría General de la República, representada legalmente por el Contralor General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, en virtud del nuevo criterio sostenido en el dictamen E561358 del 6 de noviembre de 2024, por privar, perturbar o amenazar los derechos constitucionales de mis representados”, se lee en el recurso.

Y es que en el Palacio de Tribunales se cree que “lloverán” más recursos como este, sobre todo teniendo en cuenta que este 6 de diciembre asumen nuevos alcaldes y habrá despido de funcionarios, como -asimismo- términos de contrata en la administración pública.

De aquí a un mes más podría verse el fondo del asunto. Por lo pronto la Corte le dio 10 días a Pérez y su equipo para evacuar un informe y responder al recurso.