El cronograma de transición mandata al Congreso a tramitar al menos 30 leyes para implementar la eventual nueva Constitución

“Disposiciones transitorias”. Así se llama el último capítulo de la propuesta de nueva Constitución que acaba de despachar el Consejo Constitucional. Este acápite es un elemento indispensable de cualquier Carta Magna. Se trata de normas que no son permanentes y que, tal como lo dice su nombre, tienen un carácter transitorio.

En general, este tipo de normas regula los escenarios en el corto, mediano y largo plazo en que seguirá aplicándose toda la legislación que estaba vigente antes de la promulgación de la nueva Carta Fundamental. Junto con eso, establece las reglas y los tiempos con los cuales se aplicarán los nuevos artículos que pasarán a formar parte del nuevo orden constitucional.

En total el texto que se plebiscitará en diciembre tiene 62 disposiciones transitorias. Cada una de ellas abarca diversas temáticas como, por ejemplo, las que establecen mandatos al Congreso para tramitar nuevas leyes, en plazos establecidos, y así hacer realidad las innovaciones constitucionales que trae el texto redactado por los consejeros.

Estos mandatos surgen de lo que establecen algunas normas permanentes, pero también de los plazos especificados en las disposiciones transitorias. La propuesta de nueva Constitución incluye la dictación o actualización de al menos 30 leyes para implementar la eventual nueva Carta Fundamental.

El cronograma parte con un tema controversial. En los primeros seis meses desde entrada en vigencia de la nueva Constitución, es decir cerca de junio, el Presidente Gabriel Boric deberá enviar al Congreso un proyecto de ley para regular las excepciones establecidas en la norma permanente que establece la exención al pago de contribuciones.

Esto bajo el marco del artículo que establece que nadie pagará este impuesto territorial, salvo las excepciones que fije la ley, las cuales solo podrán “fundarse, en forma conjunta, en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia”.

El peso de todo el trabajo de la transición constitucional recaerá en el Presidente Boric y la Segpres, ya que todas las leyes deberán ser ingresadas por parte del Ejecutivo, el que deberá asumir la carga legislativa que obliga el nuevo texto constitucional.

Que estas leyes se tramiten y promulguen cuando corresponda será responsabilidad de La Moneda y del Congreso. La tarea no es menor considerando la alta fragmentación que aún existirá en el Poder Legislativo y lo complejo que se ha vuelto aprobar nuevas leyes debido a la ausencia de mayorías claras en la Cámara y el Senado.

El costo de no hacerlo es transformar en letra muerta las normas constitucionales que requieren de una ley para que se hagan realidad. Ejemplos de esto hay varios en la historia constitucional chilena. Los abogados suelen comentar el clásico caso de los tribunales administrativos que la Constitución de 1925 mandató a crear. Para eso se necesitaba de una ley, que nunca existió, y por lo tanto dichos tribunales solo fueron letra muerta.

El peso más grande está dentro de los 12 meses siguientes a la promulgación de la nueva Carta Fundamental, es decir, todo el año 2024. Aquí existe un total de 15 leyes que deben legislarse para crear nuevos órganos o para adaptar las instituciones que ya existen a las nuevas reglas fijadas por la Constitución.

En el plazo de 18 meses, es decir, hasta mediados del año 2025, las disposiciones transitorias ordenan la tramitación o actualización de cuatro nuevas leyes. Aquí destaca como tema principal la aprobación, en una comisión bicameral del Congreso, del redistritaje que realizará el Servel para achicar la Cámara y dejarla con 138 escaños.

Dos años después, la Constitución mandata la tramitación de cinco nuevas leyes. En este listado lo que más destaca es la actualización de la normativa vigente a lo establecido en el nuevo capítulo sobre medioambiente.

En el plazo de 36 meses se deberá tramitar el proyecto de ley que determine “la forma y el procedimiento para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por tribunales internacionales”. Luego, siguiendo el cronograma fijado por las disposiciones transitorias, 48 meses después se deberá tramitar el proyecto de ley que establece un plan de salud universal. Esta es la mayor innovación realizada en el marco de la regulación del derecho a la salud.

El calendario continúa. En los primeros 60 meses el texto propone que se hagan tres leyes más. Este es el caso para la normativa que “regula la reclamación que se interponga sobre la conducta ética de los miembros de colegios profesionales”, la “ley para establecer los casos y el procedimiento para la revocación de la nacionalización concedida por gracia” y la norma que creará la nueva Policía Fronteriza.

El cronograma finaliza con al menos ocho normativas que no tienen plazo definido, pero que deberán actualizarse. Esto también será resuelto legislativamente por el Congreso.