El impacto en el corazón de los jesuitas de la denuncia por abusos contra Berríos y las vías que lo pueden complicar en lo penal
La acusación en contra del sacerdote Felipe Berríos que abrió un proceso canónico podría tener consecuencias en la justicia penal. A un día de conocerse los antecedentes y de suspender sus funciones como religioso, para el teólogo Marcial Sánchez la situación dañará profundamente a gran parte de la comunidad católica: "Era uno de los últimos bastiones creíbles de la Iglesia".
Desde el pasado viernes 29 de abril, la Compañía de Jesús en Chile está sufriendo un nuevo terremoto interno. A poco menos de tres años de haber enfrentado el devastador informe que dio cuenta de los abusos cometidos por el fallecido sacerdote Renato Poblete, recibieron la denuncia de una mujer en contra del jesuita Felipe Berríos. ¿El motivo? Según expuso la congregación en comunicado, una acusación “por hechos de connotación sexual” que el sacerdote habría cometido cuando ella era menor de edad.
La Fundación para la Confianza, que manifestó haber “acompañado de manera integral a la denunciante”, habló derechamente de una denuncia por “abuso sexual”, y por lo mismo, han resaltado que esperan un proceso “rápido, transparente y especialmente cuidadoso con la víctima”.
El Provincial de la Compañía, Gabriel Roblero, decretó el lunes la apertura de una investigación previa canónica, la cual estará a cargo de la abogada María Elena Santibáñez.
En conversación con La Tercera, la profesional comentó que la entidad le remitió los antecedentes durante la jornada de ayer martes, por lo que ya está al tanto de ellos. “Se trata de una investigación previa y que tal como se me encomendó se hará con la mayor rigurosidad y celeridad posible”, sostuvo.
Por su parte, Juan Pablo Hermosilla, abogado de la denunciante, explicó a este medio que, por ahora, sólo se ha presentado la denuncia por la vía canónica, pero no descartó que, conforme avance la indagatoria, pudiesen emprender nuevas acciones. “Puede ser. Nosotros vamos apoyando a las personas que denuncian y definiendo los caminos progresivamente”, señaló.
¿Cómo llegar a la sede penal?
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien hizo notar sus reparos por la ya fallida incorporación de Berríos al gobierno -como encargado del programa nacional de campamentos del Ministerio de Vivienda-, se refirió a los nuevos antecedentes, aseverando que se debería ir más allá. “Espero que la justicia penal sea la que investigue y no la canónica”, sostuvo en entrevista con T13 Noche.
Para determinar si es posible iniciar la causa penal, el abogado Jorge Gálvez, profesor de Derecho Penal UC, sostiene que habría que analizar cuándo se cometieron los hechos y qué edad tiene la denunciante, para así determinar si están o no prescritos.
“A partir de julio del año 2019 los delitos de abuso sexual contra menores no prescriben. Antes de esa modificación legal se había introducido otra en 2007, por la cual el plazo comenzaba a correr cuando la víctima cumplía los 18 años”, complementó.
¿Podría denunciar un tercero? Según detalló el mismo profesional, “en los casos de abuso sexual la investigación y persecución penal sólo puede comenzar si al menos la víctima ha denunciado el hecho. Ello, salvo que sea menor de edad, en cuyo caso puede denunciar cualquiera o procederse de oficio. Sin embargo, a partir de una modificación legal de 2019, en caso que la víctima haya cumplido los 18 años se exige que ella denuncie”.
El auge y caída del jesuita
Felipe Berríos del Solar tiene 65 años. Luego de estudiar en el Colegio San Ignacio El Bosque, ingresó a la Compañía de Jesús en 1977. En ese lugar, realizó tres años de misiones en Tanzania, África, para en 1989 ser ordenado sacerdote jesuita.
Ocho años después junto a estudiantes de la Universidad Católica encabezó un grupo encargado de construir 2.000 mediaguas para los más de 1.000 campamentos que existían al comienzo de la década de los 90. Ahí nació la ONG “Un Techo Para Chile”, el que ahora opera bajo el nombre “Techo” en 19 países.
Su cercanía con estas iniciativas lo llevó a radicarse el 2015 en el Campamento Luz Divina VI, el que está dentro de “La Chimba” en Antofagasta.
A lo largo de su trayectoria, el sacerdote no solo se ha desarrollado en el mundo eclesiástico, sino que se ha transformado más bien en un personaje público. Aquello, incluso, lo llevó a estar dentro de las personas consideradas por el actual gobierno para asesora en materia de campamentos. Lo que se vio frustrado con el veto de la ministra de la Mujer.
El teólogo e historiador de la Iglesia Católica, Marcial Sánchez, asegura que “para los jesuitas la importancia de Berríos era radical en cuanto a lo que tenía que ser un sacerdote, que es trabajar por la gente más desposeída o levantar efectivamente las alternativas para personas que no lo tenían en el sistema”.
Pero esta no es la primera denuncia de connotación sexual que involucra a miembros de esta congregación. Renato Poblete, uno de los fundadores el Hogar de Cristo, fue denunciado por 22 abusos sexuales cometidos entre 1960 y 2008. La indagatoria canónica dio credibilidad a los relatos, se enviaron los antecedentes a la fiscalía para establecer si existió encubrimiento o complicidad ante sus conductas, pues la primera denuncia llegó cuando este cura ya estaba fallecido. A este caso, se suman las denuncias contra los sacerdotes Eugenio Valenzuela, Jaime Guzmán, Leonel Ibacache y Juan Miguel Leturia.
Para Sánchez lo que pasa con Berríos es grave e impacta a una figura tan icónica de esa congregación como lo fue Poblete. “Este es un golpe fuerte para el mundo jesuita, es una situación que sinceramente creo que les debe haber costado mucho sopesar, y están sopesando hasta el día de hoy”, explica.
La denuncia en contra del religioso, a juicio de este teólogo, afecta una vez más la credibilidad de la Iglesia Católica: “Berríos era uno de los últimos bastiones creíbles de la Iglesia, seguido por mucha gente. Lo que viene a pasar ahora con él, en la medida que siga esta investigación obviamente, no es un caso más. Yo creo que es como la gota que rebalsó el vaso”. “A la última persona que podía sucederle una situación así, para muchos, era él”, concluye el historiador.
El proceso canónico
Una vez conocido el inicio de la investigación, el sacerdote publicó un comunicado en el que asegura que hará “todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia”. “Me he puesto desde ya a disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”, señaló.
Para el teólogo Sánchez, la Compañía de Jesús abre esta investigación “no porque se le ocurre, sino porque lo encuentra verosímil de investigar”. A lo que además se suma, a su juicio, el apoyo de la Fundación para la Confianza, la que debe tener los antecedentes “suficientemente importantes, verídicos para que se pueda llevar una causa en su contra”.
Como en este caso, cuando un sacerdote de la Iglesia Católica es acusado por algún delito, en primera instancia, el encargado de realizar las primeras diligencias para esclarecer la situación es el superior de la diócesis o de la congregación religiosa. Ahí se inicia lo que se denomina como “investigación previa”, y si en dicha instancia se determina que la acusación tiene fundamentos, el caso pasa al Vaticano, en Roma, donde será analizado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, instancia que finalmente determina si el denunciado es sancionado o expulsado.
En el derecho canónico, los delitos de abuso contra menores prescriben sólo si pasan 20 años contados desde que el menor cumple 18, lo que no impide que igualmente se investigue. En cualquier caso, sus normativas permiten que la prescripción sea levantada para eventualmente procesar y sancionar.
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