El ABC del Caso Mateluna: Su detención, el juicio y una condena ratificada por la Suprema

La mañana del lunes 17 de junio de 2013, tres personas ingresaron a un Banco Santander en el sector industrial de Enea en la comuna de Pudahuel. Minutos más tarde, personal de Carabineros lograría la detención de los sospechosos, entre ellos el exfrentista Jorge Mateluna Rojas. Tras un cuestionado juicio por parte de su defensa, el imputado fue condenado a 16 de años de cárcel.

El caso tuvo un extenso ir y venir. En 2018 volvió a estar en la palestra por un recurso de revisión en la Corte Suprema y hoy, casi cinco años después, nuevamente está en entredicho, a partir del indulto que le concedió el Presidente Gabriel Boric. Pero, ¿cuál es el camino judicial de esta investigación?

La condena contra Mateluna se remonta al 31 de octubre de 2014, cuando el Tribunal Oral de Santiago dictó condena en contra de Alejandro Astorga Valdés, exmiembro de Túpac Amaru de Perú; René Sanhueza Molina, quien estaba vinculado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y Jorge Mateluna, quien también había formado parte de esa organización. Según antecedentes del caso, el día del atraco los tres imputados obligaron a los clientes del banco a tirarse al suelo, mientras robaban las cajas de dinero. Al lugar ingresó un carabinero de civil, quien fue reducido por los delincuentes.

Estos mismos antecedentes dieron cuenta que tras el robo, los acusados huyeron del lugar, encontrándose con otros policías de civil, iniciándose así una persecución que incluyó una balacera en Américo Vespucio. Carabineros logró la detención de todos los sospechosos, en un operativo que también permitió la recuperación de una granada y un fusil de guerra, armas que fueron utilizadas en el atraco.

No era la primera vez que el exfrentista enfrentaba a la justicia. El 9 de noviembre de 1992 había sido detenido, siendo condenado a cadena perpetua por formación y pertenencia a grupos armados de combate, al formar parte del FPMR. También se le imputaron los delitos de asociación ilícita terrorista, una serie de atentados, un robo con homicidio y dos robos con intimidación. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Mateluna se acogió a la Ley de Indulto para exsubversivos, con lo cual en 2004 se le concedió el beneficio y recuperó la libertad tras estar 12 años en la cárcel. Esto, a cambio de renunciar al uso de la violencia.

Tras salir de la cárcel, Mateluna comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la Región Metropolitana, como encargado del programa “Creando Chile en mi Barrio”. Ello, hasta que se vio implicado en el asalto al banco Santander, cuyo juicio se extendió por un año y dos meses. Durante todo ese proceso, la defensa del exfrentista sostuvo que su detención se había dado mientras se dirigía a la Municipalidad de Pudahuel para hablar con el encargado de cultura de la comuna, momento en que se encontró con una patrulla de Carabineros, quienes lo detuvieron.

Desde el entorno de Mateluna sostienen que hubo una serie errores en el juicio. Uno de ellos, según su defensa, fue que un funcionario de Carabineros lo involucró directamente en el caso a pesar de que durante una ronda de reconocimiento de los imputados, uno de los testigos sindicó a otro sujeto como el autor del robo.

Junto con eso, la defensa del condenado también acusó que existían otras pruebas que no coincidían con las presentadas por el Ministerio Público, como la estatura del ladrón que fue captado en las cámaras de seguridad y los tiempos de traslado desde ese lugar hasta donde finalmente fue detenido.

A partir de aquello, el exfrentista fue apoyado por la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, contando como parte de su defensa al ahora exdecano de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Davor Harasic. El abogado presentó una ampliación de la querella en contra de los carabineros que llevaron la investigación por supuestas irregularidades detectadas en el juicio del 2014.

En ese contexto, la Fiscalía Centro Norte formalizó al mayor Juan Muñoz Gaete por el delito de falsificación de instrumento público, luego de que el fiscal lo acusara de adulterar el acta e informe policial. Sin embargo, el 9 de marzo de 2019, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago solicitó el cierre de la investigación y decidió no perseverar, ya que no había antecedentes para fundar una acusación en contra de Muñoz.

Pero antes, la Corte Suprema tenía algo que decir. El 27 de diciembre de 2018, el máximo tribunal confirmó la condena contra Jorge Mateluna al desestimar el recurso de revisión que ese mismo año ingresó la defensa del exfrentista y con el cual buscaba anular la condena en su contra.

En el texto se aseguraba que “al contrario de lo señalado en la declaración de juicio oral, los querellados no participan en ninguna persecución, nunca estuvieron detrás del vehículo que huía de la policía, tampoco fueron víctimas de disparos dirigidos a la radiopatrulla, nunca se encontraron en situación de ver a un sujeto que se bajaba de la camioneta que supuestamente perseguían”.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema rechazó el recurso, argumentando que “el documento nuevo esgrimido (un informe de la PDI), debe bastarse a sí mismo para acreditar la inocencia del condenado, lo que implica, obviamente, idoneidad probatoria para conducir a ese resultado procesal”. En ese sentido, agregaron que los antecedentes expuestos en la acción judicial ya habían sido conocidos en el juicio oral, por ende, no eran medios nuevos en la causa, pues “cosa juzgada”.

Con esta sentencia, las pretensiones de la defensa de Mateluna para obtener una sentencia absolutoria quedaban prácticamente en cero, hasta que intervino la expresidenta Bachelet, a fines de su gobierno, en 2018.

La Mandataria quiso otorgarle nuevamente el beneficio del indulto, pero su ministro de Justicia, Jaime Campos, no estuvo de acuerdo. En una entrevista con el diario El Mercurio, Campos aseguró que “desde La Moneda, no del Ministerio de Justicia, me hicieron llegar un proyecto de decreto de indulto, en virtud del cual se indultaba al señor Mateluna acogiendo su petición y sosteniendo que el señor Mateluna era inocente. Pues bien, ante esa solicitud de la Presidencia yo respondí que ese decreto no lo podía firmar por dos razones: en primer lugar, porque la causal que se otorgaba era inconstitucional”.

Esta valoración, ahora, no la tuvo la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien, según explicaron desde la defensa de Mateluna, fue quien recibió la propuesta formal para el indulto al exfrentista por parte de quienes integraron su defensa.