El lento transitar del proyecto de eutanasia comprometido por el gobierno: Ejecutivo aún no ingresa las indicaciones

Fue en junio de este año cuando el Presidente Gabriel Boric -durante su tercera cuenta pública- comunicó el compromiso del gobierno por poner atención y suma urgencia a un proyecto de salud que entonces encendió la polémica y que trajo críticas por parte de sectores de oposición. Se trata de la ley de eutanasia y cuidados paliativos, que “crea el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable”.

“Aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”, mencionó en ese entonces el Presidente.

Y es que la propuesta lleva más de 13 años paralizada en el Congreso. Tras ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados en junio de 2011, el proyecto se mantuvo dormido hasta 2018. Tuvo un par de discusiones y trámites entre ese año y 2021, y luego no ha sido revisado en los últimos 3 años, acumulando la presentación de al menos 28 urgencias, entre simples, suma y discusión inmediata. La más reciente data del 16 de octubre. Todas sin ningún efecto. Incluso, el Mandatario ya había solicitado urgencia en su tramitación en la primera cuenta pública en junio de 2022.

Hoy el panorama no es muy distinto y el proyecto avanza a paso lento, sin muchos avances concretos dentro de la Comisión de Salud del Senado, liderada por el senador Javier Macaya (UDI). A la fecha, la instancia se ha reunido para tratar incipientemente el tema debido a que se encuentra en discusión general en la comisión y a la espera de la indicación que anunció el Ejecutivo.

Ante las razones que explicarían el retraso en su votación y avance, el senador Macaya señala a La Tercera que esto se debe a que “el gobierno puso urgencia cuando nos encontrábamos tramitando la ley de salud mental, que ya habíamos resuelto priorizar”.

Aun así, sostiene que como comisión han respetado su urgencia y es en ese contexto que han logrado al menos parte de su discusión.

La más reciente fue el pasado 26 de noviembre, donde se invitó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a exponer sobre el tema y el desarrollo de las indicaciones que el gobierno ha ido analizando frente el proyecto hasta la fecha.

“Lo que se pretende de parte del Ejecutivo es fijar un método para proteger las garantías de los pacientes y los equipos de salud, además de evaluar el estricto cumplimiento de los requisitos que la ley imponga”, sostuvo ese día Aguilera.

La discusión del proyecto dentro del Minsal ha estado radicada en el gabinete de la ministra. Durante la cita, la autoridad adelantó parte de las indicaciones que se busca presentar al proyecto. Una de ellas guarda relación con la creación de una comisión técnica del ministerio, que sería la encomendada de realizar un examen ex ante y que estaría encargada de valorar la lex artis médica “para determinar en particular el mérito de los diagnósticos en que se funde la solicitud y el carácter de condición o enfermedad grave e incurable o terminal que justifique la práctica de eutanasia caso a caso”.

A lo anterior agregó que hasta la fecha se ha tratado de tener una revisión del proyecto con distintos comités de ética y expertos en bioética del ministerio, con el fin de desarrollar un proceso “extenso” de consultas para la propuesta de indicaciones del Ejecutivo.

¿Cuándo se presentarán tales indicaciones? No quedó explicitado. Y ahí radica la incertidumbre.

Según entendidos en el tema, el Ejecutivo ha ideado un despliegue para socializar el proyecto dentro del mundo parlamentario, donde el diputado Vlado Mirosevic (PL) ha liderado su discusión. Esto con el fin de centrar el debate y sacarlo a flote. Sin embargo, eso aún no ha ocurrido.

Según recoge el proyecto de ley ingresado en 2011, esta normativa permitiría que una persona con una enfermedad o lesión incurable “que le produzca un insoportable padecimiento físico o sicológico”, tenga el derecho de poner fin a su vida.

Para ello, una persona debe ser mayor de edad, estar en “pleno uso de sus capacidades mentales” y tener una enfermedad terminal o incurable, a quien se le permita “ser asistida en ese propósito por un médico sin que este sea penalizado por ello”.

Como sea, el senador Juan Luis Castro (PS) explicitó el día de la asistencia de Aguilera a la comisión que con la información que se cuenta hasta la fecha hay pie para al menos comenzar el debate sobre el proyecto: “Es un tema necesario que la sociedad chilena discuta, tanto el origen de la vida y el fin de la vida: el aborto y eutanasia. Esperaría que en las próximas sesiones pudiéramos escuchar a algunos expertos sobre otras cosas como el proceso calificatorio, el rol de los distintos prestadores involucrados y el ordenamiento del procedimiento”, dijo.

Mientras que su par, la senadora Ximena Órdenes (PPD), agregó tener mayores reparos sobre el comité expuesto por la ministra y que sobre este deberían responderse mayores consultas: “El rol del comité va a ser un tema más complejo de abordar, pero también estamos para abordar las soluciones a situaciones de ese tipo”, cerró.