El contrataque de Crespo: abren causa penal por falsificación de firmas contra detective clave en investigaciones de fiscal Chong por el estallido social

En medio del juicio por una segunda causa en que la Fiscalía lo indaga por apremios ilegítimos se encuentra el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo. El comandante (R) enfrenta dos investigaciones a cargo de la fiscal Ximena Chong: la más conocida, en la que se le acusa de herir en los ojos a Gustavo Gatica; y otra, en que se le imputaron cargos por disparar en contra de un joven en 2018, también en el rostro.

Sin embargo, la defensa de Crespo descarta la comisión de ilícitos por parte de su representado, pero además, esta semana inició una arremetida judicial en que cuestiona las pesquisas de uno de los peritos que trabaja con la fiscal Chong, en una serie de causas en que se investigan apremios ilegítimos cometidos por personal de Carabineros durante el estallido social.

El “contrataque” de Crespo comenzó el 14 de mayo ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde interpuso una querella por el delito de falsificación en contra del efectivo de la PDI, Cristián Lizama. El oficial forma parte de la Brigada de Derechos Humanos de la policía uniformada, la cual recibe gran parte de las órdenes de investigar por parte de la fiscal Chong en casos como Gatica, el de Fabiola Campillai, la de Sebastián Zamora, entre otras.

En el documento -patrocinado por el abogado Pedro Orthusteguy- se lee que “el abogado defensor Mauricio Bascur descubrió fortuitamente que en varios registros policiales las firmas del querellado Cristián Lizama Loyola eran muy diferentes entre sí y eran diferentes a una firma indubitada del querellado”, en distintos informes policiales.

Para efectos de confirmar pericialmente que las firmas asociadas a los informes redactados por el detective, la defensa de Crespo encargó una pericia caligráfica al perito judicial Miguel Ángel Bautista Paredes, quien, de acuerdo a la querella, “evacuó un informe final el 13 de mayo de 2024 confirmando que, a lo menos, en los siguientes registros la firma que aparece sobre su nombre no corresponde a Cristián Lizama Loyola”.

Son nueve las firmas que acusan que no corresponden al detective, en específico a cinco informes policiales, y a cuatro declaraciones judiciales. “En base a las diligencias e informes suscritos, supuestamente, por dicho funcionario público, el Ministerio Público formalizó y acusó a mi representado por los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la investigación, que lo mantienen actualmente en juicio oral”, señala Orthusteguy en la querella.

El informe pericial que adjuntó la defensa de Crespo en la investigación se analizaron los términos gráficos relevantes de todos los informes y declaraciones.

Además, se hizo un análisis de todas las huellas, a fin de determinar la veracidad o falsedad del documento y obtener evidencia de si la firma ingresada corresponde o no a Lizama, determinando el rasgo de variabilidad normal de sus huellas.

En el documento firmado por el perito Miguel Ángel Bautista -analista privado- se concluye que “las firmas dubitadas, presentan grafismos, algunos de ellos identificables, mayormente legibles, y poseen un grado de complejidad mediano” y “las firmas cuestionadas no tienen la misma cantidad de segmentaciones, difieren en su longitud”.

Sin embargo, el perito advierte que “es importante destacar que el presente trabajo se realizó con copias y no originales, esto último si bien no dificulta el resultado de la pericia dado que las diferencias son determinantes y muy evidentes, es recomendable contar con los originales para la realización de un nuevo informe”.

A pesar de esta advertencia, se concluyó que “dichas firmas realizadas en los documentos recién individualizados NO pertenecen a don Cristian Andrés Lizama Loyola”.

Analizados los antecedentes por el tribunal, la querella fue acogida a trámite, lo que significa que desde lo formal cumplía con los requisitos legales para ser conocida por el Ministerio Público y, por lo mismo, el 16 de mayo se derivaron los antecedentes a la Fiscalía para que iniciara una investigación.

De aquí en más será el ente persecutor quien determine si las firmas fueron adulteras y si eso influyó o no en las causas en que se adjuntaron estos informes.