El modelo de isapres surgido en Piñera II que observa el Minsal para la reforma de salud y hace ruido en el oficialismo

Uno de los proyectos que el Ministerio de Salud pretende presentar sí o sí desde el próximo 1 de octubre para reformar el sistema sanitario es la eliminación de las preexistencias dentro del sistema de isapres, entendida por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud que haya sido conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato o a la incorporación del beneficiario a una aseguradora. Pero la pregunta que ha surgido puertas adentro es cómo se implementará este cambio sin desestabilizar el sistema, con una respuesta que ya comienza a hacer ruido.

La semana pasada trascendió que durante una hermética reunión en La Moneda, una comitiva de la cartera sanitaria -liderada por el encargado de la reforma del Minsal, Bernardo Martorell- presentó su propuesta para esta incógnita ante representantes de Presidencia y de diversos ministerios, principalmente de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos y de la Secretaría General de la Presidencia: implementar un fondo de compensación de riesgo entre las isapres.

En palabras simples, el fondo funciona recolectando el dinero de los planes y redistribuyéndolo, de manera que aquellas aseguradoras que atiendan a pacientes más enfermos (y por lo tanto más costosos) reciban un apoyo financiero. Esto reduce el incentivo de las isapres para seleccionar solo a personas saludables.

Esta no es una idea nueva: durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera ya se había propuesto este método para reformar el sistema privado de aseguramiento. Incluso, la idea quedó plasmada en un documento de 40 páginas titulado “Propuesta de un Fondo de Compensación de Riesgos para Chile: Modelo y Resultados en el Sistema Privado de Salud”, realizado por la Superintendencia de Salud de ese entonces.

En palabras simples, Patricio Fernández, exsuperintendente y autor de la propuesta, explica que este mecanismo es “como un gran fondo común donde se agrupan los riesgos de salud de todas las personas aseguradas. Esto permite que el costo de una enfermedad se distribuya entre todos, en lugar de que cada persona enfrente ese costo sola. De esta manera, el sistema busca ser más eficiente y equitativo, reduciendo el impacto financiero de una enfermedad en una persona o familia”.

El problema que han visto en sectores del oficialismo, donde no quieren referirse públicamente al tema hasta que la propuesta se materialice, es que la implementación de este mecanismo no sería compatible con lo propuesto en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric: un sistema universal de salud, con un financiamiento unificado y donde las isapres se transformarían en seguros complementarios.

“Generaremos un Fondo Universal de Salud (FUS), que actuará como un administrador único de los recursos a través de la universalización de la cobertura del Fonasa a todas las personas que residan en el país. El FUS recaudará y administrará las cotizaciones de las y los trabajadores (7%), junto a los aportes del Estado. Con ello terminaremos con el negocio de las isapres”, establece el programa.

Para el exministro de Salud y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. de las Américas, Osvaldo Artaza, este fondo de compensación de riesgo entre las isapres es la única forma de eliminar las preexistencias “porque para hacerlo debe existir solidaridad que compense el riesgo de una persona con el riesgo de otra. No hay otra fórmula técnica. Para que exista el FUS, las isapres tendrían que transformarse en seguros complementarios, y esta también es una solución viable. Cuál es la alternativa que se escoja es un tema político”.

Por su parte, el exsuperintendente Fernández asegura que sin un mecanismo como el que se observa el sistema enfrentaría dificultades: “Eliminar las preexistencias podría llevar a un incremento en los costos generales del sistema. Sin la capacidad de ajustar las primas según el riesgo individual, las isapres tendrían que asumir mayores costos al cubrir a personas con necesidades de salud más altas, y esto podría resultar en un aumento de las primas para todos los asegurados. Esto, a mi juicio, posimplementación de la ley corta, sería insostenible, dado que existirá un aumento de los precios por los planes para un grupo importante de los cotizantes”.