Los descontrolados traspasos de dineros entre Minvu y ONG que se replican en todo el país: la “bomba de racimo” que hizo estallar el contralor en el Congreso

Serias falencias son las que constató Contraloría en las Seremis de Vivienda de todo el país. La entidad encabezada por Jorge Bermúdez realizó auditorías sobre las transferencias efectuadas por las reparticiones a entidades privadas en el marco del programa de asentamientos precarios -desde enero de 2021 y junio de 2023-, dando cuenta de que las irregularidades eran parte de un patrón que se replicaba en las diferentes regiones.

Constaron, de esta forma, que la falta de control respecto de las rendiciones era algo más bien transversal, que en la mayoría de los tratos no se exigían boletas de garantía o vale vista como medio de respaldo, que no había procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de intereses, que en varias zonas no se solicitaban los planes de trabajo, y que tampoco las entidades contaban con mecanismos establecidos para seleccionar a las ONG que se adjudicarían determinados proyectos, lo que se terminó traduciendo en un escenario demasiado permisivo y descuidado.

Además de ello, los informes de las citadas pesquisas relevaron antecedentes que podrían ser constitutivos de delito, por lo cual los fiscalizadores determinaron enviar los antecedentes tanto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como al Ministerio Público.

Según se desprende de los documentos, las falencias detectadas en las Seremis se dieron en tratos suscritos con fundaciones como ProCultura -entidad por la cual el jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, debió dar explicaciones ante la Cámara de Diputados-, Enlace Urbano y EnRed, todas las cuales están siendo pesquisadas por la Fiscalía y con quienes el Ministerio de Vivienda ha ido cancelando anticipadamente convenios.

Todo esto será parte de la exposición de Bermúdez ante la comisión investigadora que recopila antecedentes sobre la materia, donde se centrará en las debilidades que tiene hoy el sistema de transferencias y también en el hecho de que las irregularidades detectadas en el caso de Democracia Viva se replican en otras ONG de todo el país.

Conforme a los primeros resultados de las pesquisas realizadas a la Seremi de Vivienda de Arica, se detectó que la entidad no definió mecanismo o procedimiento de control necesario para el correcto uso y destino de los fondos, y que tampoco tienen mecanismos que permitan seleccionar a las entidades que ejecutarán los proyectos sin que exista conflicto de interés. Dado que hubo asignaciones directas, de hecho, Contraloría decidió la apertura de un sumario.

Esas asignaciones fueron en favor de Fundación Caritas San Marcos de Arica, el Cuerpo de Bomberos O’Higgins de Arica y Enlace Urbano, pese a que se verificó que las Fichas de Habitabilidad Primaria se encontraban fechadas con posterioridad a la firma de los convenios.

Se verificó, asimismo, que las problemáticas que dieron origen a los convenios, como es la necesidad de suministrar agua potable, cierres, luminarias, estaciones de emergencia, sistemas de estanques de agua, entre otras, son situaciones de urgencia, lo que imposibilitó el requerimiento de garantías, debido a que su exigencia a la entidad ejecutora retrasaría el cumplimiento oportuno de las tareas encomendadas. Pese a eso, igual eso será indagado en el sumario.

Determinaron que la ficha de inversión asociada al convenio con la Fundación Enlace Urbano para la habitabilidad primaria del campamento Esperanza 2001, por un monto de $162.076.043, consideraba la entrega de fondos de manera parcializada; no obstante, se realizó en un solo pago, sin que existan antecedentes o fundamentos que justifiquen dicha actuación.

En esta zona se estableció que de los 23 convenios bajo análisis, siete fueron suscritos con la Fundación EnRed Social y 16 con Enlace Urbano, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, por un monto total de $2.836.003.986. Y además de evidenciar que también se presentaban una serie de falencias desde el punto de vista administrativo o procedimental, como falta de protocolos y de revisión, igualmente constataron indicios de faltas a la probidad.

Entre ello, identificaron que al 8 de septiembre seguían con montos por rendir. Conforme al detalle, los saldos pendientes de rendición eran de $431.930.915 por parte de Enlace Urbano y de $168.079.015 por EnRed, pese a que la mayoría de los tratos habían expirado en agosto. Así, más allá de las explicaciones de la repartición, los fiscalizadores determinaron que existe “falta de control y de oportunidad en el monitoreo de la ejecución de los convenios”.

