El sorpresivo apoyo de la UDI y RN a la enmienda republicana que elimina el pago de contribuciones y que desató una trifulca en Chile Vamos

Eran casi las nueve de la noche del jueves de la semana pasada, cuando los consejeros de Chile Vamos -Arturo Phillips (Ind.-UDI), Carlos Recondo (UDI), Germán Becker (RN) y Pilar Cuevas (RN)- dieron su voto a favor de una de las enmiendas más emblemáticas y polémicas de los republicanos.

Se trata de la indicación que elimina el pago de contribuciones de la vivienda principal. “El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”, se lee en la cláusula impulsada por el partido que lidera Arturo Squella.

Los cuatro votos de la UDI y RN fueron la pieza fundamental para que la enmienda tuviera éxito. Esos apoyos, sumado a los cinco consejeros republicanos, hicieron que la enmienda se aprobara. Los únicos votos en contra fueron de los tres consejeros de izquierda que estaban en la sesión.

Las contribuciones corresponden a un impuesto territorial el cual es aplicado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a bienes raíces. Esos recursos son recaudados por la Tesorería para transferirlos a las municipalidades. Este impuesto se redistribuye y va desde las comunas más ricas a las más pobres. De hecho las contribuciones financian cerca del 58% del Fondo Común Municipal (FCM).

Según el SII el 77% de las propiedades habitacionales están exentas del pago de contribuciones y respecto de los bienes agrícolas, el 81% está exento de pagar contribuciones. Un estudio del centro de estudios Horizontal -think tank de Evópoli- concluye que “alrededor del 80% de los chilenos hoy no pagan contribuciones”.

Por lo mismo, en ese mismo informe, concluyeron que las contribuciones son un impuesto “progresivo y solidario a nivel comunal” que “grava mayormente a personas que viven en comunas de mayores ingresos y beneficia a los municipios que dependen de las contribuciones para entregar bienes y servicios a personas generalmente vulnerables” y además “es un impuesto eficiente, ya que es simple, difícil de evadir y fácil de fiscalizar”.

El camino para que ambos partidos se sumaran a los republicanos desató la molestia de varios representantes de Chile Vamos. Apenas se ingresó esa indicación, en el bloque de derecha criticaron duramente la indicación. Lo hicieron en privado varios de los comisionados del sector y también algunos consejeros. Incluso bromeaban con la norma, destacando lo “irresponsable” que era la idea, que no correspondía a un tema constitucional y sobre todo tomaron distancia de la pretensión de los republicanos de “querer armar una reforma tributaria” a través del proceso constitucional.

Sin embargo, meses después, todo eso se transformó en un apoyo irrestricto a la idea. Los cuatro consejeros que aprobaron explican las razones para haber dado su apoyo. Lo primero que comenta la mayoría de ellos, es que se “formaron la convicción” de que es una buena medida y “que beneficia a la “clase media emergente”.

Otros añaden un argumento adicional. Chile Vamos puso como condición para aprobar la enmienda que estuviera acompañada de un artículo transitorio que permitiera atenuar los efectos de la eliminación de este impuesto. La UDI y RN pensaron un transitorio que tiene tres elementos y que se ingresó ese mismo día como indicación de unidad de propósito.

El transitorio establece que esto entrará en régimen seis años después de publicada la nueva Constitución. Junto con eso, el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley para “establecer su implementación gradual”. Además se impuso un límite, el cual se pretende reforzar aún más. “La sobre sobretasa de impuesto territorial para altos patrimonios inmobiliarios se mantendrá plenamente vigente mientras no sea expresamente derogada”, se lee en la norma. Junto con eso, se mandata al Presidente de la República para que envíe un proyecto de ley “que contemple mecanismos para compensar la disminución de los ingresos municipales”.

