“¡El paco cu... mal hablado!”: imputado por el crimen del cabo Palma fue sancionado días después de que juez Urrutia le permitiera visitas

El 19 de enero el juez Daniel Urrutia visitó la Cárcel de Máxima Seguridad en un procedimiento rutinario para los magistrados que deben realizar para garantizar que los derechos de los reclusos no estén siendo vulnerados.

Uno a uno el cuestionado titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago visitó a los presos de ese centro penitenciario. El séptimo de ellos era un recluso que en abril del 2023 estuvo en las listas de las “personas de interés” como presunto autor del crimen del suboficial Daniel Palma: Ovicmarlixon Josue Garcés Briceño (19).

Tras aquella revisión, Urrutia accedió a su solicitud: recibir la visita de su madre. Otros 12 internos también serían beneficiados con el permiso para comunicarse con sus familiares, en una resolución que tiene al magistrado en la mira de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que Gendarmería interpusiera un recurso de protección en su contra.

Sin embargo, menos de un mes después el imputado de nacionalidad venezolana fue sancionado con no poder recibir personas, luego de que agrediera verbalmente a un gendarme del recinto penal.

Pasadas las 15 horas del miércoles 14 de febrero, un cabo de Gendarmería llegaba a apoyar en las labores del recambio de reclusos que a esa hora tenían su tiempo de dispersión en el patio de la cárcel ubicada en la Avenida Pedro Montt. Se retiraban los del piso tres e ingresaban los del primero.

Fue en ese momento, mientras el funcionario penitenciario bajaba las escaleras para ir en apoyo de sus colegas, cuando Ovicmarlixon Garcés Briceño lo reconoció y lo insultó, según sostiene el parte de aquel día, de manera desafiante. Entre los antecedentes enviados por Gendarmería al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien tuvo que resolver si cursaba la sanción propuesta por la institución, está la declaración del propio gendarme.

En su relato, este señala que el imputado que días antes había recibido el beneficio del juez Urrutia, al verlo bajar por las escaleras “se dirige de manera desafiante y altanera”, para comenzar a vociferar a viva voz “este es el paco cu... mal hablado”, sin entregar mayores antecedentes de lo ocurrido previamente entre el presunto asesino de Palma y el gendarme.

Luego de este altercado, que según el reporte no pasó a mayores, otro funcionario de Gendarmería trasladó al beneficiado con la visita de su madre al piso -1 de la cárcel para notificar lo ocurrido e iniciar la revisión médica del recluso, quien no tenía lesiones y voluntariamente no accedió a declarar por lo ocurrido.

Tras eso la institución penitenciaria derivó los antecedentes al tribunal, solicitando una sanción de siete días impedido de visitas. Medida que fue acogida finalmente por el Juzgado de Garantía de Santiago, que autorizó que se le aplicara la sanción a Garcés Briceño.

Pero este no es el primer hecho en el que este preso está involucrado. Pocos días después de que ocurriera el crimen del entonces cabo Daniel Palma, el 10 de abril, Garcés fue detenido como presunto autor del homicidio del carabinero junto a otros cuatro sujetos, y desde entonces se mantienen en prisión preventiva a la espera de que se inicie el juicio en su contra.

En esa situación judicial, Garcés junto a otros 17 internos de la cárcel de Máxima Seguridad, el 4 de octubre del 2023 protagonizaron una serie de incidentes mientras estaban en sus habitaciones, que incluyeron golpe a las puertas de las celdas, daños a las cámaras de seguridad y hasta autolesiones. Manifestación que surgió luego de que Gendarmería impidiera que recibieran visitas de personas que se encuentran en situación migratoria irregular en el país. El altercado provocó que la institución los sancionara hasta con 30 días de prohibición de recibir visitas.

Lo anterior, mientras la Corte de Apelaciones tuvo que revisar si acogía la solicitud de Gendarmería de impedir que personas en situación migratoria irregular ingresaran a la cárcel, entre ellos los familiares del imputado por el crimen de un funcionario de Carabineros. Posición que era apoyada por Ejecutivo.

Finalmente, el tribunal de alzada acogió la solicitud de la institución y negó el acceso de visitas que no tuvieran su situación migratoria regular, decisión que se mantuvo hasta el 19 de enero pasado, cuando Ovicmarlixon y otros 12 internos fueron beneficiados tras la visita del juez Daniel Urrutia.