El huracán Dorothy: en su primer día como contralora subrogante eliminó seis jefaturas y reestructuró por completo el organismo

El lunes 20 de agosto de 2018 el entonces contralor Jorge Bermúdez le pidió la renuncia a la subcontralora Dorothy Pérez. ¿El motivo? La pérdida de confianza, ya que había sido citada como testigo en la investigación del fraude en Carabineros. La abogada se negó a dejar su cargo y se generó un litigio que llegó hasta la Corte Suprema, que le dio la razón y la dejó como una inamovible del organismo. Un estallido social, un proceso constituyente, una pandemia y cinco años pasaron hasta que este lunes 18 de diciembre Dorothy Pérez hizo su llegada triunfal al edificio de Teatinos 56 como contralora general de la República subrogante.

Había expectación de cómo sería su arribo. Llegó a primera hora y se reunió con su círculo más cercano. Su primera medida fue pedir la renuncia del jefe de gabinete, Tomás Mackenney. Sin embargo, éste ya había renunciado. ¿La segunda? Dictar dos resoluciones en las que reestructura por completo el funcionamiento del organismo. Una de ellas cuestiona la gran cantidad de funcionarios que existían en la “era Bermúdez” en la jefatura de gabinete, por lo que decidió pasar de 9 unidades a solo tres, y para ello argumentó el buen control de los recursos públicos.

“Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaria General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 o 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones. Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”, se lee en la resolución.

Junto con esto Pérez desliza una férrea crítica a cómo se utilizó el personal de su exjefe. “el Gabinete de la Contraloría General fue creado para desarrollar labores de apoyo a la jefatura de servicio. Sin embargo, pese a que sus tareas son principalmente de soporte y no sustantivas de línea, en la actualidad, luego de las diversas adecuaciones que le han sido realizadas (...) ha llegado a contar con una dotación funcionarial de 133 personas, que representan un 6,09% de la dotación total de la institución, por lo que dicho equipo se advierte sobredimensionado, tanto en su estructura como en su composición, pues además cuenta con 9 unidades y 10 jefaturas, como se aprecia en su organigrama”.

Esta resolución provocó el primer batacazo: sacó seis unidades de gabinete. El personal, según la resolución, se irá a labores en regiones o a la nueva división estrella creada esta mañana: División de Gobiernos Regionales y Municipalidades. Esta última, comentan, busca adaptar la fiscalización a los actos de corrupción de los gobiernos locales y regionales que tanto han impactado a la opinión pública, como lo que ocurre con el caso “líos de platas” y los alcaldes hoy formalizados por mal uso de recursos fiscales.

“Conforme a la presente resolución sus unidades bajaran de 9 a 3 y se reducirá su dotación destinando parte de ella a realizar labores directas de fiscalización, jurídicas, o de control de personal, ya sea en las Contralorías Regionales, en la nueva División de Gobiernos Regionales y Municipalidades o en otros equipos de línea”, se lee en la resolución que deja un organigrama más reducido.

Pese a que todas estas resoluciones resultan transitorias, ya que un nuevo contralor o contralora podría revertir las medidas, se sabe que la nominación de una nueva autoridad fiscalizadora será difícil por el consenso que debe buscar La Moneda con el Congreso. Es por eso que no pocos aventuran que el “reinado” de Pérez podría extenderse. Por eso los primeros movimientos de la abogada causaron alta tensión en Teatinos 56, una entidad que suele estar alejada de las polémicas.

Aprovechando además la contingencia, Pérez y su equipo decidieron poner énfasis en auditorías a municipios y gobiernos regionales.

“Tres dependencias de la Contraloría General cuentan con cerca de 60 jefaturas superiores e intermedias a cargo de equipos de trabajo cuyas labores son principalmente de soporte y coordinación. Es decir, realizan tareas diversas de las actividades sustantivas de línea y esenciales de control que la Constitución y la ley mandatan realizar, por lo que se debe modificar la estructura organizacional, a fin de optimizar el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles, para el cumplimiento directo de las funciones institucionales, y de manera que también resulte mas coherente con el proceso de descentralización del país”, se lee en los argumentos de Pérez.

Para la contralora (S) era necesario dotar al organismo de una “dependencia especializada y robusta en el ámbito de la regionalización y descentralización administrativa del país, que se encargue del control jurídico, contable y financiero de los gobiernos regionales y de los municipios. RESUELVO: Crease la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, como dependencia de la Contraloría General de la República”.

Entre las funciones, se lee en la resolución, está “fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio publico, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos y respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría General de la República”.

Las salidas de abogados y funcionarios también marcaron su primera jornada. Hasta la tarde del lunes 18 de diciembre ya les había pedido el cargo a, al menos, 10 personas y ha hecho aproximadamente 50 ajustes de cargo y grado. Uno de las remociones, por ejemplo, fue el jefe de comunicaciones de Contraloría.

Junto a Pérez arribó esta mañana quien oficiará como su jefe de gabinete, Alejandro Riquelme, además de quien reemplazará a Camilo Mirosevic en la División Jurídica, el abogado Víctor Hugo Merino.

Se espera que también durante este mandato transitorio asuman funciones su exjefa de prensa Elena Martínez, el exjefe informático Luis Lara y la abogada Priscilla Jara, quien podría ser la nueva “sheriff” de la división para perseguir corrupción municipal.

Todos estos cambios en un escenario de fin de año mantienen en alerta a los funcionarios del organismo, muchos de los cuales creen serán enviados a labores en regiones. La última palabra la tendrá Pérez o el Ejecutivo, si es que acelera el proceso de un nuevo contralor o contralora.