“Un paciente oncológico, diagnosticado, que no ha sido atendido, provoca varios efectos negativos: deterioro en la calidad de vida, empeoramiento del pronóstico de la enfermedad y, además, un problema de carácter social-familiar importante, una sensación de desprotección respecto del sistema de salud al cual está adscrito”, sentencia Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, al analizar la situación de más de 4 mil pacientes con cáncer que han visto retrasada su garantía de atención durante la pandemia.

Según los últimos datos reportados desde el Ministerio de Salud al Congreso, al 30 de septiembre de este año un total de 78.329 pacientes con patologías Auge/GES registraban incumplimientos de los plazos legales establecidos para la resolución de su problema de salud. De ese total, 4.404 personas corresponden a pacientes oncológicos.

En el caso de los pacientes de la lista No Auge/ Ges, que no tiene plazos máximo de atención, los días promedio de espera para quienes requieren una consulta de especialidad llegaron a 486 días, es decir, pasaron de un plazo de 11 meses, promedio, en marzo a casi 16 meses en septiembre. Mientras, las esperas para intervenciones quirúrgicas llegaron a 494 días, promedio.

La cifra de incumplimientos, según el reporte, la lidera el cáncer colorectal, con casi mil pacientes a la espera de tratamiento luego que se venciera la garantía de oportunidad GES. En cuarto lugar, en tanto, está el cáncer de mama, una de las principales causas de muertes en mujeres, donde además el diagnóstico de dicha patología ha sufrido un desplome considerable.

Cuando alguno de los tratamientos incluidos en las 85 enfermedades aseguradas en el Auge/Ges no se realiza en el plazo dispuesto por ley, “el paciente o un tercero que lo represente deberá reclamar al Fonasa o Isapre según corresponda, dentro de los 30 (treinta) días de vencido el plazo correspondiente. La institución de salud tiene un plazo de dos días para designar un segundo prestador. Este nuevo prestador tendrá un plazo de diez días corridos para atenderlo”, consigna la Superintendencia de Salud. Un trámite que, en los pacientes con un estado de salud deteriorado, se dificulta.

El exministro Jorge Jiménez, presidente de la Fundación Foro Nacional del Cáncer, advierte que si bien el cáncer no es la única patología retrasada -“hipertensos, diabéticos y otras enfermedades crónicas también se han visto afectadas”, pero señala que "es la que reviste mayor peligrosidad si no se recibe tratamiento oportuno. “Dentro de las patologías el cáncer es de las más graves porque deja daños irrecuperables o mortales: metástasis, sangramientos crónicos”, detalla a La Tercera PM.

En ese sentido, y en paralelo a las atenciones que se han visto retrasadas, Jiménez ya trabaja en una proyección sobre los nuevos pacientes que no figuran en la lista por falta de diagnóstico. “Va a haber un tsunami de casos retrasados que va a impactar fuertemente en los centros de tratamiento. El retraso que nosotros hemos calculado por los datos que vienen de los centros de atención era del orden del 60% a un 70%. Si en un año normal llegan 100 casos a tratamiento, están llegando 35 pacientes″, adelanta.

Para Héctor Sánchez, la situación reviste de tal gravedad sanitaria que aconseja a las autoridades sanitarias a que “el sistema de salud tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para atender a las personas en lista de espera, priorizando a aquellos cuyo desenlace natural puede ser la muerte. El Estado debe atender a la brevedad posible a los pacientes que reúnan esas condiciones. ¿Dónde? En el sistema público, en el sistema privado, donde sea, de manera tal que no hayan barreras de acceso según origen del prestador”.

De hecho, según las proyecciones de Fonasa, 1 millón 200 mil personas este año no han activado su garantía Auge, pues debido a la pandemia, no han sido diagnosticados. Desde el seguro público, ante esta situación, señalan que “la pandemia ha postergado el otorgamiento de prestaciones de salud que han privilegiado las acciones de los pacientes Covid así como una notoria falta de concurrencia a los recintos hospitalarios de las personas por un legítimo temor al contagio”.

En esa línea, destacan que en mayo “se constituyó el Comité GPO (Gestión Paciente Oncológico), que en conjunto con el Departamento de Manejo integral del Cáncer y otros Tumores del Minsal, hemos instalado un sistema de derivación a distintos prestadores, ya sean públicos o privados”.

Según las cifras manejadas por Fonasa, “esto permite que, al día de hoy, solo un 5% del total de Garantías retrasadas GES sean por situaciones de Cáncer. De ellas, el 66% (2.743) corresponden a garantías de diagnóstico y el 30% (1.259) a garantías de tratamientos oncológicos”.

En el estudio “Impacto de la pandemia en los servicios ambulatorios vinculados al cáncer”, hecho en conjunto por I-Med y la Escuela de Salud Pública (ESP) de la Universidad de Chile, se concluyó que en el período de marzo-agosto dejaron de realizarse 127.800 mamografías, es decir, 60,5% menos que en 2019. Así, por ejemplo, de las 9 mil mamografías semanales que se realizaban hasta antes de marzo, durante el mes de la llegada del Covid-19 a Chile, esa cifra disminuyó a 1.500.

El estudio analizó el número de bonos ambulatorios emitidos por I-Med durante los meses entre enero y agosto de 2018 hasta 2020. La investigadora de la U. de Chile, Alejandra Fuentes, advierte que “es altamente preocupante, puesto que indica que igual número de mujeres no han hecho su control periódico que permite detectar el cáncer en un estado temprano y, por tanto, prevenirlo y tratar a tiempo”.