En este caso, Contraloría también detectó falta de concordancia entre los giros vigentes de ambas fundación y las actividades convenidas que estas debían ejecutar.

Otro dato relevante es que se constató que cinco de las iniciativas de inversión asignadas a EnRed por un monto total de $827.119.263, correspondían a proyectos de iguales características denominados “Habitabilidad Primaria”, los que si bien se ejecutarían en distintos campamentos, son asentamientos colindantes, ubicados en la comuna de Alto Hospicio. Y lo mismo ocurrió en el caso de Enlace Urbano, que dividieron en cinco un proyecto que tenía características prácticamente idénticas.

Para eso, explicitaron, “no se advierte el motivo por el cual se separaron las iniciativas en convenios de transferencias distintos”, dice el informe.

Se hizo presente, además, que el analista contable de la Sección de Administración y Finanzas de la Seremi de Vivienda actuó como contraparte financiera de los Programas de Asentamientos Precarios, realizando la supervisión de respaldos, montos rendidos y contabilizaciones relacionadas con los convenios suscritos

Por estas razones, también se ordenó apertura de un sumario.

En el caso de esta región, se evaluaron los tratos pactados con Campamento de Ideas, Fundación para la Superación de la Pobreza, Urbanismo Social, ProCultura, TomArte y Movimiento Fibra, evidenciando, en primer punto, que varias de ellas carecían de la experiencia necesaria para realizar las labores comprometidas.

Con TomArte, Procultura y Fibra se suscribieron 11 convenios por un valor total de $1.386.000.000 y fueron adjudicaciones directas, y en el caso de Campamento de Ideas, Superación de la Pobreza y Urbanismo Social, se fijaron 37 convenios por $3.418.574.234.

En términos generales, se detectó que de los 73 campamentos a intervenir, solo 58 están georreferenciados por el ministerio, y que 22 de ellos están en zonas de riesgo y otros 19 en áreas de evacuación por aluviones.

Se advirtió, junto con la serie de irregularidades que se repitieron a lo largo del territorio, que había 12 personas contratadas por las mencionadas fundaciones que prestaban servicios “irregulares” en la repartición gubernamental.

En el caso de Movimiento Fibra, se constató que, incluso, un tercero realizó el proceso de rendiciones de fondos presuntamente ejecutados.

Uno de los primeros puntos que se destacan en el caso de Atacama, es que los convenios suscritos con Enlace Urbano, Comprometidos, EnRed y ProCultura, se realizaron “mediante asignación directa de recursos, sin que los actos administrativos se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron”.

Se catalogó como grave, en esos términos, el hecho de que hasta el 30 de junio de 2023 se traspasaran recursos ascendentes a $573.618.565 a las cuatro fundaciones, sin que se mantengan registros de ello.

Establecieron, igualmente, que las condiciones y exigencias que se solicitaron a ProCultura previamente a suscribir el convenio de implementación del Barrio Mirador Norte de Tierra Amarilla fueron los mismos que se solicitan hasta hoy a las municipalidades. Es decir, se homologó el convenio suscrito.

Se detectó que el jefe de Área Técnica de EnRed se había desempeñado previamente en la Seremi, y que renunció con solo días de diferencia a que la fundación fuera invitada a participar de los procesos. Específicamente, el profesional se había desempeñado en el Departamento Asentamientos Precarios, lo que Contraloría reprochó. Aquello, además, porque mantuvo acceso a canales institucionales hasta meses después de su salida de la repartición.

Si bien renunció el 31 de mayo de mayo de 2022, los fiscalizadores hicieron presente que “el funcionario contratado por la Fundación Enred se encontraba habilitado como usuario interno en los sistemas institucionales del Minvu, estando vigente hasta el 22 de julio del 2022, sin poder verificar fehacientemente el último acceso del exfuncionario a su cuenta asignada”.

De igual forma, Contraloría hace presente que parte de los convenios suscritos también fueron divididos, pese a que no había justificación para ello.

