Licenciado en Derecho, pero sin jurar como abogado: ¿Quién es el asesor que revisó los polémicos decretos por la casa de Allende?

La tarde del 25 de noviembre del año pasado, a las 18:40, llegó un correo electrónico a un alto funcionario de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Este provenía del Ministerio de Bienes Nacionales y contenía los tres borradores de los decretos que autorizaban la compra de las vivienda de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin.

Esa tarde los documentos fueron recibidos por José Miguel Ledesma, quien -según señaló en su declaración ante la Fiscalía la jefa de la mencionada unidad, Francisca Moya- derivó los documentos a uno de los funcionarios para que los revisara. La documentación, tal y como informó Moya, fue visada por un asesor que es licenciado en Derecho, pero no abogado, lo que encendió nuevamente los reproches en torno al ya bochornoso proceso de compraventa.

Estos detalles fueron entregados por Moya -cercana al Mandatario- el pasado 20 de enero en dependencias de la Fiscalía Nacional, una vez que comenzó la investigación por presuntos delitos en la fallida compra de la casa del expresidente Allende, dado que la entonces ministra de Defensa Maya Fernández y la senadora Isabel Allende son propietarias de la misma, y constitucionalmente estarían impedidas de celebrar contratos con el Fisco.

Ante el fiscal Eduardo Yáñez y los efectivos de la PDI, Moya comenzó explicando cómo funciona la división que encabeza, la que se denomina como Jurídica Legislativa y que se “divide” en dos secciones, una de ellas, encargada de revisar los actos que posteriormente deben ser firmados por el Presidente Gabriel Boric.

Ese equipo, detalló la abogada y excompañera de universidad del Mandatario, está integrado por nueve funcionarios. “Todos son abogados, menos Lucas Vera y Javiera Rodríguez, quienes aún no han jurado ante la Corte Suprema”, informó la jefa de la división antes de volver a mencionar el nombre de Vera más adelante.

Moya detalló que el día que llegaron los decretos fueron derivados por Ledesma a uno de los abogados del equipo, Vicente Bustos, quien no pudo revisar los documentos debido a que en ese momento tenía una alta carga laboral, por lo que fueron redestinados, ahora a Vera.

“El abogado Lucas Vera revisó los 3 decretos ese mismo día, dejándolos para firma. Al día siguiente, José Miguel (Ledesma) y yo armamos un paquete con otros documentos para la sesión de firma del Presidente”, especificó Moya.

Lucas Vera Celis (26), nombre completo del funcionario mencionado por la jefa jurídica, corresponde a un egresado de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez el 2022, pero quien aún no ha juramentado ante la Corte Suprema. Según su perfil de LinkedIn, es licenciado en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Público y lleva siete meses trabajando en la Segpres, donde ingresó en septiembre del año pasado con una renta de $1.971.014, con contrato a honorarios.

Según el portal de Transparencia de la Segpres, Vera tiene como funciones el “ser parte del equipo de Potestad Reglamentaria, apoyando la revisión de actos administrativos que llevan firma del Presidente, como decretos de nombramiento, reglamentos y otros decretos supremos. Apoyar a los abogados sectorialistas y elaborar los informes solicitados en recursos de protección contra el Presidente de la República. Elaborar minutas e informes jurídicos solicitados por la jefa de la División”.

Antes de ingresar a la Segpres, Vera fue pasante por seis meses en la Corte Suprema, así como también otros dos meses en la Contraloría. En su etapa universitaria fue ayudante de los ramos de Derecho Administrativo y Constitucional y además durante casi cuatro años ha colaborado con la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD Chile), donde desarrolla -junto a otros integrantes- informes sobre la jurisprudencia en esa materia.

Conocedores del funcionamiento de la Segpres afirman que es común que funcionarios de dicha división aún no juramenten ante la Suprema. Pese a eso, Máximo Pávez, exsubsecretario de la Segpres, afirma que “es realmente sorprendente la falta de prolijidad en la división jurídica de la Segpres. Algo que no habíamos visto y que termina deteriorando la institución presidencial. Se aprecia de manera muy clara el deterioro en materia de rigurosidad técnica de una división que debe ser quien blinde al Presidente de la República y a todo el gobierno. ¿Qué control está llevando adelante la jefatura de la División?”.

La jefa de la División Jurídica declaró que el cambio de abogado de Vicente Bustos a Lucas Vera “se debe a que, desde el Ministerio de Bienes Nacionales, entiendo que Macarena Diez (jefa jurídica), se comunicó con José Miguel Ledesma para solicitar la premura de la firma de estos decretos”. Además de agregar que “en el decreto no se registra ningún tipo de visación nuestra”.

A lo largo de su declaración, Moya exculpa de responsabilidad al equipo de la Segpres de presuntas irregularidades en el proceso. “El decreto es completamente legal, como fue ratificado por la Contraloría General de la República. Ni mi equipo ni yo fuimos responsables o parte de las personas que estuvieron a cargo de planificar el diseño y materializar esta tarea”.

“También me gustaría aclarar que el decreto supremo no constituye un contrato, no es un acto bilateral ni suscrito por particulares. Lo que hace es autorizar la adquisición de un inmueble por sus específicas cualidades, es decir, no implica la compraventa del inmueble, el decreto no adolece de vicios de constitucionalidad ni legalidad”, agregó la abogada, quien también afirmó que “no recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de firma”.