El dilema de la Comisión de Ética del Senado: ¿Puede exigir el cumplimiento de un acuerdo político?

Dos reclamos inéditos deberá revisar en estos días la Comisión de Ética del Senado.

Por primera vez llegarán a esta instancia dos requerimientos formales contra la oposición por incumplir el acuerdo administrativo de 2018, a través del cual a comienzos del periodo se estableció cómo los distintos partidos se distribuirán la mesa del Senado, las presidencias de las comisiones y la integración de las mismas entre 2018-2021.

El documento firmado por los jefes de bancadas de las distintas colectividades establecía un reparto de acuerdo a las mayorías. Según ese criterio, los representantes de la oposición tendrían la mayoría de las 25 presidencias de comisiones, mientras que a Chile Vamos le corresponderían cinco en 2018, cuatro en 2019, seis en 2020 y cuatro en 2021, una de ellas DD.HH.

Se trata de un pacto político que no tiene reflejo en el reglamento de la corporación, pero que esta vez será materia de análisis de la Comisión de Ética a solicitud del comité de RN, que este año esperaba la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos que quedó finalmente en manos de Alejandro Navarro, y por el caso del senador Alejandro Guillier, que no logró acceder a la Comisión de Hacienda por decisión del Partido Socialista.

El primer caso por la exclusión de Alejandro Guillier de la Comisión de Hacienda llegó hace una semana. Y en la próxima sesión se espera que se formalice el reclamo de RN por el veto que la oposición impuso para que el senador Felipe Kast (Evópoli) o Francisco Chahuán asumieran la presidencia de DD.HH.

“Esto es grave, porque se incumple un acuerdo debidamente validado por los comités respecto de cómo íbamos a funcionar, integrar y presidir las comisiones, entonces esta es una herida a la confianza que nos debemos los senadores entre sí, lo cual es clave en la política. Es un retroceso grave”, indicó el jefe de comité de RN, Rodrigo Galilea.

Cabe recordar que la mesa del Senado intentó poner paños fríos en la controversia por la presidencia de DD.HH. antes de que RN decidiera presentar un reclamo formal a la Comisión de Ética. Así, la presidenta de la corporación, Yasna Provoste (DC), planteó compensar a Chile Vamos cediéndole su lugar en la presidencia de la Comisión de Minería, pero no aceptaron.

“Esto no se trata de un cambalache. Vamos a hacer un punto político y denunciaremos el tema a la Comisión de Ética del Senado. Esperamos que se enmiende el rumbo”, acotó Galilea.

La Comisión de Ética hoy está integrada por los senadores Pedro Araya, Juan Antonio Coloma (UDI), Francisco Huenchumilla (DC), José Miguel Insulza (PS) y José García (RN), quien la preside.

En su función son extremadamente cautelosos, tanto, que sostienen que por acuerdo el único que puede hablar de lo que suceda y las decisiones de esa instancia es García, quien está ejerciendo la titularidad por segundo año consecutivo.

“Estos casos nos plantean un tema nuevo, porque no recuerdo que hayamos debido analizar situaciones como estas. Todo indica que los comités respecto de la Comisión de Derechos Humanos no pudieron lograr que se cumpliera el acuerdo, por lo tanto, si hay una presentación nos tendremos que pronunciar, y si no hay presentación, nosotros podríamos incluso actuar de oficio”, admite el senador García.

Si bien los parlamentarios desestiman profundizar en estos casos, sin grabadora admiten que la pista se pone compleja, porque abre nuevas discusiones para las cuales deberán buscar respuestas:

Admisibilidad: el lunes de la semana pasada discutieron el caso de Guillier y coincidieron en que si bien no se habían pronunciado antes sobre un tema de incumplimiento de acuerdos, creían que debían asumirlo. Pero decidieron concederse una semana de plazo para ver si los comités eran capaces de solucionarlo entre ellos, lo cual no ocurrió.

Raya para la suma: creen que sí debe adoptar una determinación, porque son acuerdos políticos que deben honrarse, sobre todo porque están escritos, y porque su modificación dificulta la actuación de las comisiones, y la conducta de incumplimiento riñe con la ética parlamentaria. Se señala que incluso se podría llegar a multar a los responsables.

Diferencia entre casos: se sostiene que si bien en el fondo ambos se refieren al mismo acuerdo suscrito entre los comités de partidos en 2018 para coordinar el trabajo administrativo, hay algunas distinciones.

En el caso de DD.HH. hay una inconformidad explícita de los comités de la UDI y RN contra los comités de la oposición, cuyo reclamo llegó hasta las reuniones con la presidencia del Senado. Mientras que el caso de Guillier es una acción individual contra el PS específicamente, ya que el comité de independientes, al cual pertenece, no se ha pronunciado, sino que ha guardado ese tipo de “silencio que otorga”, según comentan en el PS. Lo complicado de este último es que, advierten en Ética, en el papel del acuerdo está escrito con nombre y apellido que el senador por Antofagasta sería el reemplazo de Carlos Montes.

Inhabilitación: en la Comisión de Ética hay dos senadores que son directamente aludidos por los reclamos. Coloma como jefe de comité de la UDI e Insulza en la misma calidad en el PS.

Hasta ahora, los parlamentarios no se han inhabilitado para ver los anteriores casos, ¿pero tendrán que hacerlo cuando estos dos reclamos deban deliberarse? Difícil, porque el reglamento obliga a esta instancia a contar con un quórum de cuatro senadores para sesionar y para tomar acuerdos.

Plazos: no existe un tiempo específico para pronunciar un fallo, sin embargo, asumiendo la importancia de estos temas, se espera que haya una resolución durante este mes.

En este último tiempo la Comisión de Ética se ha abocado a revisar causas en que los parlamentarios han cometido faltas a su actuar como senadores.

Por ejemplo, en enero se multó con 10 UTM a la senadora Ximena Rincón (DC) por no haber subido al sistema de audiencias en el plazo correspondiente una reunión con la agrupación de asesores previsionales.

En estos días se analiza una presentación contra los senadores Alejandro García-Huidobro (UDI), Adriana Muñoz (PPD), Manuel José Ossandón (RN), Juan Castro, Isabel Allende (PS), Juan Pablo Letelier (PS) y el mismo José García por no haber pagado la totalidades de las contribuciones, según apareció en un reportaje de TV.