El “portazo” al reclamo de Cathy Barriga ante la Fiscalía por la exclusión de un “testimonio clave” a su favor

A eso del mediodía de este jueves, el abogado Cristóbal Bonacic, quien representa a la exalcaldesa Cathy Barriga en la causa por corrupción en la Municipalidad de Maipú, tenía agendada una reunión con el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

Y es que hace unos días el abogado de la exmodelo presentó una queja ante la Fiscalía Nacional alegando que la Fiscalía Metropolitana Oriente había descartado el testimonio de una exfuncionaria municipal -Lucía Carrillo Andrades-, quien acudió dos veces a declarar en la causa.

El interés de Bonacic es que dicha declaración, que fue a favor de Barriga, sea incorporada en la carpeta de la Fiscalía y que Constanza Encina -quien instruye el caso-, explique por qué no dejó registro de uno de los dos testimonios que la mujer, de profesión contadora auditora, realizó.

Carrillo tendría conocimiento de los movimientos económicos de la municipalidad, ya que se despeñó como directora de administración y finanzas entre noviembre del año 2020 y junio del año 2021. Según los abogados de Barriga, la mujer desconoció ante los fiscales que hubiese un déficit de $31 mil millones en la municipalidad.

La Fiscalía rechaza estos planteamientos. El lunes 17, cuando el 9° Juzgado de Garantía de Santiago cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario total para Barriga, el fiscal (s) de la zona Oriente, Cristóbal Salazar, defendió la decisión del Ministerio Público de cuestionar ese testimonio, argumentando que Carrillo había declarado en coordinación con la pareja de Barriga, el diputado Joaquín Lavín León, quien también está bajo la lupa de los investigadores.

Para ello, el persecutor mostró una serie de correos donde se aprecia el contacto entre Lavín y Carrillo. En dos de ellos, con fecha marzo y abril de 2024, se puede ver un archivo PDF con la declaración. “Señor Joaquín Lavín, adjunto declaración solicitada. Atte. Lucía Carrillo Andrades, contador auditor, asesora tributaria.

“Lo que pretende el defensor es que renuncie a una obligación constitucional de investigar y hacer caso omiso a los nuevos delitos que se han descubierto durante el transcurso de la investigación”, expuso el persecutor el lunes.

En el reclamo, al cual tuvo acceso La Tercera, Bonacic y el abogado José Miguel Barahona acusan una “serie de actuaciones” realizadas por la fiscal Encina.

Citando jurisprudencia nacional, los abogados alegan que la Fiscalía tiene un deber de “lealtad con la defensa”. “El principio de objetividad conlleva para el Ministerio Público no solo el ‘deber de chequear mediante su investigación hipótesis fácticas de exclusión o atenuación de responsabilidad plausibles y serias’, sino también ‘un deber de lealtad para con la defensa, que se traduce, entre otras manifestaciones, en que este no debe esconder información disponible que pueda favorecer a este”.

En su argumento, los abogados de Barriga señalan que Encina consideró todas las declaraciones, menos la de Carrillo: “Si el Sr. fiscal nacional revisa con detención los 29 tomos que conforman esta investigación, podrá percatarse que, entre el 24 de noviembre del año 2023 y el 15 de enero del año 2024, la fiscal a cargo de la indagatoria realizó un gran esfuerzo por tomar la mayor cantidad de declaraciones posibles, incluso los días domingos, siempre con un sistema de preguntas encaminadas a abonar su teoría del caso”.

“Dichas entrevistas resultaron especialmente provechosas para el Ministerio Público, pues se centraron en funcionarios dependientes del querellante, excepto la testigo Sra. Lucía Carrillo Andrades”, complementan.

En el texto, que iba dirigido al fiscal nacional, Ángel Valencia, explican que Carrillo fue citada a declarar en dos ocasiones: una el 6 de diciembre de 2023 y otra el 4 de enero de 2024.

“Como el testimonio de la Sra. Carrillo implicaba un problema de cara a la pronta audiencia de formalización, la Sra. fiscal Encina decidió no levantar el acta respectiva, junto con omitir cualquier registro de dicha diligencia”, aseguran los abogados de Barriga.

“La decisión arbitraria adoptada por la fiscal Encina, en orden a no dejar registro de la declaración tomada a la Sra. Carrillo con fecha 6 de diciembre de 2023, impidió a esta defensa, primero, conocer de la citación efectuada y, segundo, del contenido de dicha diligencia”, dice el texto.

Así las cosas, los abogados cuestionan: “¿Puede un fiscal decidir por sí y ante sí no dejar constancia de la declaración de un testigo? ¿Puede un fiscal soslayar la oportuna entre de la citación cursada a un testigo, cuando la defensa lo solicita para luego hacerlo cuando se le requiere en forma expresa, desnudando con ello la omisión original?”.

En el historial también se cuenta que la mujer acudió en mayo de 2024 a realizar el testimonio ante un notario de Maipú.

Sin embargo, la Fiscalía Oriente se defiende afirmando que no hubo registro de la primera declaración porque esta no se llevó a cabo. Esa vez Encina pidió que se realizará ante un perito de la Policía de Investigaciones y se reagendó. Finalmente, la queja de los abogados de Barriga fue derivada de la Fiscalía Nacional a la Fiscalía Oriente para que la fiscal Lorena Parra la evaluara. Sin embargo, esta ya fue desechada al no considerar los argumentos expuestos.