El asesinato que desató los pedidos de intervención de las FF.AA. y el uso de armas no letales en Perú

A sangre fría y sin previo aviso. Así fue el asesinato de Luis Manrique Pizarro, sereno peruano que recibió el impacto de una bala en su cabeza el viernes pasado, tras abalanzarse hacia un hombre que intentaba realizar un robo en el distrito limeño de Surco. El agente municipal de 56 años se mantuvo internado por 48 horas en la Clínica Maison de Santé antes de fallecer el domingo, producto de las mortales heridas.

Su muerte desató durante esta semana el debate en Perú sobre el equipamiento del que esta fuerza de apoyo posee, así como de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de Lima. Discusión enmarcada en la búsqueda desesperada del supuesto autor, un hombre de nacionalidad venezolana acusado de otros asesinatos a policías por el que el Ministerio del Interior y la municipalidad de Surco ahora incluso ofrece una recompensa que alcanza el equivalente a unos 27 millones de pesos chilenos.

El aumento de hasta el 50% en las cifras de sicariato registradas al comparar los dos primeros meses de 2022 y 2023, sumado a lo ocurrido al sereno, llevaron al alcalde de Lima, la capital peruana, a enviar un oficio al ministro de Defensa para solicitar la presencia de militares que acompañen a los patrulleros.

La secuencia de video liberada por la Policía Nacional del Perú (PNP) es esclarecedora. En ella se ve a una pareja de serenos, trabajadores municipales peruanos que dan apoyo en la prevención de delitos y en la advertencia a la policía uniformada de hechos sospechosos, deteniendo su vehículo al percatarse de un robo en Surco, distrito de Lima.

Manrique Pizarro, quien iba de copiloto, se baja corriendo para lanzarse sobre el delincuente, equipado con nada más que sus manos. El hombre al que quería detener se encontraba estacionado en una moto, vestido de negro completo y con un casco del mismo color, quien sin previo aviso saca un arma de fuego y le dispara en la cabeza.

El compañero, consternado y evidentemente preocupado por su propia seguridad y la de su colega, debió esperar escondido tras el auto luego de escuchar los disparos. Una segunda patrulla de serenos se aproximaba, por lo que corrió agachado mientras el atacante se subía a la motocicleta para huir con paradero, hasta ahora, desconocido.

El principal sospechoso, apuntado como el supuesto culpable por colegas y testigos, sería Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias “Maldito Cris”. El ciudadano venezolano sería parte de la banda “Los llaneros sangre fría”, y su lista de crímenes y delitos excede el asesinato del sereno, reportan medios locales. Según Infobae, sus últimas acciones han sido realizadas en solitario, al margen del grupo.

Son tres las órdenes de captura pendientes contra “Maldito Cris”, detalló el coronel de la PNP, Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios. A la actual orden por la muerte del sereno Manrique, se suma su responsabilidad por el asesinato de Jhonnatan Luis Puga Macedo, suboficial de la Policía Nacional del Perú muerto tras recibir un tiro en la cabeza en septiembre de 2022. Cinco meses antes, en abril del mismo año, habría asaltado y disparado -sin lograr asesinar- al suboficial Wilfredo Huerto Obando, a quien hirió de bala para luego robarle la motocicleta en la que se transportaba, recordaron medios locales.

Ese mismo mes, previo a su sangriento tour delictual, había sido detenido y puesto en libertad -inexplicablemente, asegura la prensa peruana- pese a las evidencias con las que fue encontrado: había robado 16 teléfonos celulares a comensales de un restaurante, arrebatando, además, el arma de trabajo del vigilante del lugar, detalló Infobae.

Augusto Álvarez Rodrich, periodista y columnista peruano, afirmó a La Tercera que “se está produciendo en el Perú un deterioro acelerado de la seguridad ciudadana como consecuencia de varios factores de los últimos años, como el crimen organizado, el narcotráfico y los flujos migratorios, tal como ocurre en casi toda la región”.

Para el también economista, la situación se agravó por “dos factores adicionales ocurridos durante la mediocre presidencia de Pedro Castillo: la desaceleración económica que ha elevado el desempleo y la pobreza; y la degradación de la policía por haberla usado como espacio para enjuagar los hechos de corrupción durante su administración, con siete ministros del Interior en solo 17 meses”.

