El polémico video sobre la dictadura argentina que amenaza con abrir un nuevo frente contra Milei

Cuando el reloj marcaba las 10:55 de la mañana del domingo en Argentina, un mensaje y un video aparecieron en la cuenta oficial de la Casa Rosada en X, antes Twitter. No era un día cualquiera. Era el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, decretado hace exactos 20 años por el expresidente Néstor Kirchner para conmemorar la última dictadura militar transandina ocurrida entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. También fue el día en que el gobierno de Javier Milei decidió salir a disputar su “batalla cultural” contra lo que, según él y sus allegados, consideran una “verdad a medias”. Y lo hizo justo cuando las negociaciones con la oposición entran en un momento clave de negociaciones para avanzar con su programa de gobierno.

“Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa”, se leía en las redes sociales oficiales del gobierno. Junto a él, un video de casi 13 minutos en el que trabajó uno de los principales asesores comunicacionales de Milei, Santiago Caputo, así como el vocero Manuel Adorni y el documentalista Santiago Oría, acusaba en uno de sus pasajes de que se debía construir “una memoria completa” de los últimos 50 años de la historia argentina, poniendo nuevamente en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos.

El relato libertario va más allá, y en una de las declaraciones más polémicas del video aseguraron que “no se contó la historia completa por varias razones” y que esto “se hizo por plata”, en alusión a que las indemnizaciones a las familias de damnificados por el terrorismo de Estado se habrían visto favorecidas de forma excesiva durante los años de gobierno K. Pero el periódico La Nación recordó que las leyes de reparación a las víctimas y sus cercanos fueron sancionadas durante el gobierno de Carlos Menem, figura que ha sido reivindicada en numerosas ocasiones por la administración mileísta. De hecho, el periodista y escritor Juan Bautista “Tata” Yofre, quien hace de voz oficial en el polémico video, integró a dicha administración.

En el video también habla María Fernanda Viola -hija “del capitán Humberto Viola, fallecido junto a su hija María Cristina, de tres años, en un salvaje atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en diciembre de 1974″, detalló el citado medio-, así como Luis Labraña, guerrillero arrepentido que asegura que la cifra de los 30.000 desaparecidos fue inventada.

“Creo que sí, con la verdad completa se van a sanar muchas heridas”, respondió a una aparente pregunta retórica la primera. El segundo, en tanto, clama que la política de DD.HH. “fue un gran negocio”. De hecho, Clarín asegura que Labraña fue elegido para formar parte del video “porque es el inventor de los 30.000 (desaparecidos), qué mejor” testimonio, dijo un estrecho colaborador presidencial. Según señala en el registro, el número apareció en Holanda, cuando las Madres de Plaza de Mayo buscaban asistencia internacional, pero el número que se manejaba en esa época no daba para constituirse un “genocidio” para las autoridades de Países Bajos, por lo que, según su versión, terminaron inflando la cifra.

Y si bien desde el gobierno aseguraron que el registro audiovisual tenía el objetivo de ser un mensaje “neutral”, hay una evidente “intención de derruir el relato de los DD.HH. que supo armar el kirchnerismo, esto es, ‘mostrar la parte de la historia que no se cuenta’”, postuló Clarín.

“El mensaje oficial está lejos de comunicar señales de reconciliación y superación”, complementó La Nación. “Frente a un relato sesgado que se intenta superar mediante otra ‘batalla cultural’, queda tal vez pendiente el camino de una síntesis que mire más al futuro que al pasado”, cerró.

La respuesta se vio horas después, cuando una marcha calificada por este último periódico como “multitudinaria y pacífica” cruzó las calles de la capital en repudio al revisionismo impulsado por el gobierno en esta materia, la que no más de dos años atrás parecía zanjada de forma definitiva en el país vecino, en un hecho poco común al interior de la región. Para La Política Online, medio web especializado, se trató de la primera marcha de peso en contra del gobierno de Javier Milei, a diferencia de las movilizaciones piqueteras o sindicales que ocurrieron en los primeros tres meses de administración libertaria.

La posición del mandatario libertario, pero principalmente de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no es nueva. Esta última, de hecho, construyó su carrera política y como abogada basada en su rol como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización que asegura que se deben investigar y tratar como iguales las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura -donde, según informes, hubo asesinatos, secuestros de bebés, violaciones, torturas y centros clandestinos, nada de esto mencionado en el video de la Casa Rosada- y los hechos violentos y muertes ocasionadas por los movimientos revolucionarios que operaron previo al golpe de Estado de 1976.

Lo novedoso, y que ha dejado desconcertada a la prensa local, es el momento en que Milei decidió enarbolar esta bandera y atacar el dogma de los 30.000 desaparecidos que defiende no solo el kirchnerismo, sino que también parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y de los sectores opositores dispuestos a dialogar con el libertarismo. La carga de su “batalla cultural” ocurre en el momento en que el gobierno más necesita del diálogo y los votos de sectores amplios del Congreso para aprobar una lista de propuestas, como el rescate del mega-DNU, ya rechazado por el Senado y que debe ser aprobado por diputados para no caer; la eventual versión acotada y negociada de la Ley Bases u “Ómnibus”; la discusión sobre el rol que las Fuerzas Armadas deberían ocupar en la lucha contra el narcotráfico, y las negociaciones entre el kirchnerismo y el libertarismo para llevar a la Corte Suprema de Justicia al juez Ariel Lijo, apuntado como favorable para ambos bandos.

