El río revuelto que enfrentaría el Presidente en el TC si juega ahí su última carta por el retiro del 10%

Si se pudiera “mapear políticamente” al actual Tribunal Constitucional -según origen de designación y sensibilidades personales- el oficialismo ganaría por un voto a quienes representan al mundo progresista.

En abstracto, dicen algunos abogados constitucionalistas, el TC sería un buen lugar para que el Presidente Sebastián Piñera o los parlamentarios de gobierno jugaran ahí su última carta para derribar la reforma constitucional que permitirá a los afiliados el retiro del 10% de las AFP y que ha avanzado en el Congreso incluso con el apoyo de diputados y senadores oficialistas. El problema, comentan fuentes al interior del tribunal, es la crisis interna que vive hoy el organismo, lo que impide asegurar una victoria. No pocos plantean que las aguas agitadas en las alianzas políticas al interior del TC hacen que cualquier embestida tenga -hoy por hoy- un final abierto. “Todo dependerá de quién hace el requerimiento y bajo qué argumentos”, dice uno de los ministros consultados por La Tercera PM.

El TC actual es liderado por María Luisa Brahm, quien fuera en el primer gobierno de Piñera jefa de los asesores del denominado “segundo piso”. En ese sentido algunos jueces aseguran que si es el Mandatario quien decide impugnar la reforma contaría con su respaldo. Jueces cercanos a la presidenta del TC aseguran que nunca hay que ver estos requerimientos en clave política pues -recuerdan las mismas fuentes- la abogada permitió que fuera ley un proyecto emblemático de la Presidenta Michelle Bachelet, como fue el aborto en tres causales, votando en contra de lo que pretendía en ese entonces la oposición. “Es simplista reducir este análisis a estar a favor o en contra del Presidente, eso es una opinión política y en el TC las votaciones muchas veces son cruzadas”, dice un miembro el organismo.

El ala “oficialista” -quienes tienen mayor sensibilidad con el mundo de la derecha- son Brahm, el ex diputado UDI Cristián Letelier y el abogado Miguel Ángel Fernández. Los dos primeros nominados por Piñera en el TC y el tercero por el Congreso. A ellos se suma Iván Aróstica, José Ignacio Vásquez y Juan José Romero. Este último trío, si bien cuenta con un perfil conservador, son férreos críticos a la presidencia de Brahm y a sus actuaciones en estos últimos meses.

Conocida es la pugna pública tras la entrevista en que la jueza sostuvo que antes de que ella llegara a liderar el TC había causas detenidas por mucho tiempo al borde de la corrupción. Sus dichos motivaron querellas que tienen hoy en calidad de imputados enfrentando una causa penal a Aróstica y Vásquez. “Se ve muy poco probable que Brahm pueda generar una alianza con ellos. En otra oportunidad el presidente del TC podría haber persuadido al resto de los ministros, (pero) la afrenta es tan personal que ahora incluso ellos podrían aprovechar esta instancia para mandar un mensaje de que ella no lidera el tribunal, y votar para que se apruebe la reforma validando los quorum. Es complejo”, sostiene un miembro del TC.

Al analizar en bruto la composición del TC estarían los seis votos que necesita Piñera. Por el otro lado, y representando una sensibilidad más progresista, corren con desventaja el ministro Gonzalo García, Pía Silva (ambos cercanos a la DC), Nelson Pozo y Rodrigo Pica. Sin embargo un ministro advierte: “No hay que olvidar que a río revuelto, ganancia de pescadores, y esta mayoría del oficialismo es más bien un espejismo”.

Al interior del TC, algunos ministros ven con inquietud que esta disputa política llegue a sus manos, de no vetar el gobierno la iniciativa, por los costos políticos que tendría frente a un proyecto de amplio respaldo ciudadano. En La Moneda se inclinan a que sean los parlamentarios de Chile Vamos los que enfrenten el dilema de tener que recurrir al Tribunal Constitucional. De ser así, los magistrados se preparan para enfrentar un escenario complejo. Esto, porque el tribunal podría demorar más de un mes, en el mejor de los casos, en la tramitación de ese eventual requerimiento, trasladándose a ellos la presión ciudadana. Eso, pese a que hay quienes aseguran que se podrían replicar los tiempos que se ocuparon para la tramitación de los requerimientos que impugnaron la Ley de Indulto Conmutativo y tener un veredicto en un plazo de 20 días.

Aunque el tema no ha sido debatido entre los ministros hasta ahora, al menos uno de los integrantes del TC considera inadecuado el tono que han alcanzado algunas declaraciones de dirigentes políticos y parlamentarios que se oponen al proyecto. “Acusar que un sector del parlamento utilizó en este caso una ‘triquiñuela’ es excesivo”, señala. Si el proyecto hoy es aprobado por el Senado sin el artículo que crea el fondo solidario o compensatorio -que fue rechazado en la Cámara de Diputados pero repuesto en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta-, el mismo magistrado considera que no habría argumentos para presentar un requerimiento ante el TC. “La única posibilidad de recurrir por los 2/3 se daría si se estuviera modificando por completo el inciso 18 del artículo 19 de la Constitución, si aquí estuviéramos ante una reforma que modificara por completo lo que se entiende por seguridad social. Pero ese no es el caso. La Constitución establece que en lo referido a ese artículo queda sujeto al legislador”, remarca el juez.

En esa línea, otro juez plantea que “lo lógico es que las normas transitorias no irroguen gasto fiscal”. Sin embargo, recordó que hace sólo unos meses, el Congreso aprobó el proyecto de reforma para la rebaja de salarios de las autoridades con el mismo procedimiento respecto de los quórum. La norma se aprobó, tanto en la Cámara como en el Senado, bajo el requisito de los 3/5 y no hubo reparos de ningún parlamentario. “Ninguno hizo reserva de constitucionalidad en ese momento”, recuerda. Frente al proyecto del retiro de fondos de las AFP, durante su paso por la Cámara, tanto el presidente como el vicepresidente de la Corporación, Diego Paulsen (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) estuvieron de acuerdo en la admisibilidad del proyecto y en que se aprobara por 3/5, pese a que ambos votaron en contra del proyecto.

Otro integrante ve poco probable que el Presidente vaya impugnando la iniciativa exclusiva presidencial en reformas constitucionales, ya que recuerda que la rebaja de sueldos también lo era y se aprobó -dice este juez del TC- “justamente porque en las reformas constitucionales no hay iniciativa exclusiva”.

Algo que se observará con detención en el TC será la votación que alcance el retiro de fondos hoy en el Senado. “Si se aprueba por 2/3, aunque haya calificado para reforma por 3/5, no habría vicio que alegar”, dice un ministro y expresa cierta satisfacción de no ser ellos quienes tengan que entrar al debate. “Imagine esta situación: que tengamos que decidir nosotros y haya un empate. El voto dirimente quedaría a manos de Brahm, una ex funcionaria del Presidente Piñera. Imagine lo que sería eso”, sostiene. Junto con esto, advierte que en estos momentos se está jugando mucho más que el tema del 10%.

Algunos especialistas consultados adhieren a esta última postura. “Lo que está en juego verdaderamente aquí es el régimen presidencial y si esto llega a manos del TC, lo que se estará jugando este organismo no es su futuro, respecto a si una nueva Constitución lo incluiría o no, sino más bien su trascendencia como organismo. No son tiempos para ambigüedades”, dice uno de ellos.