El rol de las Defensorías Comunales: de mediaciones y posesiones efectivas a brindar asesoría jurídica a víctimas de delitos

En medio de la creciente crisis de seguridad que afecta a diversas comunas del país, varias municipalidades han implementado Defensorías Comunales con el fin de ofrecer apoyo integral a las víctimas de delitos. Estas defensorías, que originalmente se enfocaban en asistencia legal relacionada con mediaciones o posesiones efectivas, han ampliado su alcance para brindar asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y apoyo social a quienes han sido afectados por hechos delictuales.

“Ofrecemos apoyo psicológico, social y legal a vecinos, transeúntes o trabajadores de la comuna que han sido víctimas de delitos, con el fin de que logren sobreponerse, resignificar los efectos negativos del proceso de victimización e interponer acciones legales”, explican algunos municipios sobre sus programas. Este tipo de iniciativas ha ganado especial relevancia en la Región Metropolitana como respuesta a los delitos que les afectan.

Frente a esta situación las comunas más populosas, como La Florida, Santiago, Maipú o Puente Alto, han implementado este tipo de instituciones para ofrecer un apoyo a las víctimas. Según expertos, estas defensorías permiten acercar los procesos judiciales a ellas y hacer menos engorroso el trámite para realizar una denuncia.

Por ejemplo, la Defensoría de la Gente de La Florida, inaugurada en enero de 2024, incluye asesoría jurídica, contención psicológica y acompañamiento social. Además, ha implementado un patrullaje especializado disponible las 24 horas para asistir a las víctimas de violencia intrafamiliar en el momento de la denuncia, acompañando a las personas afectadas durante todo el proceso, desde la denuncia hasta la constatación de lesiones.

Desde diciembre del 2023 a la fecha la defensoría ha presentado 108 querellas y otras 409 víctimas han desistido de continuar con los procesos judiciales. Además, 126 causas siguen activas sin querella y se han atendido 53 consultas espontáneas, mientras que 9 causas han sido cerradas.

El alcalde Rodolfo Carter justifica la implementación de la defensoría señalando que “el sistema les da garantías a los detenidos y ninguna garantía a las víctimas. Se da la paradoja de que un homicida dispone de un abogado contratado con los impuestos de todos los chilenos, gratuito para él, para que se pueda defender en el estrado, y no así la víctima”.

Pero la comuna ubicada al suroriente de la capital no es la única. La Defensoría de Víctimas con Enfoque de Género de la Municipalidad de Santiago, creada en marzo de 2022, ha atendido a 1.353 usuarios. El 54,37% de los casos corresponde a violencia intrafamiliar, 17,2% a delitos contra la propiedad, 12,76% a delitos contra las personas, 6,1% a delitos sexuales y 9,43% restante está relacionado con delitos relacionados con drogas y armas.

Este programa, similar al de La Florida, ofrece asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento social a víctimas que residen en la comuna o que hayan sufrido un delito en ella con el objetivo, según explican desde el municipio, de disminuir el impacto de la victimización y facilitar el acceso a la justicia. A través de un convenio con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte se hace seguimiento a las medidas cautelares y de protección, permitiendo intervenir oportunamente en casos de alto riesgo.

A surponiente de la RM, en Maipú, la Defensoría Ciudadana ha registrado 9.774 atenciones este año, siendo las áreas más solicitadas la asesoría legal (donde se incluyen delitos) con 5.374 casos; mediación familiar y vecinal, con 2.235 atenciones, y posesiones efectivas, con 930. Además, el programa ha atendido 331 consultas relacionadas con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Mientras, en Puente Alto la Dirección de Seguridad Pública cuenta con una Fiscalía Antidelincuencia que brinda apoyo a las víctimas de delitos, ofreciendo el acompañamiento de una dupla de abogado y psicólogo en casos de delitos violentos. Esta dupla se encarga de proporcionar contención emocional en un primer momento y, posteriormente, guiar a la víctima en los trámites judiciales.

“Cualquier víctima de delito puede recurrir a esta Fiscalía para recibir asesoría legal o presentar una querella, según la gravedad del caso”, afirman desde el municipio. Actualmente, la Fiscalía lleva la representación penal en 14 casos activos.

Para la directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Central, Daniela Pizarro, estas instituciones no solo han facilitado el acceso a la justicia, sino que también han cambiado la mirada de los vecinos sobre la justicia chilena. “Muchas veces la gente tiene una percepción negativa del sistema judicial debido a los tecnicismos y a la falta de claridad en los procesos. Las defensorías permiten dar una ruta clara a las víctimas sobre cuáles son sus derechos, cómo buscar medios de prueba y cómo proceder en cada caso, lo que las convierte en un recurso más cercano y accesible”, explica.

Aunque estas defensorías ya están presentes en las comunas más grandes, la tendencia no se limita a ellas. Otras comunas como Cerro Navia, Vitacura, Las Condes, Providencia, La Granja y San Ramón también han comenzado a implementar medidas similares para acercar la justicia y la protección a las víctimas.

En paralelo, el Senado ha retomado la discusión sobre el proyecto de ley que busca crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos, presentado por el Presidente Gabriel Boric en noviembre de 2023, y que fue aprobado en general en mayo de 2024.

Este proyecto tiene como objetivo unificar los esfuerzos de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas, ofreciendo asesoramiento legal gratuito, acompañamiento psicosocial especializado y atención especial a los derechos de niños, adolescentes y adultos mayores. El proyecto se articula en torno a tres pilares: representación legal, apoyo emocional y social, y la resolución colaborativa de conflictos, evitando la judicialización cuando sea posible.