El conflicto entre salmoneras y Greenpeace por solicitud de datos sobre cultivos que zanjará tribunales
Tras ganar un recurso en el Consejo de la Transparencia, que obliga a las acuícolas a entregar datos sobre siembra, cosecha, mortalidades y alimentación de salmones en el fiordo Comau, en la Región de Los Lagos, éstas han solicitado anular la decisión en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, acusándola de "ilegal".
¿Cómo medir el impacto ambiental de las salmoneras en un fiordo si no existen los datos para estudiarlo? Bajo esta interrogante, Estefanía González, la coordinadora del área de océanos de Greenpeace, solicitó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) información detallada sobre el cultivo del salmón de las distintas acuícolas que operan en el fiordo de Comau, en la Región de Los Lagos, aquejado desde abril por una extraña marea café, que está poniendo en peligro una biodiversidad única en el mundo.
La pregunta parece incomodar a las salmoneras, pues se han rehusado a entregar los datos que han sido solicitados por las organizaciones. Primero, fue Sernapesca quien negó el requerimiento, argumentando que esta información podría afectar los derechos de libre competencia de las seis acuícolas que ahí operan. El 22 de diciembre, un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) impugnó esta decisión, recalcando que “es de interés público” obligando al organismo a facilitar los informes requeridos.
Pero el 6 de enero, un ingresó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt una arremetida de dos de las seis firmas involucradas (Salmones Caleta Bay S.p.A., y Productos del Mar Ventisqueros S.A.), quienes a través de un “reclamo de legalidad” buscan impedir que Greenpeace acceda a la documentación. La palabra final, entonces, quedó en manos de tribunales.
“Fundamentamos este reclamo, en la circunstancia que el Consejo para la Transparencia ha desconocido la concurrencia y configuración de la causal de secreto y reserva contenida en el número 2 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia y en la ilegalidad que incurre la decisión recurrida al ignorar que la información que es objeto del presente reclamo no tiene el carácter de pública, conforme los límites fijados por la Constitución Política de la República a la normativa sobre publicidad de información de privados que obra en poder de la administración”, dice el recurso presentado por Ventisqueros.
Sin datos para estudiar
En efecto, la información que solicita Greenpeace tiene que ver con detalles en la cantidad de siembra y cosecha de salmones; mortalidades totales (expresados en cantidades y peso), y cantidades totales para el conjunto de los centros que corresponden al fiordo de Comau, desde el año 2000 hasta 2021.
“Es imposible establecer si las salmoneras han dañado o no la biosfera del fiordo sin tener esta información. Ellos niegan su responsabilidad, dicen que cumplen con todas las normativas, pero eso no lo sabemos porque actualmente no están estos datos”, dice Estefanía González, la dirigenta que está solicitando la información.
El interés por conocer estos detalles surgió luego de que el año pasado una gran marea color café se apostara en las aguas del fiordo Comau, ubicado casi al comienzo de la Carretera Austral.
Ahí, una gigante floración de algas nocivas (alga del plancton Heterosigma akashiwo) apareció y, aunque hay factores como el cambio climático que podrían tener incidencia, algunos expertos piensan que las actividades relacionadas a la salmonicultura también tienen responsabilidad, según sospechan las organizaciones. Esto porque esas algas se alimentan de la materia orgánica descargada en el mar por parte de las operaciones de salmonicultura, con fecas y alimento no consumido por los peces, que dan vida a estas algas tóxicas que luego absorben el oxígeno, generando zonas muertas donde no prolifera la vida y que además dan paso a la muerte masiva -por asfixia- de salmones y posiblemente de otras especies que no se conocen.
La comunidad local está preocupada, pero también las salmoneras, que hasta abril del año pasado habían perdido 4.507 toneladas de cultivo.
“Ahora la Corte de Apelaciones de Puerto Montt deberá resolver sobre el deber de entregar información en una industria de probado riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, o el secreto comercial que estas empresas reclaman”, recalcan desde Greenpeace.
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