“Tengo una reunión ahora, yo ya he hablado harto del tema”.

Raudo por los pasillos de la sede del Senado en Santiago, el presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, esquivó las cámaras y los micrófonos de la prensa apostada fuera de una de las salas del edificio durante la tarde de este jueves. Y es que más temprano, el senador ya había dicho “demasiado” para La Moneda y el Partido Socialista (PS).

En medio del lío de platas políticas que involucra al exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras (RD); al presidente de la Fundación Democracia Viva y exdirigente Fech, Daniel Andrade (RD); y a la diputada por la II Región, Catalina Pérez (RD), sumó una nueva arista: el nexo entre los tres militantes fue denunciado por la funcionaria del Serviu Antofagasta Carla Olivares el 2 de mayo pasado en un mail con copia a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también militante de RD.

Con ese nuevo antecedente entre manos, Latorre no dudó en salir a respaldar a Rojas. Ayer jueves, en conversación con Radio Concierto, el senador se refirió al tema y señaló que ha conversado con la subsecretaria, y que “apenas ella recibe la información lo conversa en el ministerio (de Vivienda), con el ministro (Carlos Montes) y también con todo su gabinete y empieza a recabar información con el seremi (...)”.

El llamado del ministro de Vivienda, Carlos Montes, al celular del timonel oficialista no se hizo esperar. Más tarde, el titular del Minvu explicó que “a nosotros nos llegó una información diciendo que en esa región en el Serviu, se estaban contratando demasiadas personas de RD vinculadas a las fundaciones, frente a esto yo le hice ver a la subsecretaría que tenía que investigar”. Y Latorre debió recular.

Pero si el intento del senador de blindar a la autoridad de su partido cayó mal en La Moneda, en el PS fue un misil a una de sus autoridades y doblaron la ofensiva. Algunos diputados comenzaron a exigir la salida de Rojas y a blindar al ministro Montes.

El tropiezo de Latorre -en medio de la crisis que azota a su partido- se suma a otros traspiés del timonel. Ya en mayo, previo a la elección de 7-M, había recibido la distancia del oficialismo y de La Moneda tras señalar que si “la derecha más la extrema derecha logren sumar los 3/5, el texto quede peor que la Constitución del 80 y se arriesga rechazar el texto”.

Tras la cuenta pública, y en entrevista con La Tercera, el senador -abordando el discurso presidencial y el contexto político tras las dos derrotas electorales del sector- hizo un paralelo con lo que había sido el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Acá no hay ninguna renuncia como ocurrió con el gobierno de la Presidenta Bachelet, estamos en otro contexto. Del “realismo sin renuncia” se ha hablado mucho, y yo no aplicaría esa misma categoría”.

La molestia escaló hasta el PS, y hasta la propia jefa de Interior, Carolina Tohá.

Esos hechos, y los vaivenes del senador en el abordaje del caso -de calificarlo como un “error político” a anunciar una solicitud de suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez- pone en cuestión su rol en medio de la crisis.

Asumido hace 11 meses atrás en la presidencia de RD, al senador aún le resta más de un año de período a cargo del partido más longevo del Frente Amplio. Luego de que estallara la crisis, algunos advierten -en privado- que el parlamentario debiera endurecer el tono hacia la interna y tomar un rol más ejecutivo en la contención del momento político. Con esa visión, algunos son nostálgicos de épocas donde el partido dentro del Frente Amplio gozaba de mayor hegemonía y de dirigentes más “fuertes”, como la misma Pérez durante su período a la cabeza del partido, o cuando Giorgio Jackson tenía mayor incidencia interna.

Por eso mismo, en las últimas dos reuniones del consejo político nacional se ha refrendado la idea de constituir una comisión de crisis con miembros de la comisión política nacional, parte de la directiva y militantes históricos, que elabore y reciba propuestas de distintos personeros del partido, como los alcaldes -las figuras mejor evaluadas de la tienda en los sondeos de opinión- para hacer frente a los escándalos en los que últimamente se ha visto envuelta la colectividad.

En la cita de ayer por la tarde, según pudo constatar La Tercera, las alcaldías de RD -entre ellas Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Tomás Vodanovic (Maipú), Emilia Ríos (Ñuñoa), Carla Amtmann (Valdivia) y Luis Valenzuela (Tiltil)- manifestaron su rechazo y preocupación por las graves faltas a la probidad cometidas por militantes del partido. “Dijimos que estas prácticas no tienen cabida en el proyecto”, afirma en privado una fuente de la colectividad.

En esa línea, solicitaron que se acelere la expulsión de los dos responsables -la que ya fue instruida por la mesa- y, a la vez, recalcaron la necesidad de suspender la militancia de Pérez, “hasta que esclarezca si tuvo o no participación” en los hechos que presuntamente podrían configurar delitos y sobre los que la Fiscalía abrió una investigación de oficio.

La acción, y en un giro a la actitud que había tenido Latorre respecto de la diputada Pérez, fue confirmada por él mismo tras la reunión de coordinación oficialista que se realiza cada viernes.

“Las alcaldías de Revolución Democrática y distintos dirigentes estaban solicitando congelar o suspender la militancia de nuestra diputada Catalina Pérez (...). Hemos definido en el consejo político presentar ante el Tribunal Supremo una medida cautelar de suspensión de militancia, eso es algo que finalmente lo tiene que acoger el Tribunal Supremo contra la diputada Catalina Pérez mientras duren las investigaciones. Ella ha manifestado toda la disposición a que la investiguen, a abrir sus cuentas corrientes, sus equipos electrónicos, computadores, WhatsApp”, señaló.

Desde el partido, también decidieron querellarse contra quienes resulten responsables en el caso del millonario convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. “Caiga quien caiga, sin doble estándar, sin silencios cómplices”, selló Latorre tras el anuncio.