El amargo voto del PC en la Cámara para dar oxígeno a las isapres

Al inicio de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes ningún diputado comunista figuraba como inscrito para hablar en la sala frente al proyecto de reajuste del sector público.

A pesar de que este reajuste -que venía avalado con un acuerdo con los empleados fiscales, donde algunos comunistas, como el dirigente de la ANEF, Carlos Insunza, jugaron un papel protagónico- era una materia importante para el PC, el silencio, al menos inicial, daba cuenta de una sensación amarga que había en ese comité.

En vista de que el alza salarial del sector público, que incluye aguinaldo y bonos, debe estar resuelto antes de Navidad, La Moneda -en una jugada sorpresiva y desesperada- decidió incluir, en un capítulo de normas misceláneas (que no tienen ninguna relación directa con ese reajuste), un artículo que ayudaba mitigar el delicado momento financiero de las isapres, producto de una seguidilla de fallos de la Corte Suprema que obligan a reducir cobros a los afiliados. En este punto, el Ejecutivo proponía adelantar el alza del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), una suerte de IPC del rubro.

Para los comunistas y varios legisladores de izquierda, al mezclar ambos temas el gobierno terminó contaminando una buena noticia en el plano laboral.

El silencio del PC se rompió, sin embargo, pasado el mediodía de este martes, cuando el diputado Boris Barrera, en representación de su bancada, ratificó que respaldarían la controversial norma luego de que ayer el gobierno, a través de un protocolo de acuerdo, adquiriera un conjunto de compromisos para reformar el sistema de Salud.

En su intervención, Barrera (PC), integrante de la Comisión de Hacienda, valoró el reajuste y los beneficios para los empleados fiscales; sin embargo, agregó que “no puedo dejar de señalar lo sucedido con la presentación del artículo que adelanta el indicador de salud”. Luego de ello, explicó las razones de su voto a favor. “Nos hacemos cargo de un problema porque nuestra primera preocupación son los usuarios del sistema de isapres, quienes serán los más perjudicados. Dejamos fuera el populismo y nos hacemos cargo del problema”, dijo.

Afuera de la sala, la diputada Karol Cariola (PC), integrante de la Comisión de Salud, también reiteró que apoyaría la norma que da oxígeno a las isapres, básicamente para no perjudicar a los afiliados. “La situación es extremadamente grave. Si se aplicara el fallo en este momento, al menos tres de ellas (isapres) estarían cayendo en insolvencia. Caer en insolvencia significa concretamente que los afiliados entran en un corralito. No pueden salir de la captura de esa isapre y tienen que pagar todas las prestaciones. Nadie está defendiendo a las isapres”, explicó.

La decisión de los comunistas no fue fácil. El fin de semana sostuvieron reuniones entre ellos para fijar una postura. Incluso, hasta el lunes en la tarde varios estaban por rechazar la propuesta para las isapres.

Por su parte, para aglutinar un piso suficiente de apoyos entre sus filas, especialmente entre diputados de izquierda, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, había sostenido una seguidilla de conversaciones que se extendieron hasta el lunes en la tarde, tratando de consensuar este protocolo de acuerdo, en el que el gobierno adquiría ciertos compromisos.

De parte del PC, los negociadores fueron Cariola y Barrera, además de la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), presidenta de la Comisión de Salud, que integra el mismo comité con los comunistas.

El documento, al final, se presentó cerca de las 17 horas. Este acuerdo, sumado a algunas indicaciones patrocinadas por el Ejecutivo, dio resultado. El polémico artículo sobre las isapres fue aprobado en forma casi unánime, desde el PC al Partido Republicano, en una ronda de votaciones en la Comisión de Hacienda, lo que auguraba un pronóstico favorable para la sesión de la sala del martes.

La ministra fue la encargada de leer el protocolo de acuerdo en la sesión del lunes, donde el gobierno se comprometía a aprobar, a más tardar en abril de 2024, la llamada Ley Corta de Isapres. A esta iniciativa, que está en manos de la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo le pondría discusión inmediata.

También se adquirió el compromiso de “avanzar en el diseño hacia una reforma de la seguridad social en salud”, que se desarrollará con el apoyo de una comisión técnica, incluyendo representantes de instituciones, expertos, asociaciones de usuarios, universidades, prestadoras públicas y privadas y exautoridades. Dentro de las medidas, se presentarían modificaciones para eliminar las preexistencias y la declaración de salud. Además, respecto de Fonasa se fortalecerá su función de recaudación, gestión y distribución de recursos.

Adicionalmente, La Moneda mejorará el Subsidio de Incapacidad Laboral.

Como parte de este protocolo, el gobierno también patrocinó un conjunto de indicaciones de diputados, entre ellas una que prorratea entre afiliados los costos asociados a menores de 2 años que no están cubiertos por las garantías de salud y también la postergación del reajuste del ICSA de junio de 2025 a septiembre de ese año.

La crisis de la isapres, que Aguilera ha definido como una “espada de Damocles” que pende sobre la cabeza del gobierno, se originó tras una seguidilla de fallos de la Corte Suprema, que obligan a devolver excedentes a los afiliados y reducir cobros por primas de Garantías Explícitas de Salud (GES).

En respuesta, La Moneda definió un plan con tres patas legislativas. Primero, comenzar a trabajar una reforma a largo plazo para el sistema de salud. Luego, se presentaron indicaciones de un proyecto apodado “Ley Corta de Isapres”, que se está discutiendo en la Comisión de Salud del Senado, que busca adecuar cobros de las isapres en vista del fallo relacionado con la devolución de excedentes y dar una solución más estable a la reducción de cobros por primas GES.

No obstante, la negativa de la Suprema a postergar la reducción de estos cobros obligó a las isapres a aplicar estos ajustes en diciembre, por lo que algunas aseguradoras quedaron al borde de la quiebra.

La consecuencia de ello es que La Moneda debió poner en marcha un plan de emergencia, una tercera alternativa legislativa -a través de la ley de reajuste que se tramita en la Cámara- para adelantar el nuevo Indicador de Costos de Salud, que permitiría a las prestadoras a prorratear entre sus afiliados un alza de cobros.