El pase gol del Consejo para la Transparencia a la ministra Cubillos, previo a la acusación constitucional

Lo que dijera el Consejo Para la Transparencia sobre envío de correos masivos del  Mineduc a apoderados por el proyecto Admisión Justa sería un insumo importante para los promotores de la acusación  constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos, que se presentará el 5 de septiembre.

La denuncia contra el ministerio de Educación en el CPLT la interpuso el 13 de mayo el senador Felipe Harboe (PPD) por el envío cerca de 437 mil correos electrónicos a padres, apoderados, docentes, directores y sostenedores de establecimientos educacionales de todo Chile. Ahí se explicaba y respaldaba el proyecto del Gobierno, Admisión Justa, y crítica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), aprobado en la administración de Michelle Bachelet. A su presentación siguieron las del senador Alejandro Navarro y de los diputados DC Gabriel Ascencio y Gabriel Silber.

Los mismos cuestionamientos a la ministra por la supuesta infracción del principio de protección de la vida privada se incluyeron en capítulo 2 del borrador de la acusación constitucional, que discuten las bancadas de oposición desde hace 10 días.

Sin embargo, el viernes 27 de agosto el CPLT le dio un triunfo a titular de Educación al estimar que su actuación se ajustó a derecho y se hizo respetando el ordenamiento jurídico.

El polémico fallo derivó en una pugna interna dentro del organismo que tiene a dos integrantes de oposición: Marcelo Drago (DC)  y Gloria de la Fuente (PS). Y a dos personeros cercanos al oficialismo, Francisco Leturia y el actual presidente Jorge Jaraquemada, quien fue el voto dirimente a favor de Cubillos en la votación dividida.

La actuación de Jaraquemada fue el punto de roce. Él es también director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, think tank cercano a la UDI... partido históricamente cercano a Cubillos, pese a que ya no milite en él.

Ese fue el punto que el fin de semana salió a cuestionar el senador Harboe, quien pidió públicamente la renuncia de Jaraquemada por no haberse inhabilitado. Un argumento que cercanos al presidente del CPLT desestiman argumentando que -al ser militantes de oposición- ni Gloria de la Fuente ni Marcelo Drago podrían haber votado.

"El debió inhabilitarse. Si el día de mañana en otro caso hay un militante PD, Gloria también debería hacerlo y no me cabe ninguna duda de que lo haría". dijo hoy a La Tercera PM el senador Harboe, quien -a propósito de este episodio-  refrendó su oposición a entregar mayores facultades al CPLT para la protección de datos que se discute en el marco de la ley que crea la agenda de protección de datos personales y que está en tramite en el Senado.

"Jaraquemada hipotecó la posibilidad que el CPLT se encargara de la protección de datos. Este episodio refuerza mi tesis de una agencia despolitizada y técnica", insistió.

Aunque el ambiente quedó enrarecido al interior del CPLT, Jaraquemada optó por no responder lo emplazamientos públicos de la oposición y no ha evaluado marginarse del organismo.

"Si recurres a una institución, no puedes golpear la mesa o botar el tablero si no te gusta el fallo. Eso es lo que pasó aquí", dijo Francisco Leturia al referirse a la polémica.

En el entorno de Jaraquemada, en tanto, apuntan a que nunca ha sido un secreto el vínculo del abogado con la Fundacion Jaime Guzmán.

"Si Jaraquemada se inhibiera cada vez que el Consejo se pronuncia sobre una autoridad de gobierno, no podría participar nunca de las decisiones pues las autoridades de gobierno son por antonomasia los sujetos obligados por la Ley de Transparencia", plantea un cercano.

La misma fuente sostiene que "un senador no tiene atribuciones para pedir, ni menos para exigir, la renuncia de un consejero de un órgano autónomo. El artículo 38 de la Ley de Transparencia señala expresamente la forma de remoción: Corte Suprema a solicitud de la Cámara de Diputados".

Esta mañana los equipos jurídicos de la oposición se reunieron para afinar el texto de la acusación constitucional.

El fallo del CPLT fue un tema de discusión. En vista de que el voto de Jaraquemada respaldó la postura del Gobierno frente al envío de correos, los abogados optaron por recoger en el libelo el voto disidente de Marcelo Drago y de Gloria de la Fuente que el viernes estuvieron por cuestionar a la ministra.

"El envío de correos electrónicos para otros efectos vulnera la política de privacidad dada a conocer por el Mineduc, y a consecuencia de ello, se infringe el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales (propósito para el cual fueron recolectados), recogido en el artículo 9° de la ley N°19.628, que se aplica de forma expresa a los órganos públicos que tratan datos sin consentimiento del titular, por aplicación del artículo 20 de la citada ley", dice el texto del voto disidente.

En su voto Drago y De la Fuente añaden que "el Ministerio no puede amparar su actuación en el ejercicio del derecho constitucional a la libertad de informar y opinar, y por tanto, ésta no queda comprendida dentro de la excepción del artículo 1° de la Ley N°19.628 llamada "excepción periodística".