En la Región de Coquimbo, Contraloría analizó a las fundaciones EnRed, Aldea, Enlace Urbano y Techo. En el proceso de alcanzar convenios con estas, advierte una serie de falencias administrativas, como, por ejemplo, la falta de justificación sobre la asignación de los proyectos a estas organizaciones.

En detalle, el ente fiscalizador cuestionó la falta de experiencia de la Fundación EnRed para desarrollar el convenio que tenía con la entidad de gobierno, advirtiendo que se observa “la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas que esta debía ejecutar, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios”.

En esa misma línea, también se advierte que la ONG Enlace Urbano tampoco contaba con la experiencia necesaria a la hora de lograr un convenio con la Seremi regional. Se advirtió que desde el inicio de actividades de esta ONG, el 28 de mayo de 2021, hasta la primera transferencia de fondos, solo habían transcurrido cinco meses, y seis meses contados desde la constitución de la misma.

Al igual que en el resto de las regiones, en Valparaíso la institución dirigida por Jorge Bermúdez detectó debilidades de control, la falta de exigencias de planes de trabajos o falencias administrativas en la fiscalización de recursos.

En ese sentido, Contraloría hace especial énfasis en la Fundación Procultura, al determinar que la organización “no contaba con el giro concerniente a la construcción de proyectos encomendados por la entidad pública”. A lo que concluye que “no existieron fundamentos ni acreditación de los actos administrativos que asignaron los recursos en forma directa a la Fundación ProCultura”.

También se detectó la falta de fijación de las especificaciones del trabajo a realizar por las fundaciones Posible Otro Chile, Arquiduc, Techo para Chile y Vivienda, ya que “no se aportaron antecedentes que permitan una asociación entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, las especificaciones técnicas y sus tiempos de ejecución”.

Por último, también se cuestiona que tras el término del convenio y consigo la exigencia de restitución de fondos de parte del Minvu con EnRed, no se estableció un plazo. Aquello también es advertido por Contraloría, ya que la normativa establece que el tiempo para estos casos es de 30 días.

En el caso de la Región de O’Higgins, el ente fiscalizador revisó los convenios de las fundaciones EnRed, Red Integral Comunitaria y Arquiduc. En esta indagatoria, y al igual que en otras regiones, una de las mayores irregularidades que encontró Contraloría es respecto a las relaciones personales que existían entre miembros de las organizaciones y funcionarios de gobierno, así como también el traspaso laboral que más de alguno realizó.

Por ejemplo, se advierte que la exfuncionaria del Serviu Diana Valenzuela, en febrero de este año comenzó a prestar servicios en la Fundación Red Integral luego de dejar su cargo. Caso similar al de Gustavo Villalobos, quien formaba parte del directorio de Fundación Arquiduc el 2021 siendo funcionario de la del Serviu O’Higgins. Lo mismo ocurre con Aldo Bastías, quien tras dejar la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo mantuvo comunicaciones con el Serviu como representante de EnRed.

En el caso de la Fundación Red Integral Comunitaria se advierten “eventuales conflictos de interés”, ya que Contraloría detectó que existe un vínculo de amistad entre la representante legal, Carla Tello, y el seremi de Vivienda, Óscar Muñoz, así como también de la jefa de sección provincial y comunal.

Además, en materia económica se detecta que la Seremi aprobó convenios y autorizaciones de transferencias pese a que las fundaciones mantenían rendiciones pendientes por presentar, lo que va en contra de la normativa. Incluso, se detectó que a Arquiduc se le efectuó una transferencia por $53.390.000 previo a que se aprobaran convenios.

En términos generales, Contraloría en la Región del Maule sostiene que existen una serie de falencias administrativas y que no existen controles para determinar posibles conflictos de interés. En ese sentido, se estableció que existió falta en las exigencias de planes de trabajo en los convenios con Urbanismo Social.

Y es que, en el caso de esta organización, se advierte que fue seleccionada bajo el criterio de su experiencia; sin embargo, aquello se realizó “mediante la exposición de una presentación realizada por medio de una videollamada”. También se menciona que posteriormente la Seremi fue asesorada por la analista del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, Bárbara Moyano, quien a través de un correo le indicó a la fundación que fue la que tuvo mayor valoración, “sin que exista evidencia que sustente dicha calificación”.