“Sorprendió que el gobierno incluyera esta determinación en momentos en que la crisis política y social lo obliga a buscar votos en el Congreso”, escribió el periódico La Nación. “Se interpreta que la decisión del entorno de Milei fue ‘primerear’ a las organizaciones políticas y de derechos humanos que se encaminaban en el mediodía del domingo a la Plaza de Mayo para recordar el aniversario del golpe militar de 1976 e instalar un nuevo debate en la agenda política. Una forma de ‘marcar territorio’”, añadió el medio.

El video se comenzó a grabar hace más de 10 días, pero terminó de editarse recién el domingo, pocas horas antes de su publicación, detalló Clarín, pero sus repercusiones en el ámbito político aún son imprevisibles.

“¿Cómo hará Cristina para explorar acuerdos con el oficialismo, cuando el video de casi 13 minutos es una bomba al corazón del relato K en la materia? La acusación ya no es solo ideológica: en una de las partes más polémicas de la pieza, se asegura que la política de derechos humanos kirchnerista ‘se hizo por plata’”, planteó el mismo medio.

Milei requiere de los votos del sector para completar la Corte, e incluso José Mayans, senador peronista y uno de los dos jefes del bloque, reconoció de manera pública que estaba dispuesto a avanzar en el tema. Al mismo tiempo, el economista que dirige la nación vecina trata de corruptos a los kirchneristas durante el período más importante de las negociaciones.

“A esta altura de la gestión, con poco más de 100 días transcurridos, sorprende poco la acción. Cuando requería el apoyo de la llamada ‘oposición dialoguista’ para la Ley Ómnibus, el Presidente llamó ratas y coimeros a los legisladores de ese espacio. Las razones de los desplantes habrá que buscarlas quizá en el campo de la psicología o tal vez respondan a un plan que de tan inédito y disruptivo no se entiende con los filtros tradicionales”, continuó preguntándose el medio.

“¿Lo viste? ¿Qué dice?”, preguntan en el departamento de las Madres de la Plaza de Mayo nada más publicarse el video de la Casa Rosada, consignó el periódico Página/12. “El gobierno está redoblando su ofensiva negacionista. Nos resulta bien difícil no evocar las peores situaciones vividas en la Argentina”, señala Eduardo Jozami, exdirector nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

Afuera del edificio de la histórica agrupación transandina, Cecilia De Vincenti y Mabel Careaga, hijas de Azucena Villaflor y Esther Careaga, Madres de Plaza de Mayo secuestradas en diciembre de 1977, lanzan sus descargos. “Es un 24 de marzo especial porque tenemos que enfrentar a un gobierno que reivindica los crímenes de la dictadura. Espero que este día sea un punto de inflexión en la organización popular contra el hambre que esta administración también está generando”.

Era la previa a una jornada en la que unas 400.000 personas, según las cifras calculadas por los organismos que impulsaron la marcha, saldrían a conmemorar el 48º aniversario del golpe de Estado de 1976, pero también a protestar contra las medidas del presidente Milei.

Varios medios coinciden en la heterogeneidad de los participantes, algo poco común en esta fecha. Incluso, aparecieron en la marcha personas que normalmente no lo hacían, mas sí apoyaban las reivindicaciones de memoria en comunicados y redes sociales.

Además de la dirigencia política tradicional del mundo K o más a la izquierda en el mapa ideológico tradicional, llegaron familias, dirigentes sindicales de la CTA y la CGT -que por primera vez se unieron de manera orgánica a las manifestaciones-, e incluso Martín Lousteau, actual presidente del radicalismo que encabezó la columna de la UCR, que normalmente escribe en sus redes para la fecha, pero que nunca había aparecido en la calle en este día. La mayoría de los legisladores del partido, vale agregar, no acompañaron la decisión del economista de asistir físicamente a la marcha.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió al gobierno libertario en su discurso posmovilización. “Las constantes conspiraciones del gobierno de Milei y Villarruel en sentido contrario (a lo que pasó en el terrorismo de Estado) van contra los pactos internacionales a los que ha suscripto la Argentina y tienen rango constitucional”.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también disparó contra la actual administración. “Es la primera vez que algunos sectores que tienen las máximas responsabilidades cuestionan este tipo de cosas. No es una cuestión de contraste o trinchera ni de chicanas. Todos los que están acá están defendiendo la democracia, la verdad y la justicia, y eso no debería tener bandera política. Y creo que la novedad es que quieren negar lo que ocurrió en la Argentina y eso es algo que nuestro pueblo no está dispuesto a permitir”, dijo el líder peronista, según Página/12, desde la Casa de las Madres.