Estaba casi todo listo para que el viernes pasado el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunciara -a propósito de la Navidad- una serie de indultos particulares a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. La contingencia de los graves incendios en la Región Valparaíso, sin embargo, cambiaría los planes de La Moneda.

“En estas fiestas de fin de año (...) lamentablemente no estamos todos. Nos faltan nuestros presos políticos del estallido social, los cuales salieron a luchar a nuestras calles por todos nuestros derechos sociales y lamentablemente fueron fuertemente criminalizados. Hago el llamado al gobierno, a conceder los indultos particulares y retirar las querellas que existan”, dijo -a través de un video que difundió por distintos canales- ese mismo viernes la senadora Fabiola Campillai, una de las principales impulsoras de la medida.

La legisladora ha asumido un rol activo en el indulto. Incluso, ayer llegó a La Moneda para insistir en su llamado ante la ministra Carolina Tohá (Interior) y pedir una cita con el propio Mandatario, ejerciendo una presión que empuja al gobierno hacia sus adherentes más duros.

Sin embargo, en La Moneda el anuncio de un indulto particular -luego de que el proyecto original en el Senado no prosperara- estaría suspendido hasta nuevo aviso. “El problema es que no hemos encontrado el timing”, afirma un integrante del gabinete, a la vez que confirma que la decisión de otorgar el beneficio está tomada.

De hecho, el Ministerio del Interior fue el encargado de levantar un catastro de los casos que cumplirían los requisitos, los que también han sido revisados por el Ministerio de Justicia, cartera que recibe las solicitudes de indultos.

“El martes tuvimos una reunión con la ministra Tohá. Ustedes saben que desde que me ocurrió el disparo que me cegó y desde que soy senadora he luchado incansablemente por los derechos humanos y así lo voy seguir siendo. Me encargaré de que el gobierno no pierda el enfoque en materia de derechos humanos, que tanto necesitamos en el país”, dijo la senadora Campillai, luego de reunirse con Tohá.

En Palacio son conscientes de que recibirán críticas si es que se concreta la entrega de los indultos, por lo que creen que nunca existirá un momento perfecto para anunciarlo. Por ejemplo, fuentes de gobierno, señalan que si al inicio de la nueva administración se evitó concretar la medida para no generar efectos negativos en el plebiscito de nueva Constitución, luego del triunfo del Rechazo se buscó dar señales en torno a la seguridad y la economía.

Hasta ahora, el Mandatario solo ha concedido dos indultos por razones humanitarias y ninguno relativo al estallido social. El primero fue concedido a Byron Soto Rojas, de 22 años de edad, quien padecía un cáncer avanzado y falleció al poco tiempo de salir en libertad, tras haber cumplido -desde el 12 de julio de 2019- casi tres de los 10 años de presidio a los que fue condenado por robo en lugar destinado para la habitación.

El segundo, fue concedido el 25 de noviembre pasado a Hernán Núñez, quien cumplía condena por robo con fuerza en lugar habitado y también se encontraba enfermo.

Son varios los casos que el gobierno analiza para autorizar los indultos, y algunos están en una etapa más avanzada que otros.

Entre ellos, está Jordano Santander, quien en 2021 fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por el homicidio frustrado de un funcionario de la PDI en San Antonio, por el delito consumado de receptación y por impedir el libre ejercicio de la autoridad, hechos perpetrados en marzo de 2020. De acuerdo con antecedentes aportados por su defensa, mantiene informes concluyentes respecto del progresivo deterioro de su salud mental, lo que sería crucial en el análisis respecto de si será o no indultado.

Cristián Cayupán es otro de los condenados que ha solicitado el beneficio al Mandatario. En su caso, fue sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado a una detective en Pudahuel en 2019. Con miras a obtener el beneplácito por parte del Presidente, se apela a que las mayores lesiones que sufrió la víctima por la cual lo condenaron, fueron fruto de la acción de otro funcionario policial.

Asimismo, se encuentra en el listado Felipe Santana, quien fue condenado a siete años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en 2019. Esto, en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

A ellos se suma Bastián Olguín, quien fue condenado a tres años y un día como autor del delito de incendio, y a 71 días de presidio como autor del delito de receptación, ocurridos en 2019. Y también, Mattias Berrocal, quien fue condenado a 5 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de lanzamiento de artefactos incendiarios y disparos injustificados en la vía pública, en la comuna de Peñalolén en 2020.

Pese a que dichos casos serían los que tendrían “prioridad” para obtener la “luz verde” del Presidente, fuentes de gobierno también analizan otros nombres, como el de Matías Rojas, condenado a 5 años por el lanzamiento de artefacto incendiario; Alejandro Carvajal, sentenciado a 5 años y un día por el incendio que afectó a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en Providencia, y el de Francisco Hernández, encontrado culpable del lanzamiento de artefacto incendiario en la vía pública. Todos encausados por hechos cometidos en 2019.

Sin prejuicio de esto, Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, asegura que como asociación han asesorado a otros imputados en la presentación de sus antecedentes, por lo que recalca que el número de solicitudes de indultos particulares que estarían en manos del Presidente y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, sería mucho mayor. Consultados a este respecto, desde dicha cartera declinaron entregar una versión.

De todas maneras, Durán afirma que el gobierno ha dado “pésimas señales en este sentido”. “Esto fue una promesa de campaña y no han cumplido absolutamente en nada. Por lo demás, la represión por parte de Carabineros sigue en las calles y ellos no han podido revertirlo. Además, nosotros teníamos una mesa de trabajo con miras a la presentación de nuevo proyecto de indulto, pero eso se paró unilateralmente por parte de la ministra de Justicia hace al menos tres meses y todo quedó en nada”, indicó.