El matrimonio igualitario vuelve a complicar a Evópoli

"No obstante, precisamente porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el matrimonio igualitario, así como la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar a un niño, lejos de socavar esta institución social esencial, la refuerza y la enriquece", fueron las palabras que escribió Lorena Recabarren – hoy subsecretaria de Derechos Humanos y militante de Evópoli- en una columna publicada por El Líbero en julio de 2016.

Dos años después, a través de una minuta emanada desde esa subsecretaría y a raíz de la demanda presentada por el Movilh contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Sebastián Piñera señala que no tiene la obligación de legislar ni aprobar un proyecto sobre el matrimonio igualitario.

"El Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo", se lee en la minuta. "Esta circunstancia muestra que la firma del acuerdo nunca significó que el Ejecutivo, cualquiera fuera el Presidente, debiese asumir el compromiso de promover el proyecto en el Congreso, o bien de obtener la aprobación del mismo", se agrega en el texto, que viene a incomodar la relación que existe entre Evópoli y el resto de Chile Vamos.

Ello, porque pese a que esta es una respuesta del gobierno, aparece Recabarren -una de las figuras clave de la cruzada liberal de Evopoli- como el rostro de esta respuesta, en circunstancias que ese partido, y ella a título personal, ha promovido el matrimonio igualitario. El tema es complejo considerando además que este partido ha manifestado su apoyo a ciertas causas de la agenda valórica que tensionan al gobierno de Piñera. Prueba de esta incomodidad es que hoy, consultados por La Tercera PM, los diputados de Evópoli decidieran no emitir declaraciones hasta después del almuerzo de bancada donde se abordará el tema. Por su parte, la directiva se reunirá mañana con los diputados y senadores para debatir sobre si se seguirá insistiendo en el tema o se alinearan con Recabarren.

El pasado 2 de octubre se realizó una reunión en Estados Unidos entre representantes de la subsecretaria de Derechos Humanos y la Cancillería con el relator de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) para Chile, el colombiano Luis Ernesto Vargas. Además, a la cita asistieron los abogados demandantes y que representan al Movilh, Ciro Colombara y Hunter Carter.

Ahí, el gobierno dijo haber cumplido el acuerdo de solución amistosa de 2016. Además, en la reunión expuso que el Movilh, en el último acuerdo, no incorporó la obligación para el Ejecutivo de aprobar y legislar en esta materia.

"El gobierno ha mentido y tergiversado lo que dice el acuerdo de solución amistosa. El gobierno, evidentemente, no puede asegurar la aprobación de un proyecto pero sí impulsarlo. Ese es el verbo que se ocupa en el acuerdo y no se ha hecho nada sobre eso siendo vinculante el acuerdo tal como lo dijo la Contraloría", dijo a La Tercera PM, el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

Por su parte, el presidente de Iguales Juan Enrique Pi, dijo a través de Twitter que el Gobierno "confunde obligaciones de resultado con obligaciones de medios. Es obvio que no puede obligarse a algo que no le corresponde por sí solo, pero eso no obsta a que impulse la discusión del proyecto, especialmente teniendo herramientas para hacerlo".