El factor México: ¿La ruta de escape de Pedro Castillo?

México se ha transformado en un factor clave en la crisis política que vive Perú. Cuando el expresidente Pedro Castillo fue detenido el miércoles, luego de haber sido destituido por el Congreso, se dirigía justamente hacia la embajada de ese país en Lima.

El mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó el jueves que Castillo llamó el miércoles su oficina en el Palacio Nacional para avisar que iba camino a la embajada de México en Lima para solicitar asilo y que él ordenó al embajador abrirle la puerta. “Habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono e iba a solicitar asilo, y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a (el canciller mexicano) Marcelo Ebrard y le informé, que hablara con el embajador y le abrieran la puerta”, dijo el mandatario durante su conferencia diaria.

“Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías, y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”, relató AMLO.

Tras insistir en que México mantiene el principio de no intervención en asuntos de otros Estados, AMLO lamentó la destitución de Castillo, y dijo que las élites políticas del país estuvieron detrás de esta crisis. “Sí lamentamos mucho lo que sucedió. Desde que ganó legal legítimamente fue víctima de acoso, de confrontación, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites políticas. Lo consideraban serrano. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú”, dijo AMLO.

La crisis política se desató el miércoles cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional, lo que se interpretó ampliamente como un golpe de Estado, por lo que los congresistas lo destituyeron por incapacidad moral. Posteriormente, fue detenido y trasladado a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú, en el mismo recinto donde se encuentra recluido el también expresidente Alberto Fujimori.

El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó el jueves siete días de detención para Castillo, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de rebelión y conspiración. La decisión fue adoptada luego de una audiencia en la que la fiscalía sustentó la necesidad de la medida para asegurar las indagaciones.

La mañana del jueves el exmandatario peruano recibió varias visitas, desde su abogado, pasando por excongresistas, aunque una visita clave fue la del embajador de México en Perú, Pablo Monroy, oportunidad en la que le ratificó su solicitud de asilo al gobierno mexicano, según lo dio a conocer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje en su cuenta de Twitter. En este precisó que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo.

“El embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13.20 horas con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado”, escribió Ebrard. “Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados”, indicó.

Ebrard adjuntó en su mensaje la carta remitida por el abogado de Castillo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitó asilo para el exmandatario peruano “frente a la persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político”.

“Habiendo creado esos órganos un clima de indefensión extrema y de persecución puramente política de todo aquel que piensa diferente al grupo oligárquico que impera sobre todas las instituciones del país”, continuó y destacó que Castillo está en “grave riesgo”.

Por su parte, AMLO también retrasó el reconocimiento de la nueva mandataria peruana, Dina Boluarte. “Eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos están haciendo sus análisis sobre la situación, hay que esperar un tiempo, está muy fresco todo, sí nos tenemos que apegar a los principios constitucionales, de no intervención”, declaró en su conferencia de prensa diaria.

En los 497 días que Castillo estuvo en el poder no solo acumuló escándalos, sino que también fue acusado formalmente por la fiscalía a través de una denuncia constitucional por liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

En octubre pasado, Castillo replicó que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú”.

Sería justamente esa la razón, según algunos expertos, por la que no se le otorgaría el asilo, debido a que el artículo tercero de la Convención de 1954 de Caracas establece que “no es lícito” otorgar asilo a personas que al tiempo de solicitarlo están acusadas de cometer delitos comunes.

Así a los procesos por aparente corrupción de Castillo, se sumarían los que habría cometido por el intento de golpe de Estado y las violaciones constitucionales.

Sin embargo, expertos penalistas indican que el mandatario podría ser liberado en siete días, porque será difícil probar el delito de rebelión, porque es un delito que conlleva “levantarse en armas” y el exmandatario ni usó ni convocó las armas en el fallido autogolpe, indican.

Los expertos señalan que se le debió acusar de abuso de autoridad, desacato y usurpación de funciones. Sería en este contexto en que la posibilidad de que Castillo se asile en México crece. A ello se suman las especulaciones en distintos entornos de que el embajador Monroy le habría entregado un pasaporte o un salvoconducto al exmandatario.

La Cancillería convocó al embajador de México para “transmitirle la extrañeza que han generado en el Perú las expresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Canciller Marcelo Ebrard, respecto a los procesos políticos en el país”, las que calificó como una “injerencia en los asuntos internos del Perú”, informó ayer la cadena RPP.

No sería la primera vez que México ocupa un rol central en la crisis de un país de la región. En noviembre de 2019, Evo Morales pidió asilo político a México y le fue concedido, por razones humanitarias, “en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Morales había anunciado su renuncia, poco después de que las Fuerzas Armadas de Bolivia sugirieran al entonces mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política que vivía el país tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de octubre de ese año.