El mapa del caso Audio: las interminables aristas de la investigación que comenzó cuando Luis Hermosilla entregó su celular “en bruto” a la Fiscalía

A las 14 horas del 13 de noviembre de 2023, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, recibió en su teléfono un mensaje de WhatsApp proveniente de un número del Reino Unido y que se identificaba como “Némesis”. La notificación no era cualquiera. Se trataba de un audio de 105 minutos, un registro que no solo derivaría en la apertura de una causa judicial sino que también en un verdadero terremoto al interior del Poder Judicial y político.

En el registro que recibió el fiscal –y que fue dado a conocer públicamente por Ciper– se escuchaba en una reunión al entonces reputado abogado Luis Hermosilla hablando con uno de sus clientes y la abogada Leonarda Villalobos sobre presuntos delitos, específicamente el de pagar sobornos a funcionarios públicos.

A 501 días de que se conociera ese registro, el denominado caso Audio derivó en a lo menos 10 nuevas aristas que investiga la Fiscalía, abriendo nuevos ribetes, golpeando incluso al propio Ministerio Público y quedando como uno de los casos de mayor connotación pública de los últimos años.

Hay algunos que ya se pierden con todas las “ramificaciones” del caso que comenzó –según ya ha quedado establecido– con la incautación del teléfono del profesional, tras la grabación secreta por parte de Villalobos y el envío del empresario Rodrigo Topelberg al fiscal jefe de Las Condes.

La defensa de Hermosilla, encabezada por su hermano Juan Pablo, ha acusado que existe un “titiritero” que maneja qué conversaciones se conocen y cuándo, a través –primero– de Ciper y actualmente de The Clinic. Aquí un resumen de una causa que está muy lejos de parar.

A comienzos del 2023, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, además de su socio Rodrigo Topelberg, enfrentaban el complejo escenario económico de sus empresas de corredora STF Capital y el factoring del holding Factop. En marzo de ese año, finalmente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió sus operaciones.

Aquello derivaría en una investigación de la Fiscalía Oriente por presuntos delitos de estafa a los clientes de esas empresas. En ese complejo escenario, y en medio del quiebre de los propietarios, Hermosilla asesoraba a los Sauer, proceso en el que se grabó la cuestionada reunión en un registro que llegó a Topelberg, quien acusó las irregularidades de parte de sus exsocios.

Finalmente, tanto Topelberg como los Sauer quedaron en prisión preventiva por delitos económicos, pero esta primera causa dio paso al caso Audio.

Ya avanzada la investigación del caso Audio, tanto Hermosilla como Villalobos fueron formalizados por presuntos delitos de cohecho en favor de dos funcionarios públicos, uno del Servicio de Impuestos Internos (SII) y otro de la Contraloría, quienes presuntamente realizaron diligencias en favor de los clientes de los abogados.

Sin embargo, la investigación en contra de Hermosilla sería el inicio de otras aristas. Y es que la incautación del teléfono del penalista daría cuenta de otros presuntos ilícitos y la mezcla del Poder Judicial y el ámbito político. El iPhone 13 Pro Max, de color celeste, que se le requisó al otrora reputado abogado sería una verdadera “caja de pandora”.

Solo tres meses después de que se incautara el teléfono de Luis Hermosilla, la Fiscalía Oriente abrió una primera arista del caso. Se trataba de una investigación en contra del entonces director general de la PDI, Sergio Muñoz, quien mantenía una serie de conversaciones constitutivas de delitos con el exasesor del gobierno de Sebastián Piñera.

Muñoz, según formalizó la Fiscalía, presuntamente habría cometido los delitos de revelación de secreto de las investigaciones que la policía que dirigía llevaba. Y es que las conversaciones con Hermosilla dieron cuenta de que el oficial entregó antecedentes o dio cuenta de las diligencias de 12 causas.

El ahora retirado máximo oficial de la PDI se encuentra con arresto domiciliario nocturno, luego de haber estado en prisión preventiva, y a la espera de que la investigación del Ministerio Público avance. Según dio a conocer radio Biobío, este caso podría terminar en una salida alternativa.

Pero el teléfono del penalista también derivó en la fuente de pruebas de otras causas. En la revisión de ese equipo, el ente persecutor detectó los pantallazos de una conversación entre el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y la pareja de la ahora exministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles.

