El triste récord de 2022: la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito de los últimos 10 años

Eran casi las 7:00 de la mañana del 23 de mayo y en la comuna de María Pinto una familia se quebró de golpe. Iniciaron aquel lunes temprano, cuando aún quedaba media hora para que en la provincia de Melipilla amaneciera. Abuela, madre y sus tres hijos se trasladaban en un taxi colectivo por la ruta 74F, a la altura del puente Chorombo -conocida por la gran cantidad de accidentes que registra- para desarrollar el quehacer de la penúltima semana del mes, cuando se toparon de frente con un camión…

Esta historia es solo una de las cientos que este año enlutan las vías y carreteras de Chile. Y es que, según cifras de Carabineros, este cuatrimestre (enero-abril) es el que más fallecimientos registra de los últimos 10 años, con 608. El fallecimiento de este grupo familiar y el conductor del taxi, todos vecinos del sector de Ibacache, no están incluidos en este triste índice, pero duelen y preocupan: si todo sigue igual, 2022 será el año con más muertes en las vías desde que hay registro.

La cifra no deja de llamar la atención, ya que pese a que se registró un descenso de un 3% en los siniestros totales, en comparación al mismo período de 2019 (ver infografía), los fallecidos aumentaron un 9% en ese parangón.

Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, observa el índice con alarma. Para ella, el aumento en la tasa de mortalidad en los siniestros viales está directamente relacionada con la disminución en la fiscalización de Carabineros. Y aporta con un dato: “Actualmente, en todo el país hay 521 pistolas de velocidad operativas, pese a que el parque automotriz supera los cinco millones de vehículos”.

De hecho, 2022 ha presentado un importante aumento del parque vehicular, con 186.247 unidades vendidas durante los primeros cinco meses, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), lo que implica un incremento de 29,9% frente al mismo período de 2021.

Y desde que fue creada, la Fundación Emilia se ha dedicado a concientizar sobre la responsabilidad social vial para evitar muertes por accidentes o delitos de tránsito. Fueron ellos quienes impulsaron la Ley Emilia, que desde 2014 castiga con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte.

Pero aún sienten que es poco. “Faltan leyes más duras contra los infractores de exceso de velocidad, porque un 30 por ciento de las muertes son por esta causa”, asegura Figueroa.

Por eso, recalca lo necesaria que es la creación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), que busca instalar teleradares en puntos donde haya peligro de que se exceda la velocidad máxima permitida. “Pero aún duerme en el Congreso”, advierte Carolina.

Karina Muñoz, directora de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), asegura que ya hay una política pública puesta para evitar que los decesos sigan ocurriendo. Desde que asumió, el Gobierno ha trabajado en una Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito, donde distintos actores del mundo público y privado, además de organizaciones de la sociedad civil, representantes de familias de víctimas, académicos y expertos en materia de seguridad vial y movilidad han trabajado para evitar que el año quede marcado en negro.

“Tomamos como hoja de ruta la estrategia. Por ejemplo, tenemos el proyecto de licencia digital, próximo a implementar, la ley CATI, la creación de una agencia con mucho más poder y robustez para poder desarrollar distintas iniciativas y tener un impacto más inmediato, trabajos con la sociedad civil, campañas educativas, entre muchas otras medidas”, explica la directora.

El capitán de Carabineros Gino Giambruno, de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) tiene una visión distinta. Aunque reconoce que ha habido una alteración en las contingencias de la policía uniformada desde el estallido social, considera que sí se ha continuado fiscalizando. “De hecho, desde la pandemia la fiscalización en las calles aumentó”, señala.

Respecto al aumento de la velocidad en las calles, cree que esto no podría ser atribuible a la mayor tasa de fallecimientos, pues, “hay un mayor parque vehicular y, por lo mismo, las calles están con más tráfico, entonces no se puede alcanzar tan altas velocidades”, explica.

Sin embargo, desde Conaset aseguran que el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en accidentes de tránsito. “Lo que hemos observado es que además del aumento del parque automotriz, hay una creciente indiferencia hacia las normas del tránsito y su respeto. Durante los últimos dos años y producto de la baja movilidad en las calles, los conductores aumentaron la velocidad e incluso algunos dejaron de respetar las señalizaciones y los cruces semaforizados. Estas tres conductas incrementaron su incidencia y se transformaron en las principales causas de fallecidos en siniestros de tránsito, siendo la velocidad la principal entre ellas”, dice Karina Muñoz.

El capitán Giambruno, en cambio, explica que las desatenciones al manejar o transitar son la verdadera causa del aumento de fallecimientos. “Ahora todos están atentos al celular, en todo momento. La gente va caminando o conduciendo y lo está mirando. Eso es algo que ha afectado mucho y es algo que antes no ocurría”, señala.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que manipular un celular al conducir es similar a manejar en estado de ebriedad, recreando conductas similares como, por ejemplo, la pérdida de reflejos al volante. Además, se ha comprobado que el tiempo promedio que la vista se desvía al chatear es de 5 segundos, por lo que, si el viaje es a 50 km/h, mirar el celular equivaldría a recorrer 70 metros a ciegas.

Por eso, este año fue promulgada la ley No Chat, que sanciona como una infracción gravísima a los conductores sorprendidos usando el teléfono mientras conducen. Las multas van entre 1,5 a 3 UTM, además de la suspensión de la licencia de conducir por un plazo entre cinco a 45 días, el cual puede ser aumentado de 45 a 90 días en caso de reincidencia.

Pero pese a todas las medidas, las muertes siguen aumentando. “Si todo sigue igual, este será el año con más muertes”, advierte Carolina Figueroa. Las autoridades, en cambio, concuerdan en que la prevención parte por la ciudadanía. “Esta es una tarea colaborativa, donde nosotros como autoridades buscamos avanzar hacia espacios más seguros”, concluye Karina Muñoz.