El alza arancelaria del 12,3% que tiene a los estudiantes de la U. de Chile en pie de guerra con la universidad

Fue a fines de noviembre cuando el rumor comenzó a correr fuerte entre los estudiantes de la Universidad de Chile: a contar de 2023, la casa de estudios decretaría un alza arancelaria del 12,3% para todas sus carreras.

La preocupación de inmediato escaló hasta la mesa directiva del Congreso FECh, la instancia que desde mediados de octubre intenta refundar a la federación de estudiantes de la Casa de Bello y que como tal tiene cierta representación de los alumnos, quienes ya han protagonizado manifestaciones por el reajuste arancelario.

Como la semana del 5 de diciembre, cuando hubo una concentración de estudiantes y trabajadores (que se sumaron por la idea de la universidad de reajustar solo un 6% los salarios) afuera de casa central y de la que participaron el propio Congreso FECh, el Consejo de Presidencias y senadores estudiantiles. Hubo otra también en Torre 15, el edificio administrativo de la institución.

La medida nace luego de una resolución que tomó el 29 de noviembre el Consejo Universitario, el que está compuesto por decanos de facultades, representantes de organizaciones gremiales internas, un representante de la Presidencia de la República y, entre otros, la propia rectora Rosa Devés. En esa instancia los estudiantes no tienen incidencia directa.

“La actualización arancelaria, que es parte del Presupuesto de la Universidad de Chile correspondiente a 2023, incorpora para su cálculo factores tales como el alza del IPC, el Reajuste del Aporte Institucional y los niveles de morosidad, entre otros”, señalan desde la propia casa de estudios.

El reajuste, de hecho, derivó en el “Frente de Estudiantes contra las alzas”, el que en conjunto con la instancia refundadora de la FECh ha difundido su malestar. “Entramos en estado de alerta y denunciamos que, nuevamente son las familias quienes costean los efectos de la crisis económica. Ya lo vimos durante 2020 y 2021 (…) hoy es el turno de las comunidades educativas, las cuales sufren el alza arancelaria más alta de los últimos seis años”.

“Tristemente, este no es un suceso aislado, sino que se trata de una muestra más del abandono sistemático por parte del Estado a sus instituciones formativas”, sigue el escrito (en línea con lo que ya habían reclamado los rectores de las universidades estatales hace un tiempo). Y añade: “Solicitamos a la rectora Rosa Devés reabrir la discusión de esta materia y, para ello, convocar a todos los sectores afectados a fin de tomar una decisión responsable, fundada en principios democráticos y que atienda a las diversas realidades que alberga nuestra casa de estudios. Exigimos al gobierno y, en particular, al Ministerio de Educación, hacerse cargo de esta problemática a través de un plan de emergencia que dote de fondos públicos a las universidades e Institutos estatales para enfrentar la inminente recesión del 2023″.

Esta actualización arancelaria, señalan desde la U. de Chile, implica a los estudiantes que pertenecen al decil 10 o que no cuenten con clasificación socioeconómica ante el Ministerio de Educación, quienes, según cálculos de la propia universidad, “corresponden al 24,9% de la matrícula total”. Ahí se verían afectados, acorde a los estudiantes, algunos de quienes estudian con CAE, Fondo Solidario u otros mecanismos que cubren solo una parte del arancel.

Por su parte, agregan desde la Casa de Bello, los estudiantes ubicados entre el decil 1 y 9, es decir, el 75% de los alumnos, acceden por ley a un arancel ajustado según su nivel socioeconómico. El cálculo de ese arancel ajustado está determinado por el Mineduc para cada carrera, implicando para el estudiante sin gratuidad un costo efectivo inferior al arancel real fijado para 2023, rebaja considerada en el artículo 35º transitorio de la Ley 21.091.

“La Universidad de Chile está buscando soluciones consensuadas para que ningún estudiante se vea imposibilitado de continuar con sus estudios”, cierran desde la universidad.

Con todo, los estudiantes han declarado que a raíz de todo esto, se debe dar un “primer paso hacia un compromiso con la elaboración de un nuevo sistema de financiamiento para instituciones de Educación Superior”.