El silencio del gobierno de Maduro que retrasa el anunciado viaje de Monsalve a Venezuela

El plazo autoimpuesto por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para viajar a Venezuela se cumplirá esta semana y en el gobierno hay conciencia de que es complejo de cumplir. “Mi intención es viajar antes del 15 de diciembre”, dijo el socialista el pasado 27 de noviembre.

El objetivo del viaje del subsecretario es para cerrar un acuerdo entre ambos países, mediante el cual se pueda agilizar el retorno de migrantes venezolanos que se encuentran en Chile en situación irregular. Otra materia a abordar en dicho documento es la solicitud levantada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para acceder a los antecedentes penales de los ciudadanos venezolanos que delinquen en territorio nacional.

Esa propuesta de entendimiento ya está en manos del gobierno de Nicolás Maduro, pero hasta la fecha no tiene respuesta. Ese es el hecho que retrasa el viaje anunciado por el subsecretario del Interior, según reconocen en el Ejecutivo.

El problema para concretar el viaje es que dicho acuerdo no ha sido cerrado aún con Venezuela, dicen en el Ejecutivo. La idea, se comenta, es no viajar solo para la foto.

Hoy Monsalve sigue trabajando en su visita a Caracas que, si bien no se concretará esta semana, desde Interior señalaron que sí se realizará antes de que termine este año 2023. Al mismo tiempo, la agenda internacional del subsecretario incluirá otro destino de Sudamérica durante el verano del 2024.

El viaje a Caracas no ha sido fácil y para cumplir esto el subsecretario se ha contactado con el embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, y con representantes de las policías de dicho país, así como con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, a cargo del almirante Remigio Ceballos.

Monsalve ya se ha reunido de forma telemática con representantes de este último ministerio, como el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela, Humberto Ramírez, y el comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico.

Este mismo encuentro es el que se espera materializar de forma presencial durante los próximos días. En el viaje también iría a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

“Siguiendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, anunciamos que en los próximos días estaremos iniciando una serie de vuelos de repatriación, coordinados con el gobierno de Chile, a través del programa Vuelta a la Patria”, posteó este sábado, en la red social “X”, el canciller venezolano, Yvan Gil, adelantando las novedades que se incluirán en el acuerdo.

Esto fue respondido, en la misma red social, por el Presidente Gabriel Boric: “Esto es fruto de un intenso trabajo diplomático que hemos llevado adelante”.

El programa “Vuelta a la Patria” aludido por Yvan Gil data desde el 2018, fue implementado por Nicolás Maduro y se reactivó en la segunda parte de este año, con países como Estados Unidos y Perú. Según cifras del gobierno venezolano, dicho plan significó la repatriación, al 10 de febrero del 2020, de 8 vuelos con origen en Chile.

En medio de las pláticas entre Santiago y Caracas, en La Moneda tuvieron que prestar especial atención a un suceso que ocurrió en Venezuela y que generó la preocupación en el gobierno de Boric.

Se trata del referéndum consultivo efectuado el 3 de diciembre en Venezuela, en donde se plebiscitó la idea de anexar la región de Guayana Esequiba, administrada hoy por el país independiente Guyana. El caso de la contingencia generó un movimiento de tropas en las fronteras venezolanas y captó gran parte de la atención del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia con el que conversan en el gobierno chileno.

Finalmente, el caso no será impedimento para seguir adelante con las conversaciones entre los ejecutivos de Boric y Maduro. De hecho, este martes en TVN Monsalve indicó que para mejorar la negociación con Venezuela las autoridades chilenas dejaron de usar el término “expulsiones”, ya que en Caracas utilizan el concepto “repatriación”. Por ello, en Interior se adaptaron y han utilizado la frase “retornos no voluntarios”.

Hoy, en promedio, son tres los vuelos comerciales que parten desde Chile a Venezuela para la concreción de las expulsiones administrativas. Cada viaje traslada a dos migrantes irregulares, que son acompañados por cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

En La Moneda señalan que hoy este es el único método posible para ejecutar las expulsiones a Venezuela, ya que en dicho país no reciben aviones de la Fuerza Aérea chilena ni chárteres.

Los vuelos comerciales complejizan el traslado de un gran número de migrantes con situación irregular. Una de las alternativas que estuvo en estudio, impulsada desde Caracas, es que retome sus funciones en Chile la aerolínea venezolana creada en 2004 bajo el mandato de Hugo Chávez: Conviasa. Otra fórmula es permitir que los aviones de la FACh lleguen a territorio venezolano.

El problema es que sobre dicha empresa estatal venezolana pesan las restricciones impuestas por Estados Unidos, por lo que el gobierno del Presidente Boric estaría gestionando en Washington la posibilidad de levantar de forma excepcional dichas sanciones en territorio nacional.

Según informó Monsalve este martes, el promedio de expulsiones administrativas en Chile es de 350 por año. El subsecretario señaló que la meta del gobierno para 2024 será de 2000 “retornos no voluntarios”.