El último lío por la consulta indígena: se rechazará mayoría de sus artículos porque ya están en el borrador de la nueva Constitución

Este viernes, a partir de las 9.30, el pleno de la Convención Constitucional someterá a votación el primer informe emitido por la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que es el resultado de la consulta indígena realizada por el órgano constituyente a partir del 24 de enero de este año y que tuvo 19 días de despliegue y un costo cercano a los 300 millones de pesos.

El proceso de consulta fue criticado desde distintos sectores de la Convención, sobre todo de la derecha, debido a su baja participación y que tuvo un costo total de $269.349.844. Al final del proceso, se contabilizaron 7.549 personas -desde la secretaría de Participación se esperaba llegar a 18.790- pertenecientes a los diez pueblos originarios reconocidos por ley: atacameños, aymaras, changos, collas, diaguitas, kawashkar, mapuche, quechuas, rapanuis y yaganes.

Este informe contempla 37 artículos nacidos del proceso de consulta indígena. Entre las propuestas, hay textos referidos al principio de plurinacionalidad, al derecho a la autoidentificación, al reconocimiento del genocidio indígena, a las Autonomías Territoriales Indígenas, el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, derecho de los pueblos indígenas a permanecer en sus territorios y acceso a la justicia -que incluye sistemas jurídicos propios.

“El texto es una transcripción de la consulta indígena, de las respuestas que los pueblos, las organizaciones a nivel nacional participaron y plasmaron en este catálogo y derechos”, dijo la convencional Ramona Reyes (Colectivo Socialista), quien integra la comisión de Pueblos Indígenas.

El convencional Eduardo Cretton (UDI), quien también integra la comisión de Pueblos Indígenas, sostuvo que “(el informe) tiene un grave problema de origen, porque es el resultado de una consulta indígena de cartón, mal hecha, que estuvo capturada por los escaños reservados y en donde participó menos del 1% del padrón indígena, por lo tanto, sus resultados no tienen validez”.

Como sea, más allá del origen cuestionado del informe -debido a la baja participación-, el problema que anticipan distintos colectivos tiene que ver también respecto al contenido del informe. Esto, porque argumentan que gran parte de sus artículos ya están contenidos en el borrador de nueva Constitución, pues fueron aprobados en los distintos informes que han presentados las siete comisiones temáticas de la Convención. Por ejemplo, el convencional Helmuth Martínez (No Neutrales) señaló: “Por un tema de coherencia y de ajuste con lo ya aprobado, no es necesario aprobar algunas normas. Por ejemplo, la plurinacionalidad ya está aprobado en el pleno”.

En esta misma línea, Reyes sostuvo: “Lamentablemente el informe llegó un poco tarde. Hay varios artículos de estas normas que los pueblos consideran esenciales que ya están en el borrador de la nueva Constitución”. La convencional agregó que “hemos visto que al menos unos ocho artículos no están contenidos ya en otras normas. Yo espero que se apruebe en general el informe y que luego en la votación en particular van a ir cayendo los que ya estén en el actual borrador de la Constitución”.

Sobre las críticas a la consulta indígena, la convencional y expresidenta de la Convención, Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) defendió el proceso. “Es una crítica que no tiene incidencia en el trabajo constitucional, porque la consulta indígena lo que viene a hacer es ratificar demandas que nosotros estamos defendiendo acá. Va a servir también para instalar las normas que no se han podido instalar todavía”, dijo.

Además, Loncon señaló que la consulta sirvió para constatar que lo que los convencionales han aprobado tiene “plena congruencia” con la voluntad de los pueblos originarios. Ella justificó: “No es que estemos en discursos diferentes. Dada esa situación de congruencia, es que nosotros (...) ya hemos instalado algunos de los derechos de los pueblos indígenas, entonces creo que para el acto de mañana, sería importante que el informe se aprobara en general y que las normas que ya están instaladas en el borrador no se tendrían por qué aprobar, porque ya están instaladas”.

Eso sí, Loncon destaca que hay normas que vale la pena aprobar mañana, tales como las referidas al reconocimiento del genocidio, el derecho al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, a pertenecer al territorio, de las tierras, territorios y recursos naturales, el reconocimiento de los tratados históricos y los referidos a mujeres indígenas y a derecho lingüístico.

Desde colectivos de izquierda, por otro lado, sugieren que hay un “preacuerdo” para aprobar el informe en general. Sin embargo, advierten que en particular, cuando se vote artículo a artículo, se rechazará “casi todo”.

En esta línea, la convencional Margarita Vargas (Pueblo Kawésqar), quien una de las coordinadoras de la comisión de Pueblos Indígenas, transparentó que el escenario es complejo. “Ha bajado el nivel de compromiso y motivación en torno a aprobar las propuestas de normas indígenas, porque (...) sectores conservadores están señalando abiertamente y permanentemente que esta en una Constitución indigenista. Me parece que es un error haberse colgado del tema indígena para potenciar su campaña política”, sostuvo.

De acuerdo a una minuta de la derecha, en tanto, hay varios otros puntos que les generan inquietud. Entre ellos, el artículo 9, que, dicen, “vuelve a darle más atribuciones a las autonomías territoriales indígenas, colocándolas al mismo nivel que la comuna y la región, entregándoles además la facultad de establecer estatutos propios, autoridades propias y la de elaborar y aprobar su propio presupuesto anual”.

Para Cretton representan un particular riesgo aquellos artículos referidos a restitución de tierras. “Las normas y la institucionalidad que se crea en materia de restitución de tierras dejan en la más completa indefensión a los agricultores, sobre todo a los de la región de la Araucanía. De aprobarse estas normas se podría agravar la tensión social en la región de la Araucanía”, argumentó.

Respecto a este punto, la convencional Amaya Alvez (Frente Amplio) manifestó que “no es que queden al mismo nivel, pues ya hay normas que indican a la comuna como entidad territorial base del Estado Regional y que indican la coordinación y complemento como principio que encuadra las autonomías de las diversas entidades, las transferencias de competencias desde el nivel central, la resolución de contiendas de competencia, etcétera”.

Así, Alvez agregó que “es un informe que refleja el proceso de consulta indígena y que debe ser evaluado en su mérito en el pleno de la convención el viernes. Confío en la responsabilidad institucional de los colectivos para hacer cumplir el cronograma de trabajo”.

En tanto, en el Colectivo del Apruebo también existen dudas. El convencional Fuad Chahin apuntó a otro problema y aseguró que “a mi juicio, la facultad de proponer normas de la comisión era para que estas luego fueran discutidas en las comisiones temáticas, así entendí el reglamento. Eso es un punto que tiene que aclarar la mesa”. En ese sentido, en privado en ese colectivo agregan que, de no aclararse esas materias, rechazarán en general el informe.

La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), quien fue la principal impulsora de la consulta indígena, fue consultada por La Tercera PM a través de su asesor sobre este tema. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de su parte.