La desmunicipalización escolar está en pausa y viviendo, por ley, un 2021 de evaluaciones. En ese orden de cosas, los alcaldes y diversas asociaciones de municipios lideran propuestas para prorrogar los plazos de traspaso de los colegios o, derechamente, frenarlos.

En ese sentido, la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm) ha sostenido diversas reuniones con autoridades del Ministerio de Educación -la última ayer- para hacerles ver que, según su mirada, el proceso no puede continuar tal cual está. Ni en forma ni en plazos.

“Ayer sostuvimos una reunión con el ministro Figueroa solicitándole que presente una ley de suma urgencia para la postergación, por dos años, de dicha ley, para poder hacer los cambios pertinentes”, reseña Bernardo Vásquez, alcalde de Pelarco y presidente de la comisión de Educación de la ACHM.

¿A qué cambios se refiere el edil? La ley dice que al tercer año del proceso de desmunicipalización se debía hacer una revisión y, solo si el consejo asesor así lo recomendaba, los plazos
-originalmente pactados para terminar en 2025- podían ampliarse hasta 2030. Sin embargo, esto no ocurrió y el proceso de traspaso de la educación se mantiene con 2025 como año de término. Por eso, la alternativa es que se presente un proyecto de ley para ampliar esos plazos. Y eso es lo que los ediles están impulsando.

“La única salida es que el Ejecutivo presente un proyecto de ley de suma urgencia, pero también es importante la voluntad del Parlamento”, agrega Vásquez, quien asegura que proponen esto tras detectar errores en el mecanismo de los traspasos, más que en la implementación misma de la educación pública.

Según cuentan en los pasillos del Mineduc, en la cartera no se ve con malos ojos esta salida, siempre y cuando “haya agua en la piscina” para llevar esto adelante en el Congreso.

Jorge Poblete, subsecretario de Educación, toma el guante: “El consejo no votó mayoritariamente ampliar los plazos y el ministerio ya tenía una postura, porque hemos constatado las falencias en su diseño que deberían llevarnos a revisarlo adecuadamente. También creemos que hay elementos que ameritaban revisar el plazo”.

“El diseño de la ley efectivamente tiene ciertas falencias, como que no contempla vías administrativas que permitan ajustar esto. Nosotros efectivamente hemos acogido y recibido a todos los actores, algunos dicen que es mejor postergar y otros que no. Estamos evaluando cuál es el mejor proceder y determinar la forma cómo avanzar”, añade.

Así, la semana que viene será clave para los alcaldes, quienes pretenden reunirse con Ximena Rincón, presidenta del Senado, y diversos parlamentarios integrantes de las comisiones de Educación, con miras a tantear el terreno y hacer lobby para que, según sus aspiraciones, de aquí a 15 días se presente este proyecto.

“No estamos en contra de la ley; puede ser de gran beneficio para mejorar la educación pública. Solo pedimos la postergación de los traspasos, por lo que implicó la pandemia y a sabiendas de que estamos viviendo un cambio de ciclo político, con una nueva Constitución”, cierra el alcalde de Pelarco.

El subsecretario Poblete dice al respecto: “Tenemos una posibilidad de analizar esto en un plazo un poquitito mayor, no hablaría de 15 días, porque el próximo año los SLEP comienzan a trabajar con los municipios para que recién en 2023 se generen los traspasos”. De todas maneras, agrega que “sería deseable concluir este año este tema, para que en 2022 no empiecen a trabajar administrativos que luego se desanden”.

“Lo que no está en cuestionamiento es derogar la ley, sino que ampliar el plazo. Estamos escuchando a todos los actores para eventualmente presentar un proyecto de ley que apunte a ciertas mejoras, entre ellas la ampliación de los plazos”, cierra la autoridad educativa.

En paralelo, una encuesta realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) determinó que dos tercios de los ediles está por frenar el proceso tal cual está llevándose a cabo.

Así queda de manifiesto en el sondeo realizado a 212 de los 345 alcaldes y alcaldesas del país, de distintos partidos: 30,2% independientes, 29,7% de Chile Vamos, 17,5% de Unidad por el Apruebo, 17,5% de Unidos por la Dignidad y porcentajes menores al 2% de Chile Digno, Verde y Soberano, Frente Amplio y Dignidad Ahora.

