Luego de que la mesa de la Convención Constitucional tuviera que suspender la sesión del jueves pasado a raíz de la molestia de algunos miembros de los pueblos originarios por la aplicación de los dos tercios para el reglamento de la consulta indígena, ayer se lograron aprobar los quórum de votación para ciertos aspectos del reglamento y también el reglamento en general, con 145 votos a favor.

Tras esto, la Convención se prepara para presentar indicaciones entre hoy y mañana, para que a partir del 20 de septiembre se pueda elaborar el comparado con las propuestas presentadas. A continuación se presentan cinco temas que, a criterio de constituyentes y expertos, marcarán los debates de las próximas semanas y que podrían presentar la mayor cantidad de indicaciones.

El martes, el quórum de 2/3 que establece la Constitución vivió un día clave. La Convención visó que cuando se apruebe la aplicación de esa norma -o sea, la parte del reglamento que obliga a que las normas constitucionales del nuevo texto se aprueben por 2/3-, esta sea ratificada con un quórum simple. Esto despertó las críticas de los representantes de Chile Vamos, que acusaron una violación a lo establecido en el Artículo 133 de la actual Carta Magna, el que explicita que tanto para las normas constitucionales como para el reglamento se requiere de los 2/3.

Durante esta semana, diversos sectores de la Convención se mostraron a favor y defendieron hacer prevalecer los dos tercios. Por ejemplo, y como se publicó en La Tercera, durante los últimos días de esta semana algunos dirigentes del Frente Amplio, Colectivo Socialista, Colectivo del Apruebo e Independientes No Neutrales realizaron gestiones para intentar asegurar la reafirmación del quórum establecido para la discusión constitucional. Paradójicamente, la fórmula fue acudir a una votación por mayoría simple para ratificar los 2/3 y así impedir un eventual veto del tercio de los sufragios que mantiene la izquierda (PC, Pueblos Originarios y Pueblo Constituyente).

Según explica el académico de la Universidad Autónoma Pablo Contreras, gracias al acuerdo de la mesa directiva de discutir el quórum de votación para cada reglamento y norma, es altamente probable que se apruebe el Artículo 94 que establecería la votación por dos tercios. “Si bien puede haber indicaciones, habría que ver quiénes están dispuestos a apoyar realmente una rebaja de quórum. Yo creo que lo que pasó hoy día (ayer) es precisamente destrabar el problema”, sostiene.

Por su parte, el constituyente representante del distrito 28 Mauricio Daza dijo en el pleno realizado ayer: “Creo que no (debemos cambiar la regla de dos tercios). Las normas constitucionales deben tener estabilidad y esta estabilidad se establece a partir de un consenso amplio. Ahora, aquello que no quede en la Constitución deberá ser materia de ley, a través de un nuevo Congreso que deberá ser bicameral y paritario”.

En una posición similar, desde la derecha coinciden en que se debe respetar la regla de votación. El convencional por el distrito 23 Cristián Monckeberg explicó: “No sacamos nada con aprobar una Constitución rasguñando ciertos quórums, con un 50 más uno, etcétera. Y luego, pasado un par de años, que se quiera cambiar de nuevo. Cuando las normas constitucionales son aprobadas por una mayoría importante, duran más en el tiempo. Ese es el objetivo, darle estabilidad al país después de este proceso de discusión”.

No obstante, algunos constituyentes que ocupan los escaños reservados mantienen su resistencia a la idea. La constituyente por el pueblo mapuche Rosa Catrileo enfatizó en el pleno que “pedir votar por dos tercios en normas que implican materializar un derecho fundamental de los pueblos indígenas (...), como lo es el derecho de participación y consulta de los pueblos originarios en este proceso, es simplemente no respetar los derechos humanos. Ese parece ser un estilo del sector que pide votar normas del reglamento de consulta indígena bajo ese quórum”.

Hace un mes, la Comisión de Ética de la Convención estableció una definición de “negacionismo” y aprobó una norma que lo sanciona y prohíbe. Este término se entendería como “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este”. También se incluyó el “genocidio cultural”, del que “han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente”.

En este contexto, la discusión reglamentaria podría definir también las sanciones para estos y otros hechos, como el caso de la mentira del constituyente Rojas Vade.

Sobre esta discusión, Patricia Politzer (INN), quien la semana pasada manifestó que no compartía muchas de las normas de la Comisión de Ética, asegura estar “muy tranquila” con cómo se han debatido los temas incluidos en el reglamento que, según ella, “ponían límites a la libertad de expresión”. Ahora la convencional confía en que serán modificados. En este sentido, el académico Pablo Contreras explica que normas como la pérdida del derecho a voz que están establecidas en el reglamento de ética afectarían la representación y el debate democrático, por lo que considera que es “probable que también se modifique”.

En la misma línea, el constituyente del FA Fernando Atria cree que, en general, el reglamento de ética va por buen camino. “Mi impresión es que va a haber discusión para modificar algunas polémicas, pero en general está bien”, señala.

Por su parte, la convencional de Vamos por Chile Marcela Cubillos agrega que están “en contra de todo lo que sea alterar vía reglamento lo que es la libertad de expresión consignada en la Constitución”.

