El debate por el pasaporte de vacunación de la UE: ¿Un portazo a los turistas inoculados con inmunizantes chinos y rusos?

Pese a las discrepancias sobre su utilización entre sus países miembros, la Unión Europea (UE) espera que su llamado “Certificado Verde Digital de Vacunación” (CVD) entre en vigor en junio, a tiempo para la temporada turística, cuando supere el visto bueno de los gobiernos y del Parlamento Europeo, y tras haber superado ya la aprobación de la Comisión Europea.

Así lo pusieron de manifiesto esta semana el secretario de Estado español para la UE, Juan González Barba, y la ministra para la UE y la Constitución de Austria, Karoline Edstadler, que coincidieron en la importancia del documento para recuperar la movilidad, pero difirieron en su uso y aplicaciones.

Para Edstadler, el certificado no será solo “fundamental” para viajar, sino también “para ir a teatros, restaurantes o cines” y para actividades que exijan una gran cercanía personal como servicios de masajes o peluquería, para los que en Austria es preciso contar con un certificado de prueba PCR negativa.

En cambio, para González Barba la “percepción generalizada” en la UE es que el certificado “se considera que será un instrumento que facilitará la movilidad, pero en ningún caso se ha planteado para el acceso en España a servicios de ocio o espectáculos, porque efectivamente supondría una discriminación respecto de las personas que todavía no gocen de ese certificado”.

Destinado a restablecer la libertad de movimiento en el espacio Schengen, el debate sobre un “carné de movilidad” ha sido especialmente intenso en países como España, Grecia y Chipre, cuyas economías dependen del turismo. Por ello, presionan para su pronta implementación.

Pero, como apunta el diario El País, el certificado de vacunación no será una carta blanca para viajar por la Unión Europea como pretendía inicialmente Bruselas. Los 27 países del bloque pactaron reservarse la posibilidad de imponer restricciones y cuarentenas a todos los viajeros, incluso a los que lleguen provistos de un documento que acredite haber recibido una vacuna contra el Covid-19.

Los socios comunitarios quieren dejar claro que el llamado “Certificado Verde Digital de Vacunación” no es un pasaporte para cruzar libremente las fronteras y que su reconocimiento o no dependerá de las medidas vigentes en cada país para frenar la expansión del virus.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó en claro algunos de los requisitos que se tendrán en cuenta. En entrevista con The New York Times, dijo que los turistas estadounidenses vacunados contra el Covid-19 podrán visitar la Unión Europea en los próximos meses.

“Los estadounidenses, por lo que puedo ver, usan vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)”, afirmó. “Esto permitirá la libre circulación y los viajes a la Unión Europea”. “Una cosa está clara: los 27 Estados miembros aceptarán, incondicionalmente, a todos aquellos que estén inoculados con vacunas aprobadas por la EMA”, el regulador de medicamentos del bloque, agregó.

El proyecto de reglamento especifica que la obligación de aceptar los certificados solo atañe a las vacunas que han recibido una autorización de comercialización de la EMA. Hasta ahora, solo cuatro laboratorios han logrado ese visto bueno: Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen y Oxford/AstraZeneca. Las tres primeras se usan en Estados Unidos.

Y es que aunque el pasaporte europeo de vacunación prevé su validación en la UE, tiene la intención de obtener reciprocidad de otros países que ejecuten el suyo propio. Algo que ya ha ocurrido con Estados Unidos, con el que Europa negocia un acuerdo de reconocimiento “mutuo”.

Pero los turistas procedentes de países que usan la vacuna rusa Sputnik V o los inmunizantes chinos Sinovac y Sinopharm, se quedarían fuera y sus viajeros tendrían que realizarse los respectivos controles sin optar a una circulación libre, pese a que estén vacunados, señala el periódico digital El Español. Ello, porque el proyecto detalla que “las vacunas de aquellas compañías no aprobadas no estarán cubiertas por la cláusula de responsabilidad y control de calidad de la UE”.

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, dijo hace unas semanas que los Estados miembros eran libres de vacunar a sus ciudadanos con otros productos (en referencia a Hungría, que estaba usando la vacuna rusa). Y afirmó que a estas personas no se les asignaría un certificado de viaje autorizado a menos que su vacuna procediera de una empresa aprobada.

Sin embargo, que no obtengan el pasaporte de vacunación no cierra a los países a no poder entrar, por ejemplo, a España. Les pone más trabas y los deja en manos de pruebas de anticuerpos, PCR o cuarentenas de 15 días. Normas que, en este caso, no son comunes para todos los países, apunta el medio español.

En ese sentido, el acuerdo de los 27 especifica que el reglamento del certificado “no debe abarcar las decisiones de los Estados miembros de imponer o eximir de restricciones a la libertad de movimiento”. Y añade que estas guías “no deberían impedir a los Estados miembros decidir aceptar certificados de otras vacunas contra el Covid-19”.

Esto significa, según el Financial Times, que a los países que dependen del turismo no se les prohibiría permitir la entrada de viajeros de la UE que hayan recibido vacunas aún no autorizadas. Pero al mismo tiempo, un funcionario del bloque dijo: “Ningún Estado miembro se verá obligado a reconocer las vacunas no autorizadas”.

En medio de este debate, el Comité de Emergencias sobre el Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró contrario a que se establezca la obligatoriedad para los viajeros internacionales de un pasaporte de vacunación.

Los expertos que asesoran a la agencia de Naciones Unidas recomendaron en un comunicado que “no se exija una prueba de vacunación como condición de entrada” para los viajeros internacionales, “dadas las pruebas limitadas sobre la eficacia de las vacunas para frenar la transmisión (del virus) y la desigualdad persistente en la distribución mundial de vacunas”.

“Aconsejamos a los Estados que reconozcan que la exigencia de una prueba de vacunación puede acentuar las desigualdades y favorecer una libre circulación discriminatoria”, afirman.