La “mano dura” también se avecina para los mismos diputados.

De hecho, al asumir en la presidencia de la Cámara, el 7 de noviembre del año pasado, el diputado liberal Vlado Mirosevic se comprometió a iniciar una reforma al reglamento de la corporación para abordar con mayor dureza las faltas al orden y problemas de comportamiento de algunos legisladores, que entonces tensionaban el clima político.

Si bien la elaboración del texto demoró más de 4 meses -lo que le valió algunas críticas de parlamentarios por el retraso- la propuesta de Mirosevic finalmente vio la luz al ser presentada a los representantes de comités, el miércoles pasado.

Además, el presidente de la Cámara logró un acuerdo unánime para dar una tramitación rápida al proyecto reglamentario, sin necesidad de que pase por la Comisión de Constitución, instancia que ya está atochada de trabajo.

La iniciativa se discutirá en el seno de la misma reunión de comités, donde participan todos jefes de bancadas, quienes tendrán plazo hasta esta semana para hacer sugerencias y añadir modificaciones al texto planteado por la mesa que dirige Mirosevic.

La idea es que la próxima semana el proyecto con las respectivas enmiendas ingrese formalmente a tramitación y se vote en la Sala el 12 de abril. En vista de que se trata de una modificación que sólo atañe al Reglamento de la Cámara, basta la aprobación por mayoría simple de los diputados (no requiere discusión en el Senado) para que se convierta en la nueva normativa interna que regirá las relaciones en esta rama del Congreso.

Dentro de las principales modificaciones al reglamento figura la nueva facultad del presidente de la Cámara (o de quien lo esté reemplazando) para pedir el auxilio de Carabineros en caso de delitos que de forma manifiesta se estén cometiendo en la misma Sala, espacio donde los legisladores gozan de fuero.

“En uso de esta facultad, en caso de delitos flagrantes, podrá solicitar el ingreso de la fuerza pública a la Sala de Sesiones de la Cámara”, dice la propuesta.

Si bien La Ley Orgánica del Congreso y la actual normativa interna de los diputados, ya daban al presidente de la corporación la facultad para requerir de Carabineros para conservar “el orden la seguridad, el respeto y la libertad de la Cámara”, usualmente se empleaba esta atribución frente a incidentes en las tribunas, en el hall, en los pasillos o en comisiones, protagonizados por manifestantes que alteraban un debate legislativo.

Sin embargo, al explicitar que esta facultad también puede ser usada en el hemiciclo (donde sólo pueden ingresar parlamentarios, ministros y funcionarios de la Cámara), la medida da cuenta de una necesidad de controlar posibles situaciones extremas protagonizadas por los mismos legisladores, como agresiones.

Por ejemplo, el 30 de agosto del año pasado, el diputado independiente Gonzalo de la Carrera le dio un puñetazo en la cara al entonces vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda (radical), al término de la sesión. Ese caso, no obstante, no tuvo repercusión judicial debido a que el agredido no presentó querella y no quedó con secuelas físicas, factor clave para la tipificación de un delito de lesiones.

Otra modificación importante es que el nuevo reglamento precise como una falta al orden “el levantarse del pupitre asignado para dirigirse al pupitre de otro diputado o diputada a recriminarle por sus dichos”.

El documento, que ya está circulando en las bancadas, detalla que también será una “falta al respeto debido a la Cámara” colocar “carteles ofensivos en los pupitres”. En este punto, el reglamento era menos específico, pues hablaba de acciones y palabras descomedidas.

Otra de las innovaciones cruciales, que plantea el nuevo reglamento de Mirosevic, son las altas multas a las que se arriesgan los diputados que incurran en faltas graves, que pueden llegar a comprometer el 100% de la dieta.

Actualmente el ingreso (dieta) que reciben los diputados alcanza los $ 7.012.388 en términos brutos. No obstante, la multa solo podría abarcar la dieta líquida (debido a los descuentos previsionales y de impuestos), por lo que el monto disminuye a cerca de 5 millones de pesos.

Para hacer efectivo este castigo, el presidente de la Cámara tendrá la facultad de sancionar a un diputado privándole del “uso de la palabra durante un mes”. Con ello, automáticamente se le aplicará la multa que podría llegar al 100% de la dieta.

Actualmente el reglamento fijaba un conjunto de sanciones en una escala menor, que sólo llegaban hasta la privación del uso de la palabra por tres sesiones y con máximo del 50% de la dieta.

En la nueva propuesta se establece un esquema fijo de sanciones que serán aplicables por el titular de la corporación. Antes, estas medidas quedaban supeditadas a un acuerdo previo de los comités.

Ahora con una amonestación (la medida disciplinaria menos grave), por ejemplo, la multa será de un 1% a un 10% de la dieta mensual. En el caso de una censura, irá del 10% al 20%.

Cuando el castigo sea la privación del uso de la palabra en una sesión, se añadirá una multa que irá del 20% al 30%. Cuando la sanción de no hablar en Sala se extienda a tres sesiones, el descuento será del 30% al 40%. Y en el mencionado caso de negársele la palabra por un mes, la multa será del 40% al 100% de la dieta.

Adicionalmente, la reforma reglamentaria considera elevar las sanciones que aplica la Comisión de Ética, que opera en forma paralela a las facultades del presidente de la Cámara. Esta instancia disciplinaria también podrá multar con el 100% de dieta a un diputado que haya incurrido en una infracción grave de sus deberes parlamentarios.