Además de los conflictos relacionados a la libertad de expresión, Contreras asegura que en la discusión de los dilemas éticos “es probable que se excluyan, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos fruto del estallido social o se trate de restringir el alcance respecto del caso de los pueblos indígenas y la colonia”.

La Comisión de Participación y Consulta Indígena aprobó la idea de un plebiscito dirimente para normas constitucionales que no alcancen un quórum de dos tercios, pero sí de tres quintos. La propuesta implica la convocatoria a la ciudadanía a decidir, mediante un sufragio universal, popular, la inclusión o exclusión de las normas constitucionales que no hayan podido alcanzar un acuerdo dentro del debate de la Convención. Dicho proceso, según el artículo presentado, podría ser convocado una única vez y podrían votar todas y todos los chilenos con residencia en el territorio y el extranjero desde los 16 años.

Por otra parte, también se presentó un reglamento por el cual se regiría la comisión y, además, la consulta indígena. Esta última causó polémica la semana pasada, dado que, según los convencionales de pueblos originarios, debiese ser vinculante y no regir sus normas con el quórum de dos tercios.

Sobre la realización de plebiscitos dirimentes, la constituyente Cubillos explica que presentarán indicaciones al reglamento de participación popular, pues “nos parece que la participación tiene que ser fundamental para aumentar la legitimidad del proceso, pero no reemplazar la democracia representativa”. Por su parte, el constitucional Fuad Chahin (DC) señala que la discusión sobre los plebiscitos dirimentes se llevó a cabo de forma “inocua”, porque aún está pendiente que el Congreso apruebe una reforma constitucional.

Un tema que también se ha tomado el debate durante los últimos días, en el contexto de la discusión de los dos tercios, es sobre la realización de la consulta indígena y si esta debe o no ser vinculante. Sobre este tema, el convencional por el pueblo quechua Wilfredo Bacián explica que las indicaciones que se van a presentar en esta materia seguramente van a estar “dadas por la definición de lo vinculante del proceso de participación y consultas indígenas”.

Asimismo, enfatiza: “Lo que nosotros hemos planteado es que, más allá de lo que emane del proceso de participación y consulta indígena (...), el mandato de la comisión que proponemos es que pueda redactar normas, estas van a ser presentadas al pleno, y el pleno se tendrá que pronunciar si las aprueba o las rechaza. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista”.

Distintos convencionales creen que se reactivará un amplio debate durante las próximas jornadas sobre la cantidad, nombres y cómo marcarán el índice las nuevas comisiones temáticas.

“Las comisiones temáticas tienen dos alcances. El primero es que fijará el orden de la discusión. El segundo, que uno puede ir previsualizando los temas que marcarán el contenido de la nueva Constitución, entre ellos, el rol relevante del medioambiente, la naturaleza y cómo ello marcará la forma en que posiblemente se instituirá un modelo de desarrollo distinto”, comenta Tomás Jordán, abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado.

Sobre estas comisiones, la constituyente Cubillos piensa que los nombres de dichas comisiones deberían ser “lo más neutros posibles, para no dar por zanjado en el nombre un debate que todavía ni siquiera se ha producido”.

Por otra parte, la constituyente Politzer sostiene que los títulos de las comisiones temáticas deberían permitir y dejar abierto el espacio para que se toquen todos los temas necesarios. “Cuando uno empieza a hacer una lista muy acotada, corre el riesgo de dejar algo fuera y que después no se trate, porque no está incluido. Yo creo que debemos dejar abierto al máximo el debate dentro de cada comisión temática”, sostiene.

Otro debate que probablemente se dará en el pleno son las “comisiones transversales” que tendrían entre sus atribuciones formular observaciones al trabajo de las comisiones temáticas. El convencional Mauricio Daza explica que la finalidad de ellas sería “armonizar el trabajo de las diversas comisiones temáticas para que respeten ciertas directrices en materia de enfoque de género, plurinacionalidad, medioambiente, entre otros parámetros”. Sin embargo, reconoce que no le parece que deban existir comisiones integradas por “un puñado de constituyentes, las cuales puedan fiscalizar el trabajo de las demás, lo que atenta en contra del principio de igualdad que debe primar entre los miembros de la Convención”.

Esta semana, un grupo de 11 constituyentes presentó una normativa en la Comisión de Reglamento que excluye de las votaciones a las personas que se abstengan o no estén presentes. Esto quiere decir que estas acciones se entenderían como “renuncia a ejercer el voto” y, por tanto, los votos correspondientes no estarían considerados dentro del quórum. Sin duda, este será un tema de duro debate, pues al descartarlos del total de sufragios, se baja de los 2/3 necesarios para la aprobación de las normas constitucionales.

Bárbara Sepúlveda (PC), impulsora de esta idea, dice que “pareciera que aún hay resistencia en torno a las abstenciones y, especialmente, de un sector de la derecha, pero mayoritariamente me parece que están los votos para avanzar a un sistema de votaciones que obligue a los constituyentes a pronunciarse a favor o en contra”. Según la constituyente, esto favorecerá a que no se “tergiversen los resultados” y que no se sumen las abstenciones a los votos en contra.