Fue una de las grandes omisiones de su primera rendición de cuentas ante el Congreso Pleno y así lo resintieron en los sectores más a la izquierda del oficialismo. El Presidente Gabriel Boric, si bien hizo guiños respecto del estallido y la crisis social de 2019, no incluyó en la que será su hoja de navegación el proyecto que busca amnistiar los delitos cometidos en ese periodo y que duerme en el Senado desde antes de que el frenteamplista asumiera en La Moneda.

La moción parlamentaria se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara Alta y, hasta ahora, no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. El Ejecutivo había anunciado urgencia suma a la iniciativa el pasado 21 de marzo, sin embargo, hasta la fecha el texto no ha registrado movimientos en su tramitación, lo que se ha transformado en un dilema para Boric debido a que la medida forma parte de sus compromisos de campaña.

Ante ese escenario adverso, de hecho, es que La Moneda y Justicia había venido buscando fórmulas alternativas -en conversaciones tanto con parlamentarios como con los familiares-, sin llegar aún a una que genere el consenso necesario para que el proyecto avance.

Y pese a que ayer tras la cuenta pública del Mandatario, los ministros Camila Vallejo (Segegob) y Giorgio Jackson (Segpres) se apuraron en aclarar que el Ejecutivo sigue comprometido con esa medida, lo cierto es que en el gobierno reconocen que los avances en las negociaciones estas últimas semanas han sido escasos y que es algo que preocupa. Por esa y otras razones, dicen en La Moneda, es que el Jefe de Estado no hizo referencia al tema en su discurso.

“Es un proyecto que no ha concitado el consenso en el Senado y, por lo tanto, el gobierno -que le ha puesto urgencia-, se ha encontrado con resistencia y diferencias en torno al proyecto como lo plantearon en su momento senadores y senadoras. (...). Lo que el gobierno ha estado haciendo estas semanas, desde el Ministerio de Justicia, es cómo podemos encontrar un proyecto que sí genere consenso. Por lo tanto, apenas tengamos ese consenso es que lo queremos comunicar. No se quiere comunicar antes y no alcanzamos a llegar a la fecha del discurso con un consenso robusto. Pero esperamos tener novedades en las próximas semanas”, sinceró hoy el ministro Jackson, en conversación con MegaNoticias.

En Palacio aseguran que la medida no estaba en la propuesta del Ministerio de Justicia -a cargo de la materia- para que se incorporara en la cuenta pública del Mandatario, pero también reconocen que la omisión se dio justamente cuando se esperaba que Boric diera señales claras en contra de la violencia en medio de la crisis de seguridad que vive el país. El timing para un gesto a quienes han pedido avanzar en una amnistía, entonces, tampoco era el mejor, admiten en el gobierno.

“Hace sólo tres años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros, en el marco del estallido social, nos obligaron a una tarea muy dura, que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como gobierno”, fue uno de los gestos simbólicos que hizo el Jefe de Estado en su discurso a la vez que destacó la Mesa de Reparación que presidirá la senadora Fabiola Campillai -víctima de violaciones a los derechos humanos- y la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

“Durante el estallido social vivimos la peor crisis en materia de derechos humanos de los últimos 30 años. Diversas instituciones nacionales e internacionales, con muchas de las cuales nos hemos reunido como gobierno, dieron cuenta de la existencia de graves abusos y violaciones de los derechos humanos que dejaron un saldo de dolor que, como chilenos, debemos asumir y resarcir”, agregó Boric.

Pero también, en un claro cambio de tono respecto de su campaña presidencial, el frenteamplista sorprendió en sus guiños a la labor de Carabineros. “Quiero, por cierto, en este acápite, agradecer a quienes arriesgan su vida por la Patria y por la seguridad del resto como, por ejemplo, el sargento primero Luis Rojas, a quien fui a visitar hace pocos días al Hospital de Carabineros, quien fue secuestrado y baleado en una comuna de Santiago y abandonado a su suerte y que hoy día, afortunadamente, está bien, pero en él se representa el sacrificio que, muchas veces, cumplen miles de carabineros que arriesgan su vida para proteger al resto”, dijo.

