Ha sido durante estas semanas que al interior de la bancada de PS en la Cámara de Diputadas y Diputados se ha producido distancia entre los legisladores con el diputado Raúl Leiva. Luego de que se conociera que su hermana fue nombrada notaria en la Primera Notaría de Lo Espejo -a lo que se suma que su hermano Francisco, su sobrino Felipe y su tío Raúl son también notarios- el tema caló al interior del comité socialista.

El nombramiento de la hermana de Leiva generó cuestionamientos no solo por el nexo familiar, sino que también por la rapidez con la que se dio ya que la abogada se tituló en octubre de 2020.

Pero lo cierto es que Leiva no es el único en la bancada con vínculos con los notarios. Quien también tiene una relación con ellos es el asesor legislativo de los diputados PS: el abogado Enrique Aldunate Esquivel, quien en la práctica es como el jefe de asesores del comité, cargo que formalmente lo tiene el exdiputado Marcelo Schilling.

Aldunate es el asesor más influyente del personal de apoyo del comité PS. Su rol consta en colaborar con los diputados -entre ellos Leiva- en las labores típicas del Congreso Nacional, como la redacción de proyectos de ley o la tramitación legislativa. De hecho, el abogado va todas las semanas al Congreso.

Pero Aldunate también tiene otro trabajo, pues hace al menos tres años que es asesor de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales. De hecho, por medio de la sociedad Aldunate, Mallega y Compañía -que conformó junto a la abogada Gaby Mallega el 13 de enero de este año- colabora formalmente con la agrupación en lo relativo a los temas de “compliance”, lo que es definido como el trabajo interno que hace una organización para ajustarse a las leyes y regulaciones internas del país.

En el Congreso Nacional históricamente ha llamado la atención los nexos de los políticos con los notarios, pues se han dado varios casos. Por ejemplo, entre algunos notarios se encuentran la esposa del senador Francisco Huenchumilla (DC), la hija del senador Sergio Gahona (UDI), la madre del senador Francisco Chahuán (RN), la tía del diputado Gaspar Rivas (PDG), entre otros.

Sin embargo, el caso de Leiva ha sido de los más polémicos por la cantidad de familiares que tiene como notarios, al punto que el propio gobierno criticó el asunto.

El pasado 3 de noviembre, el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que “este es un proceso que al Ejecutivo no le gusta”. Una polémica que se ha dado en momentos en que en el Congreso Nacional se está discutiendo en segundo trámite constitucional en el Senado el proyecto de ley que modifica el sistema notarial, con medidas como modificaciones al sistema de nombramiento, el sistema de fiscalización, dotar de mayor transparencia y reducir además los trámites notariales. Una iniciativa en la que desde el mundo notarial han intentado influir a los parlamentarios.

El caso de Aldunate ha provocado inquietud entre abogados del Congreso Nacional, pero el propio jurista dice que su labor se limita a asesorar internamente a los notarios y no interviene directamente en los proyectos de ley que afecten a los notarios por el conflicto de interés. “En cualquier conflicto de interés, naturalmente nos inhabilitamos. Nuestra intervención en el proyecto de notarios ha sido nula”, asegura Aldunate a La Tercera.

Sobre su labor, el abogado explica que “hacemos asesorías en el sentido de que establecemos todas las exigencias que la ley vigente ha incorporado de estándares de probidad y ética en las organizaciones. Y a partir de esa exigencia, lo que hemos efectuado con la Asociación de Notarios y Conservadores es una adecuación a sus estatutos y normativa interna para adecuarlos a los estándares de toda organización”.

Adicionalmente, parte de sus asesorías dicen relación con informar a los notarios respecto del sistema de lobby y gestión de intereses con autoridades, pero Aldunate afirma que no interviene directamente para hacer la gestión, sino que solamente informa sobre cómo funciona la ley 20.730 que regula el tema.

En el Congreso Nacional, en todo caso, también han existido reparos por otros asesores legislativos con doble trabajo. Por ejemplo, en mayo se cuestionó al abogado Pablo Urquízar por asesorar al Ejército, y al diputado Andrés Longton (RN), al mismo tiempo en momentos en que se iba a interpelar a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En medio de la polémica por los nombramientos, otro nombre en el PS que es mirado con atención es el jefe de la división judicial del Ministerio de Justicia, Héctor Valladares, un cargo clave para los nombramientos. En el Congreso su figura ha vuelto a inquietar, ya que a él se le atribuye la demora en las tres nominaciones pendientes para la Corte Suprema.

En un oficio a mediados de este año enviado por la diputada independiente Gloria Naveillán a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, inquirió sobre la cantidad de nombramientos pendientes en distintas materias -como los notarios- y reclamó sobre la labor de Valladares y de Cordero.

“Es reconocido el trabajo del ministro quien se ha instalado en las distintas comisiones del Congreso Nacional. Sin embargo, no hay un cronograma ni línea de trabajo bien definida. A mayor abundamiento, es recurrente ver al Sr. Valladares, jefe de la división judicial, en las cafeterías de ambas corporaciones, mientras el ministro está dentro de las comisiones o las salas respectivas, surgiendo dudas, a saber, sobre su función y su real colaboración en la agenda que intenta impulsar el ministro”, dice el texto.

La diputada republicana Chiara Barchiesi, en tanto, sostiene que “desde que asumió Héctor Valladares hemos tenido un retraso en todos los nombramientos judiciales, no sólo en lo que respecta a la Corte Suprema, sino también en los nombramientos de los Tribunales de primera instancia y Tribunales Superiores. Pero curiosamente, cuando se trata de los nombramientos de las hermanas de los diputados del Partido Socialista, los visa en un tiempo récord de 24 horas”.

En esa línea, agrega que “tenemos que reconocer que la división judicial no ha sido capaz de consensuar un solo nombre, dificultando la adecuada integración de las salas y el acceso a la justicia”.

Valladares es una figura cercana al PS. Tiene buena relación con el senador Alfonso de Urresti y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.