¿El celular de Hermosilla ya no es tema?: esto hizo el abogado que había pedido que la Fiscalía no revisara sus chats con el penalista

Fue el primer recurso de protección que se presentó ante la justicia por el contenido del celular de Luis Hermosilla. Este último, en el marco de la investigación penal que se abrió luego que Ciper develara una grabación de una reunión en que el penalista hablaba de supuestos pagos de coimas al SII y la CMF, había entregado su aparato móvil en el marco del allanamiento a su oficina.

De ahí en más el contenido de sus conversaciones de WhatsApp ha sido todo un tema en los pasillos de tribunales. Más allá de sus contactos judiciales, chats hallados en el móvil determinaron la caída del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, quien -según se indaga- reveló al profesional y exasesor de gobierno detalles de investigaciones secretas.

Mario Vargas Cociña buscaba entonces ante la Corte de Apelaciones de Santiago que se ordenara no entregar a intervinientes como el CDE -o cualquier tercero- el contenido total de los chats del imputado Hermosilla. Reconociendo que él tenía intercambios con el penalista, planteó que el que ajenos accedieran a ellos resultaba “altamente peligroso para todos vernos expuestos al escarnio público sin razonabilidad alguna”. Ahí, además, aseguró que sus chats con su colega iban “desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta las situaciones de algunos clientes que defendimos de forma conjunta”.

De hecho, en el pasado Vargas y Hermosilla integraron la defensa del cura John O’Reilly, condenado por abuso sexual de menores. El primero, además, ha patrocinado la defensa del exjefe de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal, a carabineros acusados de violaciones a los derechos humanos y al exdiputado UDI Gustavo Hasbún, entre otros.

Para el Ministerio Público se convirtió entonces en un verdadero desafío “ganar” la batalla en tribunales respecto a este tema. Y fue así como el propio jefe Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, pidió alegar el caso en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí, el viernes 28 de junio recibieron la primera buena noticia: en fallo dividido el tribunal de alzada capitalino rechazaba la acción presentada por Vargas. Y durante las últimas horas vino el triunfo final -así interpretado- por la Fiscalía: el abogado no apeló a la Corte Suprema, por lo que no habrá un pronunciamiento sobre sus chats por parte del máximo tribunal.

Todo esto además se da en un escenario de alta tensión en el Poder Judicial. Sin ir más lejos, Ciper aseguró que en el celular de Hermosilla también había un pantallazo de una conversación entre la pareja de la ministra Ángela Vivanco -Gonzalo Migueles- y el excandidato a fiscal nacional y titular de la Fiscalía Regional de Aysén, Carlos Palma. Ahí, según se reveló por el medio, se le ofrecía al persecutor un doctorado y un preciado cargo en el Ministerio Público a cambio, presumiblemente, de apoyar a otro aspirante a la Fiscalía Nacional. Entonces, no pocos plantean que podría haber aun más cosas que incomoden a judiciales en el incautado móvil.

El abogado Gonzalo Rodríguez Herbach, quien tenía el patrocinio del caso cedido por Vargas, explicó a La Tercera, que decidieron no ir a la Corte Suprema porque, pese a perder, quedaron conformes con lo que plantea el fallo de la Séptima Sala de la Corte de Santiago y también lo planteado por el propio Eugenio Campos en los alegatos representando al Ministerio Público.

“Creemos que la sentencia de la ilustrísima corte recoge varios de los argumentos de fondo que planteamos y reconoce que hay una suerte de actuar excesivo por parte de la Fiscalía en el vaciado completo de los chats del señor Hermosilla y convida al Ministerio Público a la prudencia”. De hecho, asegura, “el propio Campos en su intervención, que es recogida por el tribunal de alzada, sostienen que la vía para reclamar el buen uso de esta información no es la protección, sino ante el juzgado de garantía”.

A eso se suma, dice Rodríguez, “el voto de minoría, que le recuerda a la Fiscalía que la orden para incautar está acotada a los delitos de cohecho y soborno y no se puede extender más allá del margen de la orden judicial, y pues bien se cumple el objetivo de un pronunciamiento respecto a que terceros como el CDE, que estaba pidiendo todo el contenido del móvil, tendrán que acceder solo a aquello que sea delito establecido por la investigación”.

En la sentencia de primera instancia reconocen, incluso desde el propio Ministerio Público, que se entregaron claros lineamientos de cuál es el límite de las conversaciones que debieran estar en el expediente del caso Hermosilla y no la transcripción de más de 770 mil conversaciones que contiene el celular.

El considerando noveno plantea que “es cierto que la orden dada por el aludido tribunal de garantía dice relación con el delito que se está investigando por el MP -cohecho- y que la transcripción, que alcanzó la enorme cantidad de 770.000 páginas, ha debido hacerse respecto de aquellos mensajes que tienen que ver con la investigación, de modo que si en tales conversaciones están aquellas del recurrente, pues estas no deben ni pueden ser objeto de divulgación, salvo que, obviamente, se relacionen con el hecho investigado”.