El día que Boric patrocinó y aprobó una acusación constitucional contra ministros de la Suprema por sus fallos

“Sienta un precedente muy peligroso”. De esta manera calificó la mañana de este jueves el Presidente Gabriel Boric la decisión del Senado de aprobar la acusación constitucional en contra del ahora exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. El Mandatario apuntó al Congreso, sosteniendo que esa decisión se daba a raíz de los fallos del magistrado.

“Utilizar las acusaciones constitucionales contra un juez como un medio oblicuo para enjuiciar sus sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho por parte de alguno de ellos sienta un precedente que es muy peligroso”, sostuvo el Presidente esta mañana desde La Moneda.

Postura que difiere a la que lo llevó el 2018 a patrocinar junto a otros diputados de la entonces oposición a presentar una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, precisamente por un fallo. Algo que fue cuestionado por el gobierno de la época, ya que -al igual que con Muñoz- se apuntó a que afectaría la independencia de los jueces y el Poder Judicial.

La acusación constitucional apoyada por Boric y el Frente Amplio (FA) fue presentada y patrocinada en agosto del 2018 por los diputados Jaime Naranjo (PS), Carmen Hertz (PC), Daniel Núñez (PC), Ricardo Celis (PPD), Raúl Soto (DC), Miguel Crispi (RD), Tomás Hirsch (PH), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Marcela Hernando (PRSD) y Gabriel Boric (IND).

La acusación constitucional en contra de Dolmestch, Valderrama y Künsemüller se dio luego de que los integrantes de la Sala Penal del máximo tribunal decidieran conceder el beneficio de la libertad condicional a los condenados por delitos de lesa humanidad en el caso Degollados, quienes cumplían la sentencia en su contra en la cárcel de Punta Peuco.

El libelo acusatorio se basaba en dos capítulos, al igual que el de Muñoz. El primero de estos, por “la responsabilidad constitucional que les cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de convencionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo que fueron interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando a estos en libertad condicional”. El segundo, por la responsabilidad de los supremos al “haber faltado de manera grave o notable a sus deberes, al haber facilitado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad”.

Poco menos de un mes después de ingresada la acusación, en sesión especial del 13 de septiembre de ese año, la sala de la Cámara votó el líbelo acusatorio. Ese día, en una audiencia que se extendió por más de 10 horas y que terminó cerca de la medianoche, los diputados decidieron rechazar por 73 votos en contra y 64 a favor la acusación en contra de los tres ministros del máximo tribunal.

Entre el centenar de votos por apoyar la moción de remover a los magistrados se encontraban figuras, principalmente, de la oposición de aquel entonces. Entre ellos destaca el Presidente Boric, además de la ahora presidenta de la Cámara, Karol Cariola. También los ahora ministros Camila Vallejo y Maya Fernández, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Asimismo, también apoyaron la acusación los exministros Giorgio Jackson y Marcela Hernando y quien ahora se desempeña como jefe de asesores, Miguel Crispi.

Pero en esa ocasión el ahora Presidente no solo apoyó -junto a la izquierda- la acusación en contra de los ministros, sino que también intervino durante la discusión. En casi seis minutos, Boric cuestionó la forma en la que los jueces de la Suprema votaron, comenzando su discurso con una cita a un texto que recuerda a los detenidos desaparecidos.

Al comienzo de sus palabras, Boric se refirió a la solicitud de la UDI de inhabilitar a la diputada Carmen Hertz, lo que calificó como “miserable maniobra”. “Desde el Frente Amplio hemos decidido respaldar esta acusación constitucional que han empujado, por cierto, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y la agrupación de familiares de ejecutados políticos, a quienes rendimos homenaje, con la convicción de que en el caso de los tres ministros de la Corte Suprema acusados, tienen responsabilidad constitucional al eludir el que consideramos el más importante de los deberes en cuanto a lo que justicia transicional se refiere, que es la justicia constitucional, que es impedir que se consolide la impunidad de los criminales de lesa humanidad”, señaló el entonces diputado.

Seguido de su alocución, Boric sostuvo que el hecho de otorgar la libertad a personas “que reivindican su actuar criminal, que se ven a sí mismos como héroes de la patria, no solo es revictimizar a los sobrevivientes, sino que también es ofender al pueblo oprimido por la dictadura y, por qué no decirlo, a la humanidad entera”.

“Por eso es tan grave la conducta de los jueces acusados, porque han abandonado su deber de ser justicia constitucional (...) tenemos el deber ético de ponernos del lado de las víctimas y por eso hoy día aprobaremos esta acusación”, agregó.

Opinión diferente a la que planteó este jueves, cuando concluyó que “a los jueces les corresponde en un Estado de Derecho la decisión final respecto de nuestras controversias y también cumplen un rol esencial en la defensa de los derechos humanos cuando el resto del Estado omite su protección o derechamente la quebranta”.