Según el coronel Revoredo, durante el fin de semana se realizaron operativos en los que se obtuvo información de la persona indicada como la culpable del último asesinato a un sereno. “Ya tenemos la información, ya tenemos la línea de acción y el perfil criminal de este ciudadano. Ya sabes, te tenemos ubicado en San Martín de Porres, en el hecho criminal de Los Olivos y el de esta vez. Una vez más la Policía Nacional va con todo, donde vayas, ahora tendrás que responder a la justicia”, declaró a El Comercio.

Actualmente, su cabeza tiene un precio. El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece 80.000 soles por información que permita dar con su paradero, mientras que la municipalidad de Surco desembolsará otros 50.000, lo que en total equivale a un poco más de 27 millones de pesos chilenos.

La reciente muerte de Luis Manrique Pizarro inició un debate que, al menos en el corto plazo, estará presente en la opinión pública de Perú. Fue el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien envió un oficio al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, solicitando el uso del Ejército para que acompañen a los patrulleros capitalinos. Según el edil, su petición surge por el incremento de la delincuencia, e incluso citó al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su declarada “guerra” contra las bandas, en una muestra de cómo su política policial ha permeado por el continente.

“Creo que el tema de inseguridad, ahora, ya es estructural. Tenemos que coordinar ya con el Ministerio de Defensa para tener militares en las calles, porque el tema está desmadrado. Se está saliendo de control, creo que tenemos que pasar a una fase dos, como se ha hecho en otros países como El Salvador, donde Bukele sacó al Ejército”, aseguró el alcalde en el oficio.

Previamente, Rafael López Aliaga ya había deslizado su interés por aplicar medidas del mandatario salvadoreño, recordó Infobae. “El plan Bukele ha hecho un milagro en El Salvador. Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar”, dijo en aquel entonces.

Según Álvarez Rodrich, este no es el camino que se debería seguir. “Utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia es una pésima idea producto del crecimiento de la preocupación ciudadana por la inseguridad en auge, y de la búsqueda de un populismo en materia de seguridad, propio de políticos sin ideas que quieren disfrazarse de Bukele para ganar la popularidad y prestigio de lo cual carecen”, dijo a este medio.

“Las Fuerzas Armadas peruanas no están preparadas para luchar contra la delincuencia. Lo que se debe hacer es repotenciar a la policía, en coordinación con los serenos municipales. El otro escenario sería reconvertir el serenazgo en una policía municipal, pero creo que lo más prudente, eficiente y veloz, es repotenciar a la policía”, cerró.

El debate se ha visto permeado por datos que demuestran un aumento de hasta el 50% en los casos de sicariato registrados en Perú, confirman datos de la PNP. La cifra se obtuvo al comparar los dos primeros meses de 2022 con los del 2023. Hasta mediados de febrero de este año, hubo 44 denuncias por sicariato, lo que contrasta con las 23 reportadas en el mismo período del año anterior.

“Es verdad que se ha incrementado los casos respecto al año pasado, pero la Policía Nacional del Perú viene haciendo un trabajo articulado con la finalidad de neutralizar (estos casos)”, dijo Víctor Revoredo a Latina Noticias.

Según el jefe de la División de Homicidios, los asesinos cobrarían entre mil a cinco mil soles por crimen (entre los 210.000 y 1.000.000 de pesos chilenos), mientras que, en casos puntuales como El Callao, la tarifa varía incluso por el número de impactos de bala. “Mil soles por orificio de bala. Y si son bandas vinculadas al narcotráfico son mil dólares”, dijo al mismo medio.

Otra de las propuestas surgidas en el debate es el de entregar armas no letales a los serenos. Carlos Bruce, el alcalde de Surco, afirmó que la muerte del sereno en el lugar que dirige debía ser un punto de quiebre para la Presidenta Dina Boluarte, pero no hay consenso claro al respecto. Su par limeño, dijo estar a favor del uso de armas no letales, pero no de armas de fuego tradicionales.

César Bazán, abogado y especialista en seguridad ciudadana, comentó al programa Ampliación de Noticias que efectivamente “hay una situación en el país, de miedo generalizado amplio por las condiciones de seguridad en las que vivimos, eso es claro. Ocho de cada diez personas tienen miedo de ser víctima de la delincuencia”. Sin embargo, aseguró que “las respuestas para la inseguridad van por el camino de la prevención, de organizar, generar registros, fortalecer a las instituciones”.