El caso Hermosilla no pasa agosto: lavado de activos y cohecho a un funcionario del SII, las pistas que llevarán a la Fiscalía a pedir prisión para el “poderoso” abogado

Fue un audio que remeció al mundo judicial, empresarial y político. Lo develó Ciper el 13 de noviembre del año pasado, pero a esa altura ya estaba en manos de varios abogados de la plaza, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del propio Ministerio Público. Había llegado por Whatsapp, de un número extranjero, de UK. La develación se expandió rápidamente por todo “Sanhattan” y el resto del país.

De inmediato, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, ordenó abrir de oficio una investigación en contra del abogado Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Esta última, una -hasta entonces- desconocida, el primero exasesor del Gobierno de Sebastián Piñera y un penalista que por años fue considerado un “hombre poderoso” por el nivel de contactos que poseía.

Han pasado casi nueve meses de aquella publicación y el Ministerio Público decidió tramitar en estricta reserva el caso que lanzó sus esquirlas a dos importantes reparticiones del Estado. Esto, porque en el mencionado audio se hablaba del presunto pago de coimas a funcionarios de la CMF y también del Servicio de Impuestos Internos (SII). Cada cierto tiempo distintas autoridades y ciudadanos se preguntan ¿Qué pasa con Luis Hermosilla?. De hecho muy temprano en la mañana la diputada del PC Lorena Pizarro instaló la pregunta en su cuenta de “X” (ex twitter): “¿Y Hermosilla?.

La respuesta a la parlamentaria comunista llegó dos horas después, cuando el abogado arribaba a la Fiscalía Oriente. Había sido citado la semana pasada y junto a su abogado, su hermano y también penalista Juan Pablo Hermosilla, decidieron renunciar a su derecho a guardar silencio. Y es que, quienes conocen detalles de la indagatoria, el profesional no tendría otra alternativa en el marco de las pruebas que tiene la fiscalía para imputarle.

Cuando la Fiscalía invoca la Ley de lavados de activos (como es el caso), ningún interviniente tiene copia del expediente. Esto, le permite avanzar al Ministerio Público sin alertar de sus pesquisas a los imputados. Puede mantener en secreto las diligencias por seis meses, y prorrogables por otros seis meses más, pero con la venia de un tribunal. Es por ese motivo que poco se ha sabido de lo que han hecho los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana estos meses.

Quienes conocen del caso, en que está querellado el CDE, además de parlamentarios PS, comentan que ya existen tres convicciones para los investigadores. La primera es que a diferencia de otros casos, sólo se adjuntarán al expediente judicial aquellos chats incautados a Hermosilla que digan relación con hechos constitutivos de delitos. Para ello el fiscal Sepúlveda fue el encargado de revisar todas las conversaciones que podrían tener interés investigativo, tal y como surgió en el caso del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, quien cayó por las conversaciones que había en dicho móvil. Ahí se relataba la violación de secreto de causas penales en que el policía entregaba información y documentos de casos que involucraban a clientes de Hermosilla.

En el ambiente judicial hay preocupación y también interés de qué hay en el celular del abogado, hoy imputado. Esto ya que -según ha publicado el mismo medio Ciper- existirían pruebas en esas conversaciones privadas de “ayudas” que habría otorgado el penalista a jueces para ascender en la carrera judicial. Esto, en el marco de la influencia que poseía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en que asesoraba al Ministerio del Interior, en ese entonces conducido por su estrecho amigo Andrés Chadwick.

Sin ir más lejos, la Comisión de Ética de la Corte Suprema fue invocada por el presidente Ricardo Blanco a propósito de dichos reportajes. Un presunto pantallazo que envió el fiscal de Aysén, Carlos Palma, a Hermosilla dando cuenta de un supuesto ofrecimiento inadecuado -de un doctorado y un puesto en la Fiscalía Centro Norte- por parte de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Ángela Vivanco y chats con el ministro Jean Pierre Matus, aparecidos en ese medio, sustentan las diligencias de una inédita instancia instalada en el seno del máximo tribunal.

¿En qué otros cargos pudo intervenir Hermosilla? es una de las grandes interrogantes. Quienes saben del contenido indican que, si bien el abogado se presentaba como un emisario de Chadwick ante fiscales y jueces, muchas veces dichos “apoyos” que otorgó fue a más de un candidato. “Era bueno para bluffear sus apoyos”, comenta un cercano al penalista.

De hecho, los intentos por influir en nombramientos judiciales en la época de Piñera, según constata un reportaje de La Tercera, hicieron que el ministro de Justicia de ese entonces, Hernán Larraín (UDI), manifestara su molestia en La Moneda.

Hermosilla no pasa agosto. Repiten fuentes que conocen de los avances de la investigación penal, en alusión -metafóricamente- al dicho chileno. Y es que una vez finalicen los interrogatorios, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, estaría lista para solicitar formalización en contra de Hermosilla y también de la abogada Leonarda Villalobos, quien grabó el audio que finalmente los sentará a ambos en el banquillo de los acusados.

Los delitos que se imputarán al profesional serían de lavado de activos y cohecho. El primero de ellos tiene que ver con una serie de maniobras de cobros por asesorías y rentas que están en la mira del Ministerio Público.

En segundo lugar, están las pistas que siguen los investigadores de un eventual sobrepago de su oficina, donde estaba instalado su buffette en Alonso de Córdova, por $17 millones mensuales. En la actualidad dicho inmueble cuesta $9 millones. Interrogante que deberá despejar la Fiscalía hoy, si es que el imputado quiere colaborar y así aminorar la pena que arriesga.

Otra situación que está bajo sospecha, tiene que ver con los cientos de millones que mantenía factorizados con sus clientes de Factop STF.

Todas las imputaciones se desarrollarían en una audiencia que será solicitada este mes, de agosto.

Asimismo, se imputará el delito de cohecho. Esto en base a un contacto que tenía Villalobos en el SII y que le entregaba información a cambio de dinero. No de las sumas que habla Hermosilla en el audio, pero sí se cumpliría con lo que exige el tipo penal para imputar soborno.

Un equipo especial del SII está instalado en las dependencias de Los Militares 5550 donde queda la Fiscalía Oriente. Trabajan con total hermetismo, porque una de las pesquisas aún pendientes para los investigadores es establecer si existe en la estructura de esa repartición, hoy liderada por Javier Etcheberry, funcionarios con mayor poder involucrados en la trama.

Con ambos ilícitos la Fiscalía Oriente estaría en condiciones de solicitar la prisión preventiva del emblemático abogado de causas penales, que llegó a lo más alto de las asesorías gubernamentales y que hoy se debate entre la libertad y la prisión.

En medio de las diligencias desarrolladas durante este martes, además, el fiscal Felipe Sepúlveda le tomó declaración al ministro Jean Pierre Matus, quien compareció en calidad de testigo.

Su concurrencia se da luego de que reportajes publicados por Ciper lo vincularan con el citado penalista. Sin embargo, el propio magistrado ha insistido en más de una ocasión que no mantuvo conversaciones irregulares.

Tras conocerse que determinó entregar su testimonio, Matus aseguró: “Concurrí a declarar, voluntariamente, en calidad de testigo, ante el fiscal Felipe Sepúlveda. Los detalles de la declaración testimonial pertenecen a un expediente te reservado a cuyo contenido no es es posible referirse”.