En esas conversaciones, que se dieron durante la elección de un nuevo fiscal nacional, Migueles ofrecía a Palma beneficios para bajarse de ese proceso.

Eso derivó en una nueva arista por presuntos delitos de soborno y que actualmente es investigado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Ya dando el salto al mundo político, la investigación en contra de Hermosilla también dio cuenta de las presuntas gestiones que habría realizado el penalista en favor de un proyecto del Grupo Patio, de propiedad –entonces– de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, amigos del abogado.

En ese caso, que abrió una nueva investigación de la Fiscalía Oriente, Hermosilla habría gestionado que se apuraran permisos de parte del Ministerio de Vivienda, durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, en favor del proyecto Parque Capital. Diligencias que habría sido llevadas a cabo con el exministro de Vivienda Felipe Ward y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

Por esta arista ya se formalizó a Hermosilla, y en el caso de Ward y Chadwick las exautoridades han declarado en más de una ocasión ante el Ministerio Público.

Uno de los mayores impactos que ha dejado el caso Audio es en el Poder Judicial. Y es que en las conversaciones del penalista se pudo conocer las fuertes influencias y gestiones que realizó en una serie de nombramientos, debido a sus vínculos políticos. Gestiones que habrían influido en el nombramiento de jueces, notarios e incluso ministros de las cortes de apelaciones y la propia Corte Suprema.

Lo anterior derivó en que el fiscal nacional, Ángel Valencia, abriera de oficio una investigación en la denominada arista “nombramientos”, donde se indagan los presuntos delitos de tráfico de influencias. Causa que es encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

El Ministerio Público también ha abierto nuevas investigaciones –a partir del teléfono de Hermosilla– en contra de quienes antes formaron parte de sus filas. Sin ir más lejos, se trata del propio exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, quien ahora es investigado por presuntos delitos de cohecho a raíz de las conversaciones que tenía con el abogado cercano al gobierno.

En esos chats, dados a conocer por Ciper, se conoció que Guerra habría realizado “favores” en favor de Hermosilla, entregando información de casos como Dominga o Exalmar al penalista, quien era su contraparte. Además de eso, también habrían acordado “armar” una sala “más favorable” en la Corte de Santiago para que revisara la causa en contra del exdirector de la PDI Héctor Espinoza, cliente de Hermosilla.

La indagatoria en contra del exfiscal regional ahora es investigada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.

A medida que han avanzado las indagaciones, también se pudo conocer la investigación en contra del ahora suspendido fiscal Carlos Palma –de parte de la fiscal Wittwer– en que también se descubrió que el persecutor de Aysén se comunicó con Hermosilla en medio de una investigación por tráfico de drogas en la que el penalista tenía interés.

Por lo mismo, y pese a que Palma explicó las razones del contacto, se abrió otra investigación derivada del caso Audio, esta vez en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien indaga presuntos delitos de revelación de secreto.

Una de las conversaciones descubiertas en el teléfono de Luis Hermosilla, y que más consecuencias ha tenido, ha sido con la ahora exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Esos chats, en los que se da cuenta de cómo el penalista ayudó a la abogada a llegar al máximo tribunal. A raíz de aquello la Fiscalía abrió una investigación.

Además de eso, también se conoció que Vivanco, ya como ministra de la Suprema, recibió peticiones del abogado, además de otras irregularidades en las que habría incurrido y que derivaron en su suspensión y remoción del Poder Judicial.

La arista más reciente del caso Audio surgió de las conversaciones del penalista con los ahora ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y la ministra Verónica Sabaj.

Sabaj, quien ahora está suspendida en la Corte, conversó con el penalista sobre nombramientos y también le informó a Hermosilla de causas que se tramitaban en el tribunal de alzada.

En el caso de Ulloa, el ministro no solo habló con el penalista acerca de la forma de llegar al cargo que ahora ocupa, sino que también influyó y conversó sobre otros nombres al interior del Poder Judicial.

En esta arista, y en una investigación que encabeza la Fiscalía Regional de O’Higgins, esta semana se allanó la oficina del juez, así como también del ministro del TC Héctor Mery y del ex asesor presidencial Andrés Sotomayor. Todos presuntos implicados en las gestiones de nombramientos judiciales.