Ejército en crisis: La estrategia judicial para enfrentar la investigación de misiones al extranjero

Una serie de consultas a relevantes abogados a la plaza han realizado en estas últimas semanas la plana mayor del Ejército con un objetivo claro: elaborar una estrategia judicial que permita precisar las responsabilidades en las irregularidades en el uso de pasajes al extranjero entre los años 2009 a 2015. Ello frente al temor del procesamiento masivo de oficiales castrenses en la causa por fraude al fisco que sigue la ministra Romy Rutherford y que está radicada en el justicia militar.

En este caso fue sometido a proceso el General John Griffiths por fraude al fisco, por lo que debió renunciar como jefe del Estado Mayor General y ayer declaró como inculpado el general de División Werther Araya Menghini.

Los nombres de este elenco asesor se guardan bajo siete llaves, pero fuentes consultadas por La Tercera PM aseguran que entre quienes han entregado consejos profesionales están abogados que colaboran de forma habitual con Defensa, quienes además ha sido contactado para iniciar el análisis de una modificación en el reglamento de ley de justicia militar.

Pero además, desde el ministerio de Interior se ha estado monitoreando el asunto, dada la gravedad que éste tiene para la conformación del Alto Mando 2019.

Entre los consultados hay coincidencia en la necesidad de que el Ejército elabore un informe en derecho que le permita sostener la tesis de que no hay dolo involucrado entre quienes fueron usuarios de los tickets asignados por el Ejército y que establezca dónde sí radicaría la ilegalidad.

Según la auditoría denominada "Investigación Especial, Sección Pasajes y Fletes del Ejército", que se habría hecho llegar ya a Rutherford y otras investigaciones internas, se estaría frente a un mecanismo elaborado por quienes estuvieron a cargo de los convenios con las agencias indagadas que habrían ideado un plan para obtener de forma anómala parte de la comisión que se obtenía por las transacciones para viajar. En el caso de Griffiths, por ejemplo, existe una devolución formal por US $29 mil dólares, pero de ellos sólo US $26 mil llegaron a la cuenta del General. Qué pasó con el dinero restante es parte de lo que se busca esclarecer.

El planteamiento busca que se determiné -ya en la Corte Marcial, porque Rutherford no ha adherido a esta visión- que la costumbre de los oficiales de contactarse con las agencias de viajes, luego de que ya se les habían facturado tickets por los montos más altos del mercado, para cambiarlos por pasajes más baratos y con el remanente realizar escalas, sumar pasajeros o solicitar reembolsos, constituye un error similar al de los sobresueldos en el gobierno de Ricardo Lagos. "Hay gente que inventó una fórmula e instrumentalizaron a los oficiales y suboficiales para quedarse con comisiones", detalla una fuente que ha estado en conocimiento del tema.

Desde Defensa, sin embargo, recalcan que en ningún caso desde esta cartera se ha propiciado política alguna para intentar evitar el procesamiento masivo de militares y lo que sí se ha buscado es facilitar la entrega de datos a la justicia para lo cual incluso hubo una reunión -registrada en el sitio de lobby de la cartera- de Espina con la ministra Rutherford.

Otras fuentes del sector aseguran que se está aplicando la "Ley de Tolerancia Cero", que implica que cualquiera que sea sometido a proceso debe dejar la institución, y que el subsecretario Juan Francisco Galli está trabajando personalmente en la elaboración de un nuevo reglamento para regular los viajes en todas las ramas de las Fuerzas Armadas.