Efecto pandemia: migración en Chile cae durante 2020, pero se duplican los ingresos por pasos no habilitados

Son principalmente ciudadanos venezolanos, pero también haitianos, peruanos, colombianos y bolivianos. Así se compone, a grandes rasgos, el flujo migratorio de Chile, si se analiza el período 2010 a 2020. Y esa es una de las conclusiones del “Anuario 2020″ del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que en esta edición analizó los efectos de las regulaciones migratorias estatales en la población migrante y, en contexto de pandemia, las vulnerabilidades que se pueden haber intensificado a partir de la crisis sanitaria y las restricciones vigentes.

Así, y teniendo en cuenta el cierre de fronteras decretado a fines de marzo de 2020, la variación de ingresos migratorios a Chile cayó un 70% el año pasado respecto de 2019, lo que representa la mayor caída del período analizado en el estudio (2016-2020). Sin embargo, y según explica la directora de la entidad, Waleska Ureta, “las crisis sociopolíticas y humanitarias del continente, sumadas a la pandemia, han dado paso a una migración más precaria”. En ese escenario, los ingresos por pasos no habilitados se duplicaron durante 2020.

Si en 2019 se registraron 8.048 de estos casos, la cifra de migrantes detectados en esa condición creció a 16.848 el año pasado, ya sea por flagrancia, fiscalizaciones o autodenuncia en comisarías. Con estos números, Ureta asevera que “en pandemia no es que las personas hayan dejado de migrar, sino que la forma de hacerlo cambió a una más vulnerable: cruzando el desierto, caminando, una forma mucho más riesgosa para las personas”.

En mayor proporción, y atendiendo a la crisis humanitaria y política del país, son los venezolanos quienes lideraron durante 2020 las entradas por pasos no habilitados (12.935), seguidos por ciudadanos haitianos (1.089). “Los primeros pasaron de nueve registros en 2017 a un total de 12.935 en 2020, lo que implica un aumento del 143.622% en tres años (...). Los segundos pasaron de 12 registros en 2017 a 1.089 en 2020, lo que trae un aumento de un 8.975%”, detalla el informe.

Sin embargo, y según se analiza en el documento, con las medidas administrativas del gobierno y las expulsiones, la población haitiana en Chile registró en 2019, por primera vez, un saldo migratorio negativo -es decir, más salidas que entradas- cifrado en 2.963 habitantes menos. Y en 2020 ocurrió lo mismo con la colectividad venezolana, registrando una caída de 4.200 casos. En los números, entre 2018 y 2020 se emitieron 18.725 órdenes de expulsión, y en cuanto a nacionalidades, comienza a tener preponderancia la venezolana, constituyendo el 43% de estas en 2020.

Este es un aspecto que preocupa, señala Ureta. “La autoridad ya ha anunciado expulsiones en el contexto del Plan Colchane, ya ha habido en el verano, y lo han dicho públicamente: tienen pensada la expulsión de 3.800 a cuatro mil personas y hay 15 vuelos comerciales para ello”.

El profesor de la Escuela de Gobierno UC y experto en migración, Miguel Yaksic, precisa que “la evidencia en el mundo muestra que las políticas restrictivas que no comprenden la migración integralmente y que no la abordan regionalmente como un fenómeno que tiene que ser asumido junto a otros países terminan por producir efectos no deseados. Los cierres de fronteras bajan los números generales, pero son caldo de cultivo para ingresos ilícitos y trata de personas”.

Asimismo, añade que “las personas que migran a Chile lo hacen forzadamente, no hay libertad en su decisión de migrar, muchas de ellas son personas refugiadas. Y no tienen libertad para decidir: no son migrantes económicos y laborales, no tienen tiempo y posibilidades para obtener una visa. Su intención no es burlar la ley ni cometer un delito, su intención es salvar o mejorar la vida”.

En ese contexto, también se ha reducido de manera brusca la condición de refugiados de quienes entran al país. Así, mientras en 2019 se dieron 16.933 ingresos a Chile de personas que señalaban en la frontera intención de solicitar refugio, esta cifra bajó a 10 en todo 2020. “En 2020 aumentaron las solicitudes formalizadas ante el Estado de Chile en relación a 2019, llegando a 1.629, pero solamente se reconocieron siete personas como refugiadas: el número más bajo desde 2010. Finalmente, se rechazaron más de dos mil solicitudes de refugio en 2020″, añade el reporte.

Ureta señala que la intención de arraigo en el país se ha elevado: existe un 36% más de solicitudes para residencias definitivas que en 2019. ¿La razón? La directora del SJM explica que “tiene que ver en los últimos años con lo que Chile representa: un país estable, que tiene posibilidades laborales”. Y aquello se ve reflejado: para 2020, el porcentaje de afiliados extranjeros al Sistema de Administración de Fondo de Pensión (AFP) llegó al 9,6%.

Sin embargo, la situación contrasta con la cantidad de visados definitivos entregados en los últimos dos años. “Entre 2018 y 2020 se ha entregado casi la mitad de visas temporales (46%) y permanencias definitivas (45%) concedidas desde 2010. Ello se explica por el proceso de regularización extraordinaria de 2018, siendo ese año donde más permisos entregó Extranjería, bajando en 2019 y luego nuevamente en 2020″, se lee en el documento.

Durante este año el reporte también señala un fuerte aumento en la detención a personas migrantes por parte de Carabineros, pasando de 23.066 en 2019 a 62.390 en todo 2020. De estas personas, un 63% fueron aprehendidas por infringir normas sanitarias en el contexto de pandemia. “Ello puede deberse a la necesidad generalizada de salir a trabajar en contextos de desprotección”, se explica.

El abogado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, aborda que “definitivamente la pandemia ha afectado a la población migrante multidimensionalmente. Pero hay algunas particularidades que tienen que ver con el área laboral de los extranjeros que ya se encuentran en el país: en el área formal fueron de los primeros en ser desvinculados con la crisis sanitaria. Y con esto, la informalidad laboral campea. Ni siquiera pueden contar con la cédula vigente ni con el permiso para desplazarse, porque la irregularidad migratoria va de la mano con la informalidad laboral”.