El esquivo Yáñez: general director de Carabineros no declara ante fiscal por casos del estallido social

Para esta jornada estaba agendado que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declarara -como imputado- ante la fiscal Ximena Chong, lo que finalmente no se concretó. La indagatoria que dirige la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga presuntos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social desde una responsabilidad superior o de “mando”.

Inicialmente, la declaración del general estaba fijada para el 31 de agosto, sin embargo, en aquella oportunidad se excusó, por lo que su comparecencia quedó fijada para este martes 20 de septiembre. Esta vez, la máxima autoridad policial se resguardó en su derecho de fijar lugar para declarar, lo que está contemplado en el Artículo 301 del Código Procesal Penal y que es una prerrogativa exclusiva de presidentes de la República, comandantes en jefe del Ejército y del general director de Carabineros.

La comparecencia de Yáñez se origina por la presentación de dos querellas por parte de abogados particulares y se enmarca en las indagatorias iniciadas a partir de presuntos apremios ilegítimos entre el 18 de octubre de 2019 y hasta el 30 de marzo de 2021, en el contexto del estallido social.

En aquel entonces, la institución era dirigida por el general (R) Mario Rozas, mientras que Yáñez se desempeñaba como jefe de Orden y Seguridad de la policía uniformada, cargo clave del Alto Mando durante la crisis social, ya que el general estaba a cargo de las estrategias para enfrentar las manifestaciones, las que en ocasiones terminaron con heridos, incluyendo personas con lesiones oculares a raíz del daño provocado por el lanzamiento de bombas lacrimógenas.

En la misma línea de esta estrategia judicial, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas (2018-2020), ha solicitado marginar de la dirección de la investigación a la fiscal Chong, por considerar que no da garantías de imparcialidad. Esto -de acuerdo a ese argumento- ya que la persecutora forma parte de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) al ocupar un puesto en el consejo consultivo. Los dardos de Rozas apuntan a que esa misma organización fue una de las que inició la causa relacionada a la responsabilidad de mando.

Ante la solicitud de Rozas, el fiscal regional, Xavier Armendáriz, rechazó inhabilitar a la investigadora, lo que motivó que el exgeneral director de Carabineros presentara un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sobre Yáñez, una vez conocida su citación, y consultado por la prensa durante una actividad pública el 24 de agosto pasado, el ahora director general de Carabineros afirmó que “estamos en un país que tiene un estado de derecho y obviamente yo como cualquier ciudadano y particularmente aquellos que ejercemos roles como directores de instituciones tenemos que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y la cooperación en la investigación que está llevando adelante la fiscalía”.

Junto con eso, aseguró que concurriría “en las instancias que sean necesarias como ya lo he hecho en otras oportunidades”.

Consultados hoy por La Tercera PM, la defensa del director general, compuesta por los abogados Jorge Martínez y Sergio Contreras, explicaron que “el general Yáñez siempre ha estado dispuesto a colaborar en todas las instancias en que ha sido requerido. Ese es un compromiso de su gestión al mando de Carabineros de Chile. Respecto a la citación realizada por la fiscal del Ministerio Público Ximena Chong, el general hizo uso de su derecho consagrado en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que pueda entregar su testimonio en el lugar en que ejerce sus funciones o su domicilio”.

Los abogados agregaron que “el motivo de esta decisión se basa, principalmente, en tres aspectos. El primero tiene relación con el ejercicio de la defensa. Recién en septiembre se entregó a la defensa copia de la carpeta investigativa, que cuenta con 35 tomos, cada uno de 750 hojas. Entonces, es necesario estudiar responsablemente todo este material que ha recopilado la indagatoria”.

El segundo, explicaron Martínez y Contreras, es que “durante septiembre el general estuvo una semana en la ONU, y luego centrado en las actividades relacionadas a las Fiestas Patrias. En este marco, no ha sido posible concretar una reunión entre el general Yáñez y su equipo jurídico, algo que resulta fundamental para ejercer una debida defensa”.

El último punto, aseguran, tiene relación con la jerarquía. “A nuestro entender, al tratarse del general director de Carabineros, corresponde que la citación sea evacuada por el fiscal regional o el fiscal nacional, en su defecto”, indicaron.

Esta no es la primera vez que el general director debe declarar ante una persecutora por causas ligadas al estallido social. En abril del año pasado debió hacer lo mismo ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien estaba a cargo de las investigaciones iniciadas el 2019 y que hoy están en manos de Chong.

En aquel entonces, y ante el emplazamiento de Perivancich sobre si hubo alguna orden de desplegar un ataque sistemático a la población, Yáñez lo descartó. En esa línea, afirmó que “la mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros. Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en sentido contrario, esto es, cumplir los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar la integridad de los detenidos, y esto aún en situaciones de agresión a Carabineros o que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés por recuperar el orden público”.

Respecto a su rol -desde el 18 de octubre de 2019-, señaló que él tenía que dirigir y planificar los servicios operativos, y que en aquel entonces “de un total de 60.000 funcionarios, sólo 2.000 carabineros estaban destinados a cumplir esta labor específica, técnica y especializada”.

Consultado sobre quién disponía cómo se debía actuar ante una manifestación, explicó que la “determinación de actuar por parte de Carabineros frente a una manifestación, con independencia de si existía o no autorización, se resolvía desde que la manifestación se tornara violenta, considerando que la mayoría de las convocaciones se efectuaban de manera espontánea y a través de redes sociales. Respecto de la situación en Santiago, existía una coordinación permanente entre los jefes policiales y la intendencia”.

Finalmente, y respecto a la relación con el Ministerio del Interior, aseguró que “los lineamientos del gobierno apuntaban a resguardar a las personas, la propiedad pública y privada y minimizar los riesgos de daños a las personas y a personal de Carabineros”.