Por esta misma fundación, también se cuestiona que el entonces seremi regional Rodrigo Hernández aprobó la renovación del convenio el 2022 “sin que exista evidencia por parte de la mencionada autoridad regional de haberse inhabilitado de participar en dicha aprobación, atendido que había actuado anteriormente como representante legal de la aludida organización”.

Otro de los convenios cuestionados en la región es con la ONG Sur Maule, la cual se seleccionó luego de que el Serviu regional enviara un correo a cinco fundaciones para que realizar una invitación a participar del programa. Siendo finalmente dos las que fueron evaluadas por la autoridad y consigo se seleccionó su propuesta. En esa línea, Contraloría concluye que “no existieron fundamentos ni acreditación de los actos administrativos que asignaron los recursos en forma directa a la ONG Sur Maule”.

En la Región del Ñuble, Contraloría revisó tres convenios suscritos por la Seremi de Vivienda de dicha región con la Fundación EnRed entre diciembre de 2021 y septiembre del 2022. En ese sentido, una de las primeras irregularidades advertidas es que la fundación “no posee giro concerniente a la ejecución de proyectos de construcción públicos de urbanización”.

También Contraloría determinó que en los proyectos no existieron especificaciones técnicas para determinar el material que se requería. Así como también que estos se emplazaban en lugares con riesgo de habitabilidad, por ende no correspondía entregar recursos públicos.

Por último, también se sostiene que existen inconsistencias en las rendiciones y en la documentación que respaldan los convenio, además de la falta de control sobre los convenios, entre otras falencias.

Fueron nueve los hallazgos de la Contraloría en el proceso de transferencia de dineros desde la la Seremi de Vivienda del Biobío y el Serviu de esa región a distintas fundaciones. Dentro de las irregularidades más graves, y las que motivaron también el envío de los antecedentes al Ministerio Público y el CDE, destaca la “asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras”.

En este punto “se constató que los convenios suscritos (...) se realizaron mediante asignación directa de recursos, sin que los actos administrativos pertinentes que autorizaron tal método de otorgamiento se encuentren fundados”.

Estas fundaciones son: EnRed, Espacio Lúdico, ProCultura y Urbanismo Social. Todo por un total de más de $409 millones.

Urbanismo Social es la que más contratos registra, según Contraloría. El último asignado por una resolución exenta del 13 de junio del 2023 por $46 millones: “Plan piloto de asistencia técnica que permita vincular a una muestra de familias de campamentos catastradas, con la oferta existente de viviendas en venta”.

También se detectó que no contemplaron la entrega de vale vista. Así ocurrió en el caso del diagnóstico territorio integrado para la ejecución de proyectos de inversión y equipamiento comunitario en los campamentos Puerto Nuevo, Fuerte Viejo y Punta Astorga, en Nota. Por este convenio se pagaron $48 millones sin “acusaciones de cumplimiento” a la fundación ProCultura, el 27 de mayo del 2021.

Lo mismo ocurrió con dos contratos de $25 y $24,5 millones, en noviembre de 2021, con Urbanismo Social.

También se detectaron convenios suscritos sin que conste la fundamentación correspondiente. Esto ocurrió con cuatro fundaciones: ProCultura, Espacio Lúdico, EnRed y Urbanismo Social, con fondos comprometidos por más de $360 millones, entre diciembre del 2020 y el 18 de noviembre del 2022.

En el caso de La Araucanía, Contraloría reconoce que desde 2021 se han realizado nueve convenios con cuatro fundaciones: Urbanismo Social, Fundación Acción Digital, Fundación EnRed y Enlace Urbano. Las cuales fueron seleccionadas a través de un proceso cuestionado al igual que en el resto del país.

Se advierte, además, que existen falencias administrativas como la falta de antecedentes para establecer los costos de los proyectos, así como también la carencia de formalidad para informar las objeciones a las rendiciones de cuentas de las ONG.