La cifra específica señala que un 61,3% de los encuestados no está de acuerdo en continuar con el proceso de traspaso de los servicios educativos con la actual norma y procedimiento. El número aumenta a 65,4% en aquellas comunas donde ya se entregaron los establecimientos.

“La amplia mayoría de los alcaldes queremos pedir un estudio de lo que se ha realizado con la desmunicipalización, lo que permitiría evaluarla y mejorar todo lo malo, siempre en propositivo de tener una educación pública de calidad, pues como se ve hoy no estamos logrando ese objetivo”, señala Gustavo Alessandri (independiente por Chile Vamos), alcalde de Zapallar y presidente de la Amuch.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, difiere del edil. “Los datos no son concluyentes y más bien muestran una opinión dividida”, dice. Y agrega que hay dos elementos a considerar: “La ley, como está diseñada, tiene fallas graves que fueron advertidas en su momento, pero no se consideraron, y eso ha creado dificultades en su implementación. Lo segundo es que la Nueva Educación Pública ha buscado hacer la educación pública más eficiente y efectiva, y eso puede afectar intereses. Por eso vemos al Colegio de Profesores y algunos parlamentarios pidiendo detener una reforma que ellos mismos impulsaron”.

Pero no hay acuerdo pleno entre los representantes de los jefes comunales. “Hay que hacer presente que la Amuch es una asociación de municipios fundamentalmente de derecha que no representa al total de municipios chilenos, sin perjuicio de quienes hayan contestado la encuesta”, aclara primeramente Gonzalo Durán, alcalde de Independencia y quien no participó en el sondeo.

El edil señala en su comuna creen “profundamente en la necesidad de desmunicipalizar la educación y generar estos Servicios Locales, porque es una manera eficiente de compatibilizar el rol del Estado en materia de educación, con la pertinencia local de estos servicios, que sobrepasan la dinámica municipal, pero que al mismo tiempo asignan un rol territorial distinto del nivel central”.

La encuesta también evaluó el traspaso y gestión de las escuelas públicas hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y un 51,9% de los ediles consultados lo considera malo o muy malo. Esta evaluación negativa otra vez aumenta en aquellos municipios que ya traspasaron la educación, llegando a un 61,5% de alcaldes que lo reprueban.

Finalmente, en torno a la desmuncipalización general, a nivel nacional un 48,1% de los alcaldes consultados está en desacuerdo con el proceso, aunque baja a un 46,2% en aquellas comunas ya traspasadas.

En ese sentido, el alcalde Alessandri dice saber que hay municipios “que han administrado muy bien la educación y otros que no”. Por eso, propone, “un municipio que administre bien y demuestre compromiso con la educación pública, que sea un ejemplo para las demás municipalidades y siga administrando la educación, ya sea a través de una corporación o una dirección municipal”. “Lo que no puede pasar es que no entreguemos una muy buena educación pública”, agrega.

Sin embargo, desde Acción Educar, el director ejecutivo plantea que “la pandemia dejó en evidencia que gran parte de los municipios fueron incapaces de asegurar el derecho a la educación de sus propios estudiantes”. Por eso, agrega, “es razonable que no sigan administrando colegios”.

Hace pocos días y a raíz de los resultados del Sistema de Admisión Escolar, Gonzalo Muñoz, académico de la U. Diego Portales y exjefe de la División General de Educación del Mineduc, señalaba al respecto que esos resultados “confirman la importancia, al contrario de lo que algunos actores han propuesto en el último tiempo, de fortalecer y acelerar el proceso de desmunicipalización y traspaso a los nuevos servicios locales de educación”.

Alessandri se desmarca: “La desmunicipalización nos produce un problema social gigante, no llegamos a tiempo con los requisitos. Los servicios ya desmunicipalizados llegaron más tarde que los servicios aún municipalizados, porque la desmunicipalización se preocupa más de lo administrativo que de lo pedagógico y nosotros nos preocupamos de que la educación llegue eficientemente en cada comuna”.

Desde Independencia, Durán difiere: “El proceso está bien encaminado, no obstante que tiene que ser monitoreado de manera permanente y hacer los ajustes y correcciones que correspondan. En el caso de Independencia, pese a que tenemos un sistema de alta eficiencia, pese a una buena educación municipal, vamos a seguir instando a fortalecer el proceso de desmunicipalización, pero con participación de los alcaldes y alcaldesas”.