“El INDH tiene una agenda cercana al PC”: las esquirlas que dejó Consuelo Contreras al plantear que “no hubo violaciones sistemáticas de DD.HH.” el 18-O

El 4 de noviembre de 2019 un grupo de abogados particulares liderados por Nicolás Toro -quien representó a la “Coordinadora 18 de Octubre”- presentó la primera querella por el delito de crimen de lesa humanidad en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera. Esto por su rol como Jefe de Estado durante el estallido social.

En la acción judicial, junto con relatarse el origen de las protestas del 19 de octubre de ese año, se imputaba al exmandatario una serie de hechos, donde se afirmaba que hubo “ataques generalizados y sistemáticos” contra la población civil por parte de agentes del Estado. Las querellas se fueron sumando y alcanzaron a varias autoridades, entre ellas el exministro del Interior Gonzalo Blumel, el exsubsecretario de esa cartera Juan Francisco Galli, el ex general director de Carabineros Mario Rozas y el actual mandamás de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, entre otros. Varias de esas causas aún siguen vigentes en el Séptimo Juzgado de Garantía sin nuevas audiencias en el horizonte.

Aquella generalización o sistematicidad en dichas violaciones de derechos humanos fue “una larga discusión en el consejo” del Instituto de Derechos Humanos. Así lo señaló anoche la directora del organismo, Consuelo Contreras, quien en entrevista con Tolerancia 0 abordó las causas penales originadas durante el estallido. “Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado. Pero sí creo que fue generalizada”.

En ese punto, la afirmación de Contreras va en sintonía con los dichos del anterior director del INDH Sergio Micco, quien por mantener una postura similar terminó saliendo del organismo y hasta el día de hoy es criticado por algunos sectores políticos.

En 2022, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el abogado dijo que en ese período no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “Quienes pidieron la renuncia de mi persona en razón de mis planteamientos con respecto a que en Chile no había violaciones sistemáticas a los DD.HH., sí violaciones graves, pero no sistemáticas. (...) Hasta el día de hoy, no hay ningún informe internacional que lo diga, que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente a la población civil pactando la impunidad”, sostuvo.

La Tercera consultó a varios abogados respecto a los dichos de la directora del INDH y cuáles serían las implicancias legales en las causas abiertas. El profesional que representó al fallecido expresidente Piñera, Samuel Donoso, señaló que, efectivamente, los dichos tienen “implicancias legales”. El profesional explicó que “si no hay violaciones sistemáticas, menos puede haber crímenes de lesa humanidad, que es lo que se imputaba al Presidente Sebastián Piñera”.

El abogado Eduardo Riquelme, quien representa en causas de lesa humanidad al exministro Blumel, al exsubsecretario Galli y al exintendente de Santiago Felipe Guevara, aseguró que los comentarios de la trabajadora social refuerzan lo que él mismo ha alegado en favor de sus defendidos. “Esta declaración refuerza lo que se ha señalado desde un comienzo, en el sentido de que no existe ningún fundamento fáctico para sostener que en Chile se cometieron delitos de lesa humanidad, en el entendido de violaciones masivas y sistemáticas en contra de los derechos humanos”.

Junto con esto, el abogado detalló que “las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público, que han sido exhaustivas, no han podido acreditar ninguna circunstancia que fundamente una imputación de ese tipo simplemente porque esos hechos nunca existieron. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera y sus autoridades políticas tomaron siempre todos los resguardos para evitar la comisión de delitos de ese tipo”. En ese sentido, dijo que espera que la investigación por este caso, que pasó de la Fiscalía Centro Norte a la Fiscalía Regional de Antofagasta, llegue a su fin. “Esperamos que el fiscal regional Juan Castro Bekios tras revisar el conjunto de los antecedentes que constan en la investigaciones pueda formarse la convicción de que no existe fundamento para seguir adelante con esos procesos y en definitiva determine el cierre de esta investigación”, apuntó.

Por su parte, Gabriel Zaliasnik, quien representó al ex general director de Carabineros Mario Rozas, cuestionó a la directora y al organismo. “Me parece que la directora y el propio INDH hace tiempo que ya no son una fuente confiable en sus opiniones. Es bastante evidente que hay un sesgo ideológico que le impide evaluar los temas en su mérito. A estas alturas, cinco años después de la violencia de octubre de 2019 no hay duda que hubo detrás de ella propósitos antidemocráticos, y cada día es más claro que Carabineros actuó en el campo de sus atribuciones y capacidades, respetando las reglas vigentes para uso de la fuerza. Las situaciones que se denuncian fueron excepcionales y en contextos excepcionales. No fueron ni generalizadas ni sistemáticas”, señaló.

Los comentarios de Contreras también encontraron reacciones en el mundo político. El diputado Diego Schalper (RN) comentó a La Tercera que “la mayoría del directorio del INDH, y sobre todo su directora, tienen una agenda política cercana al Partido Comunista. Sus opiniones y actuaciones hoy en día están, lamentablemente, teñidas de esa visión ideológica. En ese sentido, es mucho más objetiva la visión de don Sergio Micco, quien además era el director del INDH a la fecha en que ocurrieron los hechos, claramente y así lo declaró ante el Ministerio Público. Entiende que no hubo violaciones a los DD.HH. ni sistemáticas, ni generalizadas. Menos en las circunstancias en que se produjeron estos hechos, donde se intento vulnerar toda la institucionalidad del país”.

Finalmente, la abogada Susana Borzutzky, quien asumió la defensa de Rozas, replicó: “Digamos las cosas como son y no para la galería o generar polémica. No hubo crimen de lesa humanidad; para que haya ese delito tienen que darse dos requisitos copulativos, una política de estado y un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ambos elementos deben concurrir. No uno solo”.

En ese sentido, la abogada, socia de Barruel y Borzutzky, agregó que “en la investigación del Ministerio Público, que ya lleva casi 5 años, consta que no hubo ninguna instrucción del Estado o sus agentes de salir a las calles a matar o lesionar a su población. Esto también fue ratificado por organismos internacionales. Querer instalar eso solo genera un odio y división en la población. Las palabras crean realidad, por eso se requiere responsabilidad al señalarlas una autoridad”.

“Hubo hechos aislados que la misma institución de Carabineros se preocupó de denunciar ante el Ministerio Público y de abrir los sumarios internos y aplicar las sanciones correspondientes, y les corresponde a los tribunales hacer justicia. Resulta curioso que solo un lado de la historia se cuente. Creo importante recordar que solo entre octubre y diciembre de 2019 se registraron nueve mil hechos graves de orden público, que dejaron una cifra de 25 mil detenidos”, remató Borzutzky.