Al terminar su alocución ayer en el Congreso en Valparaíso, el Presidente, cuando ya se había comenzado a retirar del salón, hizo esfuerzos por llegar a la senadora Campillai -quien perdió la vista y el olfato tras recibir una lacrimógena por parte de personal policial-, para abrazarla.

La legisladora se ha convertido en una aliada en estos temas para su gobierno y está permanentemente informada de los pasos que da La Moneda -a través del Ministerio de Justicia, encabezado por Marcela Ríos- respecto al proyecto de amnistía. Hasta ahora, ella no ha escalado la presión pública para avanzar en esa línea y, de hecho, se ha abierto a fórmulas alternativas.

“Tenemos que estar preparados para buscar otra manera de que nuestros jóvenes salgan de la cárcel”, sostuvo hace algunas semanas.

Hasta ahora, según conocedores de las tratativas, una de las ideas que ha estado sobre la mesa es desechar la amnistía y avanzar en una suspensión condicional del procedimiento, una propuesta que ha impulsado, por ejemplo, la bancada de senadores decé.

Por otro lado, los familiares han advertido que con la moción tal como está no beneficiaría a la mayoría de ellos. Esto porque, en el tránsito de la iniciativa por la Comisión de Constitución, el catálogo de delitos se acotó a aquellos de menor gravedad.

El nudo, según las mismas fuentes, es que conciliar una ampliación de ese catálogo con una fórmula que no elimine el delito cometido y que tenga un efecto real en la liberación de los denominados “presos del estallido” no parece una tarea simple. En el Senado aseguran que volver a modificar esa nómina no será fácil, menos aún, si se busca incluir acciones tan graves como homicidio frustrado o agresión a las policías, los que fueron desechados inicialmente.

El puzzle en la Cámara Alta, además, tiene otras complejidades. Hoy existe un empate técnico entre la derecha y las fuerzas afines al gobierno (no necesariamente oficialistas, pues en ese grupo se incluyen a los DC y a independientes como Campillai). Además está el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi, quien está en una posición distante del Ejecutivo.

Con esas variables, en el mejor escenario, el Ejecutivo parte con una base de 24 senadores, a los que habría que descontarle al DC Iván Flores, quien aún está en recuperación tras sufrir un accidente automovilístico y no podría votar. Por lo tanto, una base de eventual apoyo baja a 23, por ahora, lo que no asegura la aprobación de la iniciativa.

No obstante, también en la misma DC, legisladores como Matías Walker y Ximena Rincón tiene posturas críticas y cautelosas con el tema. Lo mismo ocurre con algunos senadores de la bancada Independiente-PPD como Ricardo Lagos Weber y Jorge Soria.

“Hemos estado conversado con el gobierno a través del Ministerio de Justicia, con los familiares también de imputados que están en prisión preventiva o con medida cautelar sin que a la fecha hayan recibido una sentencia definitiva. Hemos estado conversando con destacados juristas, constitucionalistas, penalistas y estamos buscando una fórmula que impida normalizar la violencia, impida eliminar el reproche penal a la violencia, pero que acelere los procesos judiciales”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (DC).

Y agregó: “Estamos abiertos a cualquier mecanismo que signifique evitar la amnistía. (...) Nos oponemos a que exista un intento de darle un relato épico a la violencia. Una de las alternativas es la suspensión condicional del procedimiento penal, lo que condiciona el sobreseimiento definitivo de la causa a que esas personas no pueden volver a ser imputadas por el mismo delito”. El legislador decé, sin embargo, aseguró que ese camino no convence del todo al gobierno del Presidente Boric.

Desde el Ministerio de Justicia, en todo caso, transmiten que siguen abocados en lograr el consenso que asegure la viabilidad de una solución para las familias.

En la misma línea se manifestó hoy la vocera Vallejo: “Estamos haciendo un trabajo responsable de conversaciones con la ministra de Justicia, que ha estado encabezando esta tarea, justamente para cumplir con un compromiso programático que tiene que ver con resolver la situación de aquellas personas condenadas en el marco de la revuelta social, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, como también a aquellas que se les ha aplicado de manera muy extendida a la prisión preventiva, cayendo ya en una especie de castigo anticipado que nos parece extrema”.