Educación de calidad: tan cerca y tan lejos

Esta semana se cumple una década desde la instalación del último consenso transversal alcanzado en materia educacional, obtenido tras la “revolución pingüina”: el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC). Han pasado 10 años desde que promulgamos la creación de un mecanismo que venía a modernizar el marco regulatorio y a transparentar el uso de los recursos educacionales -con la Superintendencia-, el cual además posibilitaría una mejor evaluación y orientación, asegurándose de que todos los establecimientos cumplieran con estándares mínimos -con la Agencia de Calidad-. Dicho esto, y considerando el camino recorrido, cabe preguntarse: ¿hemos tenido éxito?

Hoy, teniendo en mano los resultados de distintas evaluaciones nacionales (SIMCE) e internacionales (PISA 2018, TIMSS 2019, ICILS 2018 e ICCS 2016), vemos que hemos mantenido prácticamente estables los resultados desde la creación del SAC. No hemos logrado despegar de aquel sistema de calidad media-baja, el cual está marcado por una desigualdad en la forma en la que las oportunidades de aprendizaje se desarrollan según el nivel socioeconómico de los alumnos -lo que se ha agudizado aún más con la pandemia-.

Además, tras la derogación de la LOCE y la búsqueda de esta institucionalidad moderna, vinieron varios sucesos que no han permitido fertilizar el terreno. Ejemplo de estos son los movimientos estudiantiles y paros prolongados que han interrumpido el funcionamiento del sistema escolar; el desvío de la atención a la gratuidad en la educación superior; además de reformas administrativas de gran magnitud -como la LIE y la NEP-. Si bien ha habido avances, pocos han mejorado la calidad dentro de las aulas, y, cuando la han hecho, no se ha partido desde los niveles iniciales.

Considerando lo expuesto, hay algunas lecciones. Primero, hay que retomar la disminución de la carga burocrática que impide que los diversos proyectos educativos se enfoquen en los aprendizajes y las realidades dentro de las aulas. Segundo, debemos avanzar hacia un Estado que otorgue oportunidades reales de elección a las familias, aumentando la oferta de establecimientos públicos de calidad en todos los barrios. Y tercero, hay que integrar en una sola legislación, una evaluación objetiva de la efectividad del SAC y su ecosistema, que permita que las buenas intenciones vayan más allá de los ya repetidos relatos. Hay un aprendizaje para todo el sistema político: considerar una evaluación objetiva de las políticas públicas dentro de sus propios marcos normativos es un requisito mínimo al que toda legislación debiera someterse.

Ante una pandemia que ha golpeado fuertemente el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes, tras la imposibilidad de ir a clases presenciales (Engzell, Frey & Verhagen, 2021), urge modernizar el sistema para que responda a las nuevas necesidades de las comunidades, para que exista sinergia entre las distintas políticas educacionales. Así podremos dar pasos hacia mejores resultados en calidad y equidad, para que en un próximo aniversario, sí podamos celebrar que efectivamente se ha asegurado un mejor presente y futuro a todos los niños, niñas y jóvenes de Chile.