Un tercer argumento apunta a un mero aspecto “transaccional”. Los consejeros comentan en privado que esta era una línea roja para los republicanos y que no les quedaba otra opción más que sumarse. “Había que transar”, reconocen. Esto se volvió aún más ineludible luego de que republicanos bajara las primeras cuatro enmiendas clave. Ese gesto implicaba, reconoce un consejero, tener que sumarse al fin de las contribuciones.

Así lo reconoció, por ejemplo, la consejera Cuevas: “Lo debatimos muchísimo. Para tomar la decisión final nos reunimos con alcaldes y analizar las distintas aprensiones. Luego de hablar con republicanos y lograr un transitorio que permitiera que esto tuviera piso, votamos a favor”.

El problema se desató durante ese misma noche y durante los días siguientes. El apoyo de los cuatro consejeros UDI y RN levantó fuertes críticas y molestia entre algunos comisionados de Chile Vamos. Varios de ellos, en privado, incluso expresaron sentir “vergüenza” y otros sin dudar calificaron lo ocurrido como “populismo constitucional”. Los consejeros comentan que esto fue trabajado, sin mayores objeciones, con expertos del sector de la comisión de Derechos sociales como Teodoro Ribera (RN).

Sin embargo, otros comisionados del sector fueron más cautos. Si bien este grupo dice que “es una mala idea” y que el asunto “no es una materia propiamente constitucional”, comentan que hay que ver de qué manera se puede arreglar el asunto en el Consejo, antes de que se vote en el pleno, para así “evitar” un choque con los comisionados. Esto, debido a que varios expertos ya han adelantado, en privado, que es una materia que van a observar y que se tendrá que resolver en la comisión mixta.

Ante la molestia de los expertos de Chile Vamos, la delegada de RN Cuevas, agregó: “Habría sido bueno escuchar la opinión (de los expertos) antes de la votación. No la dijeron. Nosotros votamos haciendo un trabajo serio con el comisionado que nos correspondía a esa comisión, hablamos con todos los actores y la decisión la tomamos fundada en que se dieron todos los pasos para aminorar el impacto con un transitorio que mandata al legislador para tomar los resguardos. Y sobre todo escuchamos a la gente, más allá de ser una medida populista o no, creo que hay que ponerse la mano en el corazón y es perfectamente posible lograrlo”.

El asunto no solo abrió un flanco con los comisionados. Lo mismo pasó con los alcaldes. De hecho, una de las más indignadas fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. “Así como no estoy de acuerdo con reforma tributaria del gobierno, tampoco lo estoy con norma regresiva que elimina el pago de contribuciones. No beneficia a personas vulnerables y clase media. Espero que el pleno del Consejo Constitucional enmiende. Debemos pensar en todos los chilenos”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

De hecho, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), cuando expuso a nombre de las municipalidades en el Consejo, afirmó que con las contribuciones “se logra tener un sistema de redistribución”, que “ha sido un avance como una manera de distribuir recursos” y que sin estos recursos “habría comunas que vivirían aún más en una profunda pobreza y no podrían generar políticas para enfrentar los grandes desafíos que tienen”.

La Asociación Chilena de Municipalidades publicó un comunicado manifestando su opinión en contra de la enmienda, mientras que otros alcaldes, como el jefe comunal de La Florida Rodolfo Carter, dijo estar a favor.

Lo mismo pasó con exministros. La extitular de la Mujer Isabel Plá publicó: “Chile no resiste más incertidumbre respecto de su Constitución. La tarea es mayor que la concesión graciosa de un sector político: Constitución de sentido común, sin gustitos (se están dando varios). ¡Atrévanse consejeros de Chile Vamos a desafiar lo que está mal!”.

Los comentarios más duros vinieron desde Evópoli. “Ninguna constitución seria debe grabar en piedra políticas públicas que son propias del ámbito de la ley y del debate democrático (legislativo)”, se lee en una carta al director firmada por el exministro de Hacienda Ignacio Briones junto a otros economistas como Felipe Larraín, Vittorio Corbo, Eduardo Engel, Andrea Repetto, Hermann González y Paula Benavides.