Además de eso, al igual que el Maule y también con la Fundación Urbanismo Social, el ente fiscalizador detectó que un representante presta servicios en el gobierno. Se trata de Vicente Guzmán Güideri, quien prestó servicios bajo la modalidad de honorarios en la Delegación Provincial del Biobío, entre el 11 de marzo y el 1 de octubre de 2022, y en el Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío a contar del 1 de octubre de 2022 y hasta la actualidad, de acuerdo con el reporte.

Aquello, a juicio de Contraloría “puede incidir en el manejo de información privilegiada en favor de la fundación donde fue, como ya se mencionó, su representante legal”.

Uno de los puntos más relevantes que se detectaron en esta región fue la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras, lo que motivó el envió de estos antecedentes al Ministerio Público y al CDE.

“Se advirtió que la Seremi y el Serviu, ambos de la Región de Los Ríos, no cuentan con procedimientos de control que les permitan verificar que los actos administrativos que suscriben para la ejecución de proyectos de inversión en el marco del Programa de Asentamientos Precarios cuenten con los fundamentos necesarios que le dan sustento”, advirtió el ente contralor.

El otro hallazgo que motivó la remisión de antecedentes fue que “se advirtió que la cláusula quinta del convenio de transferencias firmado con la entidad Enlace Urbano ONG, dispuso que la ejecución de la intervención en los ocho campamentos se llevaría a cabo por medio de dos planes de trabajo, uno fijado para el campamento Las Mulatas, y otro para el resto de campamentos, Santo Domingo, Catrico, Estación Púrulon, El Milagro, El Rinconcito, Villa Río Cruces y Los Ciruelos, distribuidos en 12 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo sanciona, y 3 meses destinados al cierre administrativo”.

En la Región de Los Lagos se detectaron, al igual que en las otras zonas, problemas en los controles de asignación de recursos y respaldo de las boletas de garantía. Pero también, y una de las cosas que más llamaron la atención de los auditores, fue la “falta de mecanismos para acreditar la experiencia de las entidades receptoras de los fondos públicos”.

No tienen mecanismo para evaluar la experiencia de las ONG. De hecho, en el caso de la Fundación Acción Digital, solo se constató la presentación de la fundación, sin que se adjuntaran otros antecedentes que permitieran validar sus atributos.

También se evidenció la “falta de control” y “falta de motivación de actos administrativos que aprueba los convenios de transferencia”.

Los convenios suscritos que observó Contraloría, en este ítem, fueron siete. Seis con Urbanismo Social y uno con Fundación Acción Digital por un total de $955 millones. La última resolución exenta aprobatoria para el traspaso de recursos fue el 10 de abril a Urbanismo Social por $122 millones.

“No se advierte fundamento del porqué se invitó y/o seleccionó solamente a esas fundaciones, más allá de la aprobación de presupuestos de las iniciativas e informes del Serviu sobre los invitados y/o seleccionados”, se concluye.

La falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecuten los proyectos del Programa Asentamientos Precarios también se repite en Magallanes, pero además la falta de justificación en el aumento del presupuesto para estas transferencias de fondos.

“Sobre la materia, es dable precisar que doña Gabriela Sandoval Díaz, presidenta de la Fundación Chay Austral, a través de correo electrónico de 20 de octubre de 2021, remite al Serviu Magallanes la propuesta técnica para el programa de habitabilidad primaria del campamento Lautaro, donde incluye un presupuesto por $58.115.000, la que es observada el 2 de noviembre de 2021 por don Alex Fuentes Méndez, funcionario del programa campamentos, del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, y corregida el mismo día por parte de la Fundación Chay Austral y la que fue aprobada por el antedicho señor Fuentes Méndez y doña Bárbara Moyano Gajardo, funcionaria del Programa Asentamientos Precarios, el 5 de noviembre de 2021″, advierte Contraloría.

Es esta fundación en la que se detectaron los principales problemas. “Corresponde a la Seremi Magallanes respaldar la carga de los antecedentes relativos a las transferencias en estudio en el Registro Central de Colaboradores del Estado, lo que corresponderá ser acreditado y documentado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de este organismo de control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente oficio”, se concluye.