El día en que el nuevo subsecretario de Defensa dijo que incluir a las FF.AA. en el orden público “sería exponer a la población a violaciones a los DD.HH.”

En el cuarto subsecretario de Defensa en 15 meses se transformó Ricardo Montero (PS). El abogado de 40 años llegó al cargo luego de ser el jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá, responsabilidad que asumió tras desempeñarse como convencional constituyente en 2021 y 2022. En esa extinta institución, presidió la comisión de Sistema político.

Previo a eso, Montero era un abogado PS que participaba de las comisiones de Constitución y Justicia del Senado y la Cámara, exponiendo su punto de vista político y jurídico sobre distintas materias. Fue en ese contexto, que el 9 de marzo del 2020 -cuando aún soplaban los ahora lejanos vientos del estallido social- que expuso una crítica mirada sobre el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en materia de orden público.

“El Profesor Ricardo Montero hace un análisis del concepto de seguridad nacional en la Constitución Política de la República, particularmente, en las funciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (artículo 101); en las atribuciones especiales del Presidente de la República (artículo 32 N° 17) y en estados de excepción constitucional (artículos 39 al 45)”, parte diciendo la cuenta del Senado a la Cámara sobre el proyecto de infraestructura crítica de los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh.

El ahora subsecretario de Defensa mostró su disconformidad con el proyecto, poniendo sobre la mesa sus dudas sobre las capacidades y competencias de las Fuerzas Armadas para asumir un rol activo en el orden público.

“El llamado ‘resguardo’ de la infraestructura crítica debe considerar dos acciones: seguridad, marcar presencia respecto de la infraestructura crítica en cuestión, y protección, en caso de eventuales ataques. ¿Qué se va a hacer en caso de una manifestación? ¿Cuáles serán las labores de protección que llevarán a cabo las FF.AA. que han sido preparadas para la defensa, pero no para asegurar el orden público? Por la naturaleza de la respuesta para la que son preparadas, este nuevo rol sería exponer a la población a violaciones a los derechos humanos y exponer a las propias FF.AA. a que no puedan cumplir la labor que se les encomienda y que, además, eventualmente se expongan innecesariamente”, dijo Montero.

La exposición de sus convicciones sobre el rol que deben cumplir la FACh, la Armada y el Ejército, causan hoy sorpresa entre algunos uniformados, dado que en la actualidad -por orden del actual gobierno- los militares están ampliamente desplegados en labores de orden público tanto en la Macrozona Sur como la frontera norte. En cálculos propios del Ejército, mantienen desplegados a casi 4 mil efectivos entre ambas zonas.

La crítica visión del actual subsecretario sobre el trabajo de los militares en el orden público fue más allá: “Latinoamérica tiene un triste récord intentando resolver problemas políticos y sociales con militares. Integrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior es relativamente fácil. El problema es intentar retirarlas. La experiencia latinoamericana es desastrosa (Colombia, México, Brasil, Triángulo Norte, etc.)”, dijo.

En esa misma línea, Montero agregó que se debía definir por ley qué se entiende por infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza, e insistió sobre el punto: “La naturaleza del problema debe entregar la naturaleza de la respuesta. La experiencia regional de militares en orden público es desastrosa”, agregando que “los problemas sociales no se resuelven con militarización. Primero, porque se terminan violando derechos humanos; segundo, porque no funciona”.

Consultado a través de su equipo de comunicaciones sobre si mantiene esa postura, tomando en cuenta el despliegue de las FF.AA. en la actualidad, el subsecretario señaló que “esas declaraciones se refieren al proyecto de Ley de Infraestructura Crítica presentado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2019, en el marco del estallido social, y en un contexto político y social completamente distinto”.

Además, agregó que “la actual reforma constitucional que permite ‘la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente’, aprobada por el Parlamento en enero de este año, es diferente a lo que presentó el gobierno anterior. Se elaboró con objetivos distintos y con la garantía de la protección a los derechos humanos en forma explícita, y así quedó en la reforma (...). Nuestro gobierno se comprometió a legislar de manera integral en estas materias, incluido el proyecto de ley de Reglas de Usos de las Fuerzas”.

Pero dos años después, en la comisión de Sistema político de la Convención Constitucional -donde también propuso el fin del Senado y su reemplazo por la “Cámara de las Regiones”-, Montero tampoco se guardó sus aprensiones respecto del rol de los militares en el orden público.

Por ejemplo, en una iniciativa presentada en abril de 2022 por Montero y los convencionales Patricia Politzer, Jaime Bassa, Constanza Schönhaut, Maximiliano Hurtado, Guillermo Namor, Pedro Muñoz y Fernando Atria, sobre seguridad pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas Armadas, se expuso que “se omite cualquier referencia respecto al problemático concepto de ‘seguridad nacional’, construcción ideológica material que ha inspirado el actuar de los institutos armados y que ha permitido la confusión de roles entre las Fuerzas Armadas y Carabineros en el último tiempo”.

En esa misma línea, la iniciativa propuesta -y luego aprobada en la comisión- contemplaba que “las Fuerzas Armadas dependen del ministerio a cargo de la defensa nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa Nacional. En el desempeño de sus funciones, las Fuerzas Armadas deberán actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución”.

El porqué debía especificarse este último punto en la propuesta constitucional, lo respondió el propio Montero en abril del 2021, en La Tercera. “Hay un criterio general respecto del Estado en cuanto al respeto y resguardo de los derechos humanos, pero también creo que las instituciones armadas por tener la particularidad del monopolio de las armas, deberían obtener un compromiso explícito con el respeto y el resguardo de los derechos humanos”, dijo.

Lo que viene para el subsecretario Montero serán presentaciones y ceremonias con un área que -a pesar de tener una crítica en términos de orden público- no le es ajena. Entre 2014 y 2015 fue jefe de gabinete del entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, por lo tanto, su regreso a los cuarteles no será del todo nuevo, pero tampoco, libre de la inquietud y preocupación que sus declaraciones pasadas causaron en la tropa.