El historial de desencuentros entre el PC y el gobierno de Boric que tensiona al oficialismo
Aunque no es la primera vez que han tenido diferencias con el Ejecutivo, en esta ocasión los parlamentarios comunistas escalaron su tono crítico hasta el Presidente, quien hizo un "mea culpa" sobre el expresidente Sebastián Piñera, lo que desató la furia entre los legisladores de la tienda que encabeza Lautaro Carmona.
Desde el inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista ha jugado un rol clave en el Ejecutivo. La representante de la colectividad más relevante en La Moneda es la titular de la Segegob, Camila Vallejo, quien ha debido convivir dentro del gabinete con una serie de desencuentros que tiene su colectividad con las medidas que impulsa el Mandatario.
Los cuestionamientos mayoritariamente han provenido desde las filas parlamentarias, sin embargo, también ha habido críticas desde la propia mesa que lidera Lautaro Carmona.
De todas formas, en el oficialismo apuntan a los legisladores, lo que quedó manifestado por la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien en radio Duna indicó este martes que “veo cierta animosidad de golpear al Presidente. (...). Hay un sector del PC que es muy crítico de todas las decisiones que adopta el Presidente”. El domingo, la timonel ya había acusado un “oposicionismo preocupante” de parlamentarios comunistas.
Además de los ministros PC en el gabinete, quienes también han debido afrontar esta situación han sido los timoneles que han estado al mando del PC durante la administración Boric, Guillermo Teillier -quien dejó el cargo al fallecer en agosto de 2023- y Carmona.
Últimamente la gestión de Carmona ha debido salir al paso de las críticas que se han transparentado desde el Congreso, sobre todo en medio de la agenda de seguridad que ha encabezado la ministra del Interior, Carolina Tohá.
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El pasado viernes, sin embargo, las críticas subieron de tono y se concentraron en el Presidente Boric, quien realizó un mea culpa en el funeral de Estado que organizó en memoria de su difunto antecesor, Sebastián Piñera. En particular, su autocrítica se centró en las “querellas” y “recriminaciones” que su sector empleó “más allá de lo justo y lo razonable” durante el estallido social de 2019.
Inmediatamente salieron a desmarcarse de esa postura las diputadas PC, Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Alejandra Placencia, Daniela Serrano y Nathalie Castillo, así como también el parlamentario Matías Ramírez y la senadora Claudia Pascual.
Hertz y Pizarro incluso acusaron un tono “negacionista” en los dichos del Mandatario, en referencia a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante ese año, el momento más complicado de la segunda administración de Piñera.
El tema abrió una fuerte discusión entre el PC y el Socialismo Democrático, particularmente con el PS, en donde Vodanovic apuntó este lunes, en una reunión con otros timoneles oficialistas, que “el 30% es el que peor trata al gobierno”, en referencia al porcentaje más duro de apoyo al gobierno, del que se suele hablar.
Juan Andrés Lagos, representante del PC en la instancia, le retrucó que su partido no corresponde a ese porcentaje. Además, le mencionó al PS que su partido también ha debido enfrentar discolaje de algunos de sus parlamentarios.
Pero lo cierto es que la arremetida contra el discurso de Boric no ha sido el único episodio de desencuentros entre el PC y el gobierno.
En septiembre de 2022, el Presidente Boric enfrentó por primera vez las esquirlas de dirigir un cambio de gabinete. El oficialismo había perdido días antes el plebiscito del 4 de septiembre, tras la victoria del “Rechazo” y el Ejecutivo reacomodó sus piezas.
En ese momento, Boric pensó en Nicolás Cataldo como carta para la Subsecretaría del Interior, lo que finalmente no ocurrió luego de que circularan antiguas publicaciones del hoy ministro de Educación en contra de Carabineros. Esa fue una de las primeras molestias notorias del PC con el Presidente, quien, en el mismo reajuste ministerial, integró a su comité político al Ministerio del Trabajo, liderado por la militante comunista Jeannette Jara.
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Esa jornada también llevó al Socialismo Democrático al corazón del comité político, quedando como ministra del Interior, y encargada de la agenda de seguridad, Carolina Tohá.
Desde ese momento en adelante se vivieron distintas discrepancias con una batería de proyectos de seguridad que fueron liderados por Tohá. El caso más emblemático fue la ley Nain Retamal, cuya votación de los artículos más emblemáticos -respectos a la llamada “legítima defensa privilegiada”- fueron rechazados por el PC -y el Frente Amplio-, a contrapelo de lo ideado por el Ejecutivo.
Como parte de la agenda de seguridad de Tohá, el Partido Comunista también se ha opuesto a la idea de decretar estado de emergencia en la Región de La Araucanía.
Además, desde el mundo parlamentario también cuestionaron la idea del Presidente Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) -apuntaron a que “fragiliza la democracia”-, hito que generó que la comisión política del partido convocara a una reunión extraordinaria, en donde se desmarcaron de dichas críticas y respaldaron a regañadientes la idea del Ejecutivo.
Otro tema que se tomó el primer año de gobierno de Boric fue la crisis que generaron los indultos a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, lo que provocó las renuncias de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de Matías Meza Lopehandía, exjefe de gabinete de Boric. Ambos militantes de Convergencia Social. Si bien la decisión que tomó el Ejecutivo fue aplaudida desde el PC, generó incomodidad el aviso de que no se volverán a conceder dichos beneficios a personas vinculadas con el 18-O.
Sobre el tema del estallido social, en el PC también se desmarcaron del plan del Mandatario respecto de revocar las pensiones de gracia otorgadas por daños ocurridos en el marco del 18-O, a quienes cuenten con antecedentes delictuales. Por esta situación, la diputada María Candelaria Acevedo advirtió que iban a analizar si acudir al Tribunal Constitucional por esta medida o, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro hito que también generó discrepancias entre el Ejecutivo y el PC fue la organización de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado, cuyo delegado inicial fue Patricio Fernández.
En el PC apuntaron contra este último por una declaración que entregó en Radio Universidad de Chile, en donde indicó que “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado”. Dichas presiones -a las que se sumaron organizaciones de derechos humanos- significaron la renuncia al cargo